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a Cámara Federal de Comodoro Rivadavia (Chubut) confirmó el procesamiento por el delito de trata de personas del dueño del local nocturno Black And White y otros cinco individuos ligados a la actividad ejercida en ese comercio, según indicaron ayer a este medio fuentes de la Justicia chubutense.
El fallo judicial ratifica los términos de la resolución dictada en mayo del año pasado por el juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, en la que se consideró demostrado el ilícito de “trata de personas con fines de explotación sexual agravado” en perjuicio de diez mujeres.
El caso surgió luego de una investigación llevada a cabo por la Fiscalía Federal de Ushuaia, a cargo del fiscal Juan Soria, y que derivó en un allanamiento al local nocturno situado sobre la calle Antártida Argentina 173, el 27 de abril de 2012.
Como consecuencia de ese operativo en el que participaron efectivos de Gendarmería Nacional fueron detenidas y luego liberadas seis personas, entre ellas, el propietario de Black and White, Víctor Antonio Morales.
Después el juez Calvete procesó a Morales además de a Mauro Luciano Morales Ledesma, Cristina Patricia Ramírez, María Cristina Ledesma, Daniela Alejandra Morales Ledesma y Mirta Jorgelina Pulgia.
La decisión fue apelada por la defensa de los acusados y motivó el reciente pronunciamiento de la Cámara que no varía en términos sustanciales lo resuelto por el juez de primera instancia.
Según trascendió, los camaristas habrían incluso subido el monto del embargo trabado contra los bienes de Morales, ante un pedido efectuado en ese sentido por el fiscal Soria.
Caso complicado
La causa por el operativo en Black and White derivó en una controversia tanto por la naturaleza del delito investigado como por las normas que rigen el funcionamiento de los locales nocturnos.
Según las autoridades, el ilícito es complejo porque hasta las propias damnificadas suelen no considerarse a sí mismas víctimas de un delito. Incluso en este caso varias de ellas realizaron declaraciones públicas sosteniendo que trabajaban por propia elección y que no eran explotadas. El propio Morales brindó una conferencia de prensa donde acusó al fiscal de “armar una novela” y de “acusarlo sin pruebas”.
En cuanto a la regulación de los locales, la Fiscalía primero y el juez después pidieron la derogación de las ordenanzas que autorizan su funcionamiento, en el entendimiento de que favorecen la explotación sexual y la trata de personas.
Y en la causa, el fiscal pidió la indagatoria de los seis inspectores municipales que realizaron controles en Black And White en los primeros meses del año pasado, y que no detectaron la presencia de dos habitaciones posteriores del local donde se ejercía la prostitución cuando las ordenanzas lo prohiben en forma expresa.
Los investigadores solicitaron que se analice el presunto incumplimiento de deberes de estos funcionarios o la eventual connivencia con los dueños del local.
En el fallo donde procesó a los supuestos responsables de la trata, el juez Calvete se declaró incompetente para intervenir en la investigación del accionar de los inspectores.
En el caso también tomó intervención la Unidad Fiscal de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) y la oficina de rescate dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en ambos casos avalando la tarea desplegada por las autoridades judiciales locales.
“Vulnerabilidad social”
Al fallar en primera instancia, el juez Calvete sostuvo que dentro del local se ejercía la prostitución, y que las mujeres que allí se desempeñan eran “explotadas sexualmente con ánimo de lucro” por los responsables del negocio.
Además, el magistrado comprobó (con los límites de esta primera instancia judicial) que diez de las mujeres fueron captadas mediante engaños en otros lugares del país y trasladadas a la ciudad aprovechándose de su “vulnerabilidad social”, para luego ser sometidas a circunstancias como la retención de sus documentos, restricciones a la libertad ambulatoria, imposibilidad de acceder al dinero que ganaban y endeudamiento a través de un sistema de multas y servicios pagos del que no podían salir por voluntad propia.
Según la resolución judicial, aunque Black and White estaba habilitado como local nocturno, “se logró comprobar que allí funcionaba, en realidad y en la práctica, un prostíbulo, donde “las chicas” realizaban, aparte de shows y bailes, “copas”, es decir, venta de tragos, y “pases” o “servicios”, esto es, prestación de servicios sexuales a los clientes a cambio de una suma dineraria; actividades éstas por las cuales eran explotadas sexualmente con ánimo de lucro por Víctor Morales ya que se obtenía un porcentaje de ganancias y rédito económico, que se quedaba “la casa” sobre ello”.
El juez concluyó que si bien a veces los pases se realizaban fuera del local, en otros casos se hacían “en las habitaciones ubicadas en la parte trasera, tal como fue testimoniado por las propias empleadas “alternadoras” de Morales”.
En tal sentido, describe que cuando fue allanado el lugar, encontraron “dos habitaciones con cama matrimonial”, cuyas puertas tenían la inscripción “vestuario”, aunque también había carteles con la leyenda “por favor arrojar profiláctico en tacho de basura. Gracias por ser limpio y educado”, y se encontraron preservativos usados en los cestos de residuos.
De acuerdo al fallo, Morales era el que “administraba, regenteaba, controlaba y decidía sobre todos los aspectos” que hacían al funcionamiento del local. También era quien “captaba” a las mujeres “mediante la publicación de avisos publicitarios, se encargaba de contactarlas telefónicamente y seducirlas con propuestas de una oferta laboral segura y con excelente remuneración económica, generando ilusiones en las mujeres que, generalmente convencidas engañosamente, acudían a ellas por su situación de vulnerabilidad”.
También le imputa “facilitar su traslado al abonarles los pasajes aéreos y demás gastos necesarios para ello; pero, generando así en las damnificadas un endeudamiento; situación ésta por la que hacían sentir a las mujeres sujetas a sus decisiones y control”.
En relación a la trata de personas, el juez cita, entre otros, el caso de dos jóvenes que huyeron haciendo dedo de Ushuaia, luego de haber llegado a la ciudad captadas mediante los avisos y haberse asustado porque les pidieron que entregaran sus documentos y que se quedaran encerradas en un domicilio.
Morales declaró en la causa que el pedido de los documentos obedecía a la necesidad de tramitar la libreta sanitaria para que pudieran trabajar.
Otra joven de nacionalidad paraguaya fue rescatada mientras lloraba en el Aeropuerto porque no tenía cómo irse, y decía que los dueños del local le exigían la devolución del dinero con el que habían pagado el pasaje de ida.
El dueño de Black and White también explicó que el dinero que le correspondía a las mujeres por su trabajo era guardado por él para evitar robos, “muchas veces entre ellas mismas”.
Para el juez Calvete, el consentimiento que prestaban las víctimas para someterse a estas prácticas “está viciado” por “resultar la necesidad económica de las mismas, una causal de afectación de la autodeterminación y plena libertad de elección, que las puso en una situación de alto riesgo que las llevó a aceptar las propuestas de sus captores”.
