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a secretaria Legal y Técnica del Municipio, Patricia Bertolín, aclaró ayer que la denuncia presentada contra el Gobierno de la Provincia por el atrasado en la remisión de fondos coparticipables no es de índole penal, sino administrativo.
Bertolín precisó que la presentación fue realizada ante el Superior Tribunal de Justicia, en el marco de un acuerdo de pago suscrito entre la provincia y la Municipalidad en 2011, y que cuenta con homologación por parte del máximo órgano judicial.
De esta forma, lo que la administración municipal realizó se equipara a un “pedido de ejecución de sentencia”, dado que las autoridades comunales consideran que el Gobierno provincial incumplió con un cronograma de remisión de fondos al que se había comprometido legalmente.
La mención sobre la existencia de “una denuncia” partió de boca del propio intendente Federico Sciurano, en oportunidad del discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante, donde reveló que la provincia le adeuda a la Municipalidad cerca de 80 millones de pesos.
Según Bertolín, el acuerdo homologado por la Justicia establece una modalidad de cancelación de los saldos definitivos y provisorios de coparticipación de impuestos.
La funcionaria indicó que ese mecanismo fue ratificado, además, por una resolución del Ministerio de Economía, como una forma de darle un marco de previsibilidad a los recursos con que cuenta el Municipio cada mes.
También coincidió con el intendente en que, pese a los reiterados pedidos, el Gobierno “ha ido incrementando el monto de la deuda”.
En la presentación “se pone en conocimiento del incumplimiento al Superior Tribunal, se pide que se le corra traslado a la Provincia, para que brinde las explicaciones que entienda pertinente, ante lo que nosotros consideramos que es inadmisible”, indicó la funcionaria según reprodujo el portal Reporte Austral.
