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l presidente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) Mario Volpe, afirmó que las nuevas denuncias presentadas ayer en la Justicia fueguina por presuntos vejámenes cometidos por militares ingleses durante la guerra de 1982 “no sólo involucran a personas, sino también al Estado británico”.
Volpe sostuvo que al tratarse de delitos de lesa humanidad “los juicios son contra los involucrados en los hechos denunciados pero también contra el Estado que debe responder por sus acciones”.
Tras la presentación efectuada en el Juzgado Federal de Río Grande, el dirigente explicó que el objetivo de la denuncia es que se investigue lo sucedido durante el enfrentamiento bélico “en el marco de memoria, verdad y justicia que impera hoy en el país”.
“Nosotros habíamos hecho mención a estos hechos en épocas anteriores pero las circunstancias políticas impidieron que los casos avances. Creemos que ahora es distinto”, señaló el veterano de guerra.
Sobre los sucesos que fueron puestos a disposición de la jueza subrogante Mariel Barruto, Volpe detalló que existen evidencias de “la violación de la Convención de Ginebra durante los combates y hay relatos que incluso mencionan ejecuciones de soldados argentinos sin motivo alguno”.
En ese sentido, recordó también el caso de conscriptos obligados por los ingleses a manipular municiones a favor de su propio ejército.
“Según los testimonios lo hacían durante los bombardeos y así perdieron la vida dos soldados y uno perdió una pierna. Es algo que puede demostrarse y debe salir a la luz”, aseveró el titular del CECIM.
El ex combatiente añadió que sobre estos episodios “hemos recabado un sinnúmero de pruebas, y creemos que era oportunidad de poder llevarlas a la Justicia. Lo interesante es que muchas de esas evidencias corresponden a relatos efectuados por los propios ingleses en libros de 1998 y luego reiterados por otros autores”, recordó.
“Esta versión instalada de que los ingleses trataban bien a los argentinos durante y después de la guerra no es así, y es justamente lo que nosotros estamos denunciando”, consideró Volpe al sintetizar el sentido de la presentación judicial.
Sobre el mismo contexto, el dirigente citó una investigación encarada por la propia policía británica (Scotland Yard) en 1993 pero que “no tuvo luego un correlato judicial”.
“Tenemos la expectativa de que se llame a declarar a los involucrados. Seguramente tratarán de desvincularse de los hechos o negarse a declarar, pero es función del Estado encarar esta investigación”, consideró Volpe.
Por otra parte, el ex combatiente definió como “un acto de soberanía” haber radicado la denuncia en el juzgado de la ciudad que tiene dentro de su jurisdicción a las islas Malvinas, y recordó que allí también se investigan los supuestos maltratos a soldados argentinos por parte de sus propios superiores.
“Los conscriptos hicieron un enorme esfuerzo en el campo de batalla y recibieron el maltrato de algunos de sus propios suboficiales u oficiales. Eso ha ocurrido y también tiene que investigarse”, pidió el titular del CECIM.

Memoria, Verdad y Justicia

La nueva denuncia por crímenes de guerra y tratos inhumanos a los soldados argentinos cometidos por británicos durante el conflicto de Malvinas quedó presentada en el mismo juzgado federal de Río Grande que ya investiga las torturas y vejámenes que sufrieron los conscriptos por parte de sus superiores argentinos.
La presentación fue realizada por Volpe y Carlos Amato, vicepresidente del CECIM (ver nota aparte).
Según la denuncia, los hechos tuvieron lugar en los combates que se produjeron en Monte Longdon, violando las disposiciones que establece el convenio de Ginebra en relación al trato que se debe dar a los prisioneros de guerra.
“Retomamos esta investigación confiando en el cambio de paradigma que permite avanzar con memoria, verdad, justicia y soberanía a los 30 años de la recuperación de la democracia”, dijo Ernesto Alonso, titular de la Comisión Nacional Ex Combatientes Malvinas e integrante del CECIM.
Los ex combatientes destacan además en la presentación la característica de imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, que rige para este tipo de delitos.