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a agrupación política La Cámpora de Tierra del Fuego convocó a una marcha del silencio por la falta de avances en la causa judicial donde se investiga si el represor prófugo Jorge Raúl Vildoza vivió en Ushuaia entre 2000 y 2001, manejó negocios vinculados con el juego y recibió protección de parte de dos abogados locales.
La manifestación pacífica se llevará a cabo mañana a las 11.30 frente al Juzgado Federal de Ushuaia, en el marco de un programa de actividades por la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia a 37 años del Golpe de Estado de 1976.
Los militantes kirchneristas complementarán esa actividad con una charla debate denominada “La dictadura en Tierra del Fuego” que se realizará hoy a las 14 en el Ushuaia Shoping, y donde especialistas expondrán sobre episodios ligados al Golpe en la provincia y se hará especial hincapié en el caso Vildoza. Disertarán Carlos Pont, exiliado político y víctima del terrorismo de Estado; la abogada y defensora de los DDHH en la Argentina, Solange Verón y el periodista Gabriel Ramonet, redactor de El Diario del Fin del Mundo.
La queja contra el accionar judicial obedece a que desde el año 2006 existe un testimonio clave, brindado por el abogado misionero Oscar Beccaluva, que describe con lujo de detalles las presuntas actividades de Vildoza en la ciudad del fin del mundo.
Sin embargo, el caso pasó de la Justicia provincial a la federal, generó la excusación del juez titular de ese juzgado, Federico Calvete, y desde entonces se encuentra en manos de un abogado que hace las veces de conjuez, Antonio Aciar, “sin que se produzcan avances significativos”, confirmaron fuentes ligadas al caso.
De hecho Aciar le negó en febrero al titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) José Sbattella, la posibilidad de que ese organismo se constituya en parte querellante para aportar evidencias a la investigación.
Los abogados de la UIF apelaron esa decisión ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Chubut, y en el escrito acusaron al conjuez de haber “contribuido a profundizar la impunidad”.
Según la hipótesis sostenida por el organismo nacional, la familia Vildoza utilizó los casinos electrónicos Oshowia, que funcionó en la capital fueguina, y Casablanca, de Río Grande, para lavar dinero proveniente de bienes apropiados a personas desaparecidas durante el régimen militar.
En esa línea, los abogados que habrían protegido al ex Capitán y segundo jefe de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) serían cómplices del lavado por haber participado de las ganancias de los casinos y porque habrían sabido del origen ilícito de los fondos.
Incluso la UIF les imputa también el delito consistente en haber contribuido al financiamiento del terrorismo, como establece la ley nacional antiterrorista que se aplicó por primera vez en el país para la empresa Américan Data SA, propiedad de la familia Vildoza y de la que dependían los casinos electrónicos.
Esa parte de la investigación se logró profundizar a partir de la detención, el 3 de abril de 2012, de Ana María Grimaldos, la esposa del represor que también estaba prófuga.
La pista Ushuaia
Si bien Vildoza está imputado de varios delitos de lesa humanidad por su actuación en la ESMA, junto a su mujer comparten la acusación de haberse apropiado de un bebé de la pareja de detenidos desaparecidos compuesta por Cecilia Viñas y Héctor Penino, ambos secuestrados por el régimen militar el 13 de julio de 1977.
De hecho Javier Penino Viñas se sometió a una prueba de ADN que acreditó su identidad pero aún así continuó viviendo con sus apropiadores en Inglaterra.
La detención de Grimaldos profundizó la sospecha de que los prófugos recibían financiamiento de Américan Data, la empresa que preside el hijo de Vildoza, Jorge Ernesto, y que integra su yerno, Rodolfo Fernando Giromini.
Por eso es que la UIF congeló los bienes y cuentas bancarias de la compañía y se concentró, luego, en seguir la pista que conecta a Vildoza con Ushuaia.
De acuerdo al testimonio de Beccaluva, quien trabajó para la familia del represor a fines de los 90` y comienzos de la década siguiente, Vildoza padre puso a su hijo al frente de American Data para generar una empresa que diera apariencia lícita a fondos que en realidad provenían de bienes apropiados a los desparecidos.
El abogado relató que ya estando prófugo, Vildoza estuvo viviendo en Ushuaia entre 2000 y 2001 para evitar, primero, el cierre de los casinos por una medida gubernamental, y luego para cobrar un juicio por cánones mal liquidados por el gobierno provincial y con ese dinero instalarse definitivamente en Europa.
Sin embargo, el represor habría tenido un cruce con los abogados que lo protegían, identificados por Beccaluva como “Jorge Kresser Pereyra y Demetrio Martinelli”, quienes le pedían “el 50% de las ganancias de los casinos y la totalidad del juicio a cambio de no delatarlo”.
Inmobiliaria ESMA
La ESMA funcionó durante la dictadura como un Centro Clandestino de Detención, Torturas y Exterminio y fue el asiento del Grupo de Tareas 3–3–2 que dirigía el Capitán de Navío Vildoza.
Según sintetizó la UIF en un escrito presentado ante la Justicia, el grupo de tareas tenía tres sectores: Inteligencia, Operaciones y Logística, siendo este último el que se ocupaba del apoyo y aprovisionamiento del grupo, del desarrollo de la infraestructura, edificios y administración de finanzas.
“Pero el financiamiento no era sólo el dinero que mandaba el Estado, sino el robo de las pertenencias de los desaparecidos. Para ello se creó una compleja estructura de recursos humanos y materiales para lograr los despojos”, asevera el organismo.
También menciona que los bienes apropiados “se transferían a personas relacionados con el grupo o a compradores de buena fe” y hasta funcionaron inmobiliarias y empresas de otros rubros para blanquear el dinero ilícito.
