L
a Legislatura de Tierra del Fuego sancionó recientemente la Ley de Arancelamiento Hospitalario, iniciativa que busca hacer frente a la situación crítica que vive la salud publica en la Provincia. Tras confirmase la medida, autoridades del Ministerio de Salud adelantaron a EDFM que se solicitará el veto total de la propuesta presentada por la lgisladora Claudia Andrade (MPF) que, en la última sesión del año, se convirtió en Ley al contar con nueve votos afirmativos.
En un documento elaborado por las autoridades de la cartera sanitaria se defendió el no arancelamiento hospitalario, una de las principales banderas de la gestión de la Gobernadora Fabiana Ríos en materia de salud pública. Se consideró que de “volver a imponer el cobro directo a los usuarios del sistema de salud público representa un claro retroceso en el papel del Estado como garante del derecho a la salud, tal como lo concibe el plexo normativo nacional y provincial”.
Se analizó además que esta normativa es “una amenaza directa al acceso a las prestaciones necesarias” al apuntar que “es bien conocido que la introducción de pagos directos desalienta el consumo de servicios de salud, pero no sólo de aquellos que pudieran ser superfluos, sino también de los que son necesarios, y en particular de los preventivos”. “Este efecto –se mencionó– no sólo se observa en las personas que deben abonar los aranceles, sino que también afecta a aquellas que deban solicitar la exhimición de pago, incluso cuando resulten eximidas”.
Por otra parte, se puso bajo la lupa la necesidad de evaluar si los usuarios pueden o no afrontar los aranceles, lo que llevaría a desnaturalizar la función profesional de los Servicios Sociales Hospitalarios, que dejan de abordar la problemática social de los grupos familiares, para dedicarse a evaluar posibilidad de pago.
Ante este escenario, el Ministro de Salud de la Provincia, Andrés Arias, destacó a este medio que “el cobro directo vulnera el derecho constitucional a la atención sanitaria, ocasionado riesgos concretos a la salud de la población y los supuestos beneficios a obtener mediante el mismo son magros”, advirtió. Consideró que “el Estado no puede negar a nadie el acceso a las prestaciones de salud, ni generar barreras a dicho acceso. El efector público, además de ser un prestador más del sistema, es el medio por el cual el Estado cumple con su garantía de derecho a la salud”.
En ese sentido, el funcionario añadió que “una consecuencia todavía más perversa es que los aranceles directos desalientan especialmente el cumplimiento de las prácticas preventivas, es decir, aquellas que aplicadas en las personas sanas reducirían su riesgo de enfermar”, sostuvo.
Contra lo más vulnerables
De acuerdo a los argumentos vertidos en la defensa de la política oficial, para dar marcha al proyecto del MPF, los afectados por el eventual cobro directo serán “los más pobres, los desocupados, los trabajadores en condiciones precarias”; es decir, aquellos que tienen más necesidades básicas insatisfechas que el resto de la población. En ese sentido, el cobro directo “embiste contra el sector de la población socialmente vulnerable, en el preciso momento en que la enfermedad lo vuelve más vulnerable aún, obligándolos a ser evaluados para ver si acceden o no gratuitamente al sistema público de salud”, repudiaron.
Se completa así el panorama de los riesgos que derivan del cobro directo de aranceles: “enfocamos a un segmento minoritario de la población, más pobre, desocupado y necesitado que el resto; y en el momento en que ha tenido la desgracia de enfermar le aplicamos un mecanismo cuyo efecto esperable es reducir su consumo de prestaciones de salud”, cuestionaron las autoridades ministeriales.
Sin impacto
Según lo analizado en la proclama, el proyecto en cuestión “además de no ser justo y de implicar riesgos para la salud de las personas, el cobro directo no resulta un modo eficaz de aumentar significativamente los ingresos hospitalarios”. Se esbozó así que el costo global de funcionamiento de los Hospitales es de 60 millones de pesos anuales, sin incluir el gasto en salarios. Así la recaudación por hipotético cobro directo de consultas a un 10% de la población que potencialmente podría pagar (exceptuando a los que tienen Obra Social, que por convenios previamente subscriptos no se les puede cobrar coseguros, y los que no tienen capacidad de pago), por lo cual insisten “de ninguna manera puede considerarse una herramienta de financiamiento del sistema”.
Mejorar la eficiencia
Según la palabra de la Directora General de la Organización Mundial de la Salud, Dra. Margaret Chan, al prologar un informe sobre financiación de la salud, remarca que “... en cuanto a la ruta de acceso a la cobertura universal, el informe identifica la continua dependencia de los pagos directos, como el mayor obstáculo para el progreso....”, y agrega: “... antes de buscar de donde recortar el gasto de la asistencia sanitaria, hay que buscar opciones que mejoren la eficiencia.” Entonces apuntan que “Podemos hablar al respecto diciendo que el Poder Ejecutivo presentó hace meses en la Legislatura un proyecto de Financiamiento Hospitalario, que podría darle fuerza de Ley a mecanismos que aseguren el cobro hacia esos terceros pagadores”, reforzó el documento.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Ministerio de Salud solicitará el veto total a la Ley de Arancelamiento votada por la Legislatura de Tierra del Fuego el 19 de diciembre de 2012.
