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a Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de la Provincia confirmó los procesamientos de los ex funcionarios y comerciantes involucrados en la última de las causas que investiga el denominado “escándalo de la contabilidad paralela”, durante la gestión del ex gobernador Carlos Manfredotti.
El caso cierra una lista de veintiséis expedientes distintos que se tramitaron en los juzgados de instrucción de la ciudad por el mismo tema, de los cuales veintitrés irán a juicio oral y público.
Los hechos que se investigan son, en esencial, similares. Se trata de libramientos en efectivo y a cuenta de expedientes administrativos inexistentes, por un valor de $.8.759.260 entre junio y noviembre de 2003, es decir cuando Manfredotti ya había perdido las elecciones provinciales y transcurría la etapa de transición política hacia el gobierno de Jorge Colazo, luego destituido por la Legislatura.
La maniobra considerada uno de los principales escándalos de corrupción económica de la historia provincial fue denunciada el 12 de mayo de 2004 por los ex legisladores Manuel Raimbault y José Martínez.
Hasta el momento las responsabilidades penales sobre ex funcionarios recayeron en el ex contador general y luego secretario de Hacienda, José Roberto Merlino, y en el ex subcontador general a cargo de la Contaduría General, Félix Victorio Donamaría. Ambos están acusados de llevar a cabo las operatorias ilícitas que permitieron la salida del dinero de las arcas públicas.
Tanto Merlino como Donamaría recibieron condenas en suspenso por hechos cometidos durante el ejercicio de sus funciones, por lo que nuevas sentencias condenatorias podrían enviarlos a la cárcel.
Con el reciente fallo de la Cámara sobre la última de las causas, será el Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia el que resolverá la estrategia de juzgamiento de los casos. Según fuentes judiciales, es “muy probable” que los jueces acumulen los expedientes para llevar a cabo un solo juicio, dada la conexidad de involucrados y de hechos.
La fecha de juicio, a pesar del tiempo transcurrido (casi diez años) sigue siendo una incógnita. El ajustado cronograma del tribunal impediría que se lleve a cabo este año, siendo más factible en 2014.
Plata sin papeles
Según investiga la Justicia, durante el final del manfredottismo se articularon una serie de mecanismos administrativos que derivaron en un despropósito: “se emitían anticipos de pagos que se tramitaban independientemente de la documentación que respaldaba la operación”, como admitió el ex secretario de Hacienda Carlos Seoane, en una nota anexada a los expedientes judiciales.
El ex ministro de Economía, Raúl Berrone, fue mucho más claro todavía: “simplemente el proveedor presentaba la factura y sin más se le abonaba”, declaró en la causa.
Los que cobraban sin que existiera ningún expediente administrativo ni constancia de entrega de mercadería, eran comerciantes o empresarios que pasaban por el Banco de Tierra del Fuego y recibían los libramientos en efectivo y por caja.
Uno de los casos más emblemáticos de la “contabilidad paralela” lo constituye el del empresario Juan Domingo Demasi, quien logró cobrar $1.848.970 como socio gerente de su empresa “Alimentos y bebidas SRL” entre junio y noviembre de 2003 sin que haya constancia de que hubiera entregado ninguna mercadería.
Demasi presentó 84 facturas de forma continua entre el 21 de junio y el 10 de noviembre de 2003 (algunas, incluso, fechadas un día domingo). Pero “las facturas no se encuentran conformadas ni existen constancias que acrediten la recepción de la mercadería por parte de alguna autoridad del Gobierno provincial”, se afirma en la causa. Y se agrega que las boletas presentaban enunciados generales como “Provisión artículos alimenticios y limpieza” o “Provisión artículos almacén y verdulería”.
No sólo eso. El empresario facturó $1.685.965 pero cobró $1.848.970. La diferencia ni siquiera está respaldada por facturas.
En el talonario de remitos de la empresa, secuestrado durante un allanamiento, no figura ninguno que permita inferir una entrega de productos a reparticiones estatales. Y en las declaraciones juradas mensuales ante la Dirección General de Rentas durante ese año 2003, no surge ninguna compra significativa de mercadería que hubiese permitido hacer frente a la operación con el Gobierno.
En su declaración indagatoria, Demasi reconoció que “no hubo ningún tipo de contrato previo” y que “sólo a pedido del Gobierno y con la mera presentación de las órdenes de compra entregaba la mercadería”. También dijo que se constituyó en proveedor del Estado a través de una persona “que oficiaba de intermediario” pero que no trabaja allí, a la que identificó como “Pepe”.
Los pagos se hacían siempre igual. Merlino, en su carácter de Secretario de Hacienda, requería el anticipo a cuenta de expediente (sin ninguna otra documentación respaldatoria), y Donamaría, a cargo de la Contaduría General, emitía las órdenes de pago que se cobraban en el Banco en efectivo. El mecanismo había sido instrumentado por un decreto firmado por el ex vicegobernador Daniel Gallo y reglamentado mediante la circular N°12/02 de la propia Secretaría de Hacienda.
Los funcionarios están procesados por el delito de peculado reiterado en calidad de coautores mientras que los comerciantes (como el caso de Demasi) deben responder por la figura de “sustracción peculadora reiterada” como partícipes primarios.
Según la acusación fiscal, los funcionarios manfredottistas “orquestaron una sistemática maniobra ilícita en desmedro reiterado del patrimonio del Estado”.
