L
a postura sustentada ayer por los representantes del Poder Ejecutivo ante la comisión de seguimiento y reforma del IPAUSS sobre la certificación de acreencias del organismo de la seguridad social generó diversas interpretaciones entre los participantes, ya que mientras para algunos convalidó plenamente el trabajo realizado por el Tribunal de Cuentas, para otros hubo un respaldo parcial a algunos los parámetros de auditoria aplicados por el órgano de control, en tanto que otros fueron objeto de cuestionamientos.
Ello aparentemente respondió a que de la exposición realizada por el actuario Alberto Cascarini, contratado por el Ejecutivo, cada oyente rescató aquellos aspectos con los que coincidía.
Tal vez, la opinión que mejor refleje lo sucedido en el encuentro de ayer fue la manifestada por el justicialista Eduardo Barrientos, quien indicó que si bien el actuario “dijo que no iba a objetar la certificación, también dijo que sin perjuicio de ello el Ejecutivo iba a formular planteos sobre la misma”.
Esta apreciación se vio respaldada, de alguna manera, por los dichos de los funcionarios del Ejecutivo que se hicieron presentes en la Legislatura, quienes señalaron a EDFM que “lo que se dijo y planteó Cascarini es que lo que se le pidió al Tribunal fue una certificación de deuda y lo que terminó haciendo fue una estimación de deuda”, por cuanto el informe presentaría algunas inconsistencias en cuanto a los “criterios técnicos de auditoria aplicados en la determinación de la deuda”. Por ello anticiparon que en las próximas horas se estaría presentando ante la Comisión de Seguimiento un escrito en el que se plantearán estas inquietudes para que sean respondidas por el Tribunal de Cuentas.
Indicaron que en función de la documentación que obra en su poder, la deuda que debería afrontar el Ejecutivo ronda unos 500 millones de pesos en menos que el monto certificado como deuda exigible al 30 de junio del año pasado.
Sobre el particular habrá que ver la resolución que adoptan los parlamentarios, ya que algunos de los ellos adelantaron su total respaldo a la tarea desarrollada por el Tribunal y precisaron que cualquier objeción a la misma deberá ser planteada vía administrativa o judicial, y no ante la Comisión.
Al margen de la suerte que corra la pretensión gubernamental, desde el Ejecutivo se adelantó que ya se está trabajando sobre dos o tres alternativas de pago de deuda, que podrían ser presentadas al Directorio del IPAUSS la semana entrante.
Es de tener en cuenta que el que las partes acuerden un plan de cancelación de deuda resulta vital para que la Legislatura pueda aprobar el presupuesto 2013 del organismos de la seguridad social, ya que para incorporar dentro del mismo los casi 2.600 millones de pesos de acreencias certificadas por el Tribunal de Cuentas resulta imprescindible prever en los presupuestos de los organismos deudores la afectación de los recursos necesarios para afrontar esa obligación de pago.
