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a causa judicial en la que se condenó post mortem al ex senador José Martínez por críticas vertidas contra el Fiscal de Estado, ingresó hace pocos días a la Procuración General de la Nación, para que la actual titular del organismo, Alejandra Gils Carbó, emita un dictamen en torno al recurso extraordinario federal que analiza la Suprema Corte de Justicia.
El ex funcionario fallecido durante un accidente de tránsito en 2011 había recibido en vida una condena civil de parte de la jueza de primera instancia Adriana Rapossi, por declaraciones formuladas diez años antes en las que involucró al fiscal Virgilio Martínez de Sucre.
Ese fallo fue avalado luego por un pronunciamiento de la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones, y en la instancia de casación (cuando ya Martínez había fallecido) fue confirmado también por los actuales integrantes del Superior Tribunal de Justicia.
De esta manera, los efectos de la sentencia (que obliga a pagar 20 mil pesos más los intereses acumulados durante una década) recayeron sobre la viuda del ex senador y sus cuatro hijos, uno de ellos menor de edad.
La polémica decisión judicial repercutió fuera del ámbito provincial y fue catalogada por expertos y organizaciones defensoras de los derechos humanos como un severo ataque a la libertad de expresión.
El fallo fue recurrido por la defensa de Martínez mediante un recurso extraordinario federal que fue concedido por los jueces del STJ, y así llegó a la Suprema Corte donde se encuentra actualmente.
El expediente ingresó el 1 de noviembre de 2012 a la secretaría Nº 2 de la Corte, y desde allí fue girado primero a la Defensoría Oficial y luego a la vocalía del juez Juan Carlos Maqueda.
El 15 de noviembre del año pasado también fue presentado un amicus cureae (amigos de la Corte) por parte de organizaciones nacionales que avalan la defensa de la libertad de expresión.
Desde el 14 de diciembre el expediente retornó a la secretaría hasta después de la feria judicial en que recomenzó su periplo pasando por la oficina del juez Ricardo Lorenzetti y siendo transferido luego a la Procuración Nacional.
El caso dio origen, además, a una campaña social en defensa de la libertad de expresión en la provincia, que al final del año pasado logró recaudar $32.470,55. El dinero permanece depositado en una cuenta bancaria hasta que sea necesaria su utilización, según informaron los organizadores de la colecta.
La campaña motorizada por varias organizaciones sociales, entre ellas Participación Ciudadana, se realizó para solventar el costo económico de la sentencia, con el argumento de que si la libertad para expresarse tiene un precio, la sociedad debía hacerse cargo de ese valor. E incluso también debía solventar los gastos que suponía recurrir el fallo ante la Corte, como de hecho ocurrió.
Para recaudar dinero se llevó a cabo una subasta de obras donadas por el artista plástico Eduardo Nicolai, y también una venta de libros cedidos por sus autores. El resto de los fondos fueron obtenidos mediante donaciones directas de particulares a la cuenta bancaria abierta a tal fin.
Según los organizadores, con lo recaudado se formó un plazo fijo por 31.441,43 cuyo vencimiento operó el 7 de enero de 2013, y que se agregó a la caja de ahorro del Banco Galicia Nº 4009953–8 346–3, cuyo saldo actual es de $1029,12, totalizando los $32.470,55 mencionados más arriba.
El propio Nicolai y el investigador del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) Daniel Fernández son los encargados de los movimientos bancarios.
En caso de que la instancia nacional resulte favorable a los herederos del ex senador, la recaudación completa será donada íntegramente al Servicio de Neonatología del Hospital Regional Ushuaia.
Techo a la libertad
El caso contra José Martínez es emblemático porque el Fiscal de Estado lo demandó por críticas públicas vertidas en oportunidad de la presentación de un pedido de juicio político ante la Legislatura, que luego no prosperó.
El fallo del STJ ratificó el criterio según el cual esas críticas son equiparables a un insulto, además de contrariar toda la jurisprudencia nacional e internacional sobre el tema.
A grandes rasgos, los jueces avalaron la idea de que Martínez abusó de su derecho a la libertad de expresión y afectó el honor del funcionario demandante.
“Resultaba suficiente la sola presentación del pertinente juicio político y, en todo caso, la mención de los motivos y críticas coadyudantes a tal presentación, sin incurrir en innecesarios juicio morales y éticos sobre la persona del funcionario”, afirmaron.
Sin embargo, la sentencia no determinó ni mucho menos demostró qué tipo de daño pueden haber causado las declaraciones de Martínez, cuando se refirió a un “pacto de impunidad” y opinó que Martínez de Sucre fue “cómplice de los grandes intereses corporativos, políticos y económicos” que operaron en la provincia.
El pronunciamiento se limitó a señalar que el ex senador usó “expresiones innecesarias y ofensivas”, que “resultan ajenas a la órbita de la libertad de expresión y desnaturalizan su esencia, pues no se dirigieron al desempeño del funcionario, sino que excedieron tal límite con afectación de la órbita personalísima”.
En cambio el jefe de fiscales de la Provincia, Oscar Fappiano, fue contundente al declarar que la sentencia del STJ fijó un nuevo techo para la libertad de expresión en la provincia.
