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ajo el título “El discurso que está fuera de la ley”, el Poder Ejecutivo provincial difundió una gacetilla de prensa en la que defendió la validez legal de haber detraído de la masa de fondos coparticipables a los municipios unos 8 millones de pesos para destinarlos al financiamiento del sistema educativo, en cumplimiento de la sentencia dictada el 14 de diciembre por el Superior Tribunal de Justicia en el marco de la acción declarativa de certeza que había impulsado la gestión Ríos respecto de la forma en que debía interpretarse la ley provincial 648. En ese escrito cuestionó también los dichos de funcionarios del Municipio capitalino, que habían calificado esa detracción como “un descuento” de los recursos de esa jurisdicción.
La gacetilla en cuestión, que no lleva firma de funcionario alguno, señala que “el viernes 14 de diciembre de 2012, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, se expidió confirmando que la ley 648 había sido mal interpretada hasta esa fecha, por lo que dispuso como correcta la postura de Gobierno, entendida como Declarativa de Certeza.
A partir de allí, el Gobierno provincial con el aval otorgado por la Justicia, comienza a ejercer su derecho de administrar los montos de coparticipación creando un fondo común para la educación.
La aplicación de una Ley se corresponde con un dictado de la Justicia que es un poder autónomo, independiente de los demás poderes que conforman un Estado Democrático. En este caso particular el Gobierno provincial aplica la ley 648 en función a la sentencia del Superior Tribunal de Justicia.
Por lo tanto, los fondos en cuestión que eran erróneamente coparticipados vuelven a su administrador original, de aquí se desprende el uso inapropiado del término “descuento”, que se inscribe en el marco del discurso que se pretende instalar. No se trata de una quita en los ingresos municipales sino más bien de la vuelta a sus orígenes de los mismos fondos en cuestión.
Un Estado de Derecho posibilita la concurrencia a cualquier estamento desde donde se administre la Justicia, ya sea para pedir que un derecho se cumpla o, entre otras cuestiones, para que la Justicia se expida frente a un caso particular, sobre el cual hay varias posiciones encontradas”.
De esta manera la gestión Ríos rebatió las declaraciones públicas del secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, en la que había precisado que “enterarnos de este descuento fue un golpe porque demuestra cuál fue la actitud del Gobierno provincial desde un principio” y que “descontar un fallo que aún no es firme es una muestra clara del ahogo financiero al que se somete a una ciudad que tenía su economía en orden y ahora ve peligrar su estabilidad cada mes”.
Al margen de las posturas encontradas respecto de si la sentencia en cuestión estaba firme y de la correcta o incorrecta utilización del término “descuento”, la decisión adoptada por el Ejecutivo provincial deja en claro el doble estándar de la gestión Ríos al momento de hacer cumplir una ley, ya que si esta implica hacerse de más recursos la norma debe aplicarse de manera inmediata pero si aquella impone obligaciones de pago o transferencia de fondos su cumplimiento no resulta tan exigible.
