P
oco. Muy poco para varios meses sin actividad. La segunda sesión ordinaria (en rigor, la primera) del Concejo Deliberante de Río Grande se caracterizó por varios proyectos interesantes, que podían ser debatidos en el recinto pero que los propios ediles prefirieron que dicha deliberación se diera en el ámbito de comisiones.
Es así que lo más destacado de la jornada fue el aumento de tarifa del servicio de taxi en la ciudad, que recibió una mejora del 21 por ciento, cifra menor a la exigida por los trabajadores del volante que pretendían un incremento del 35%.
Los taxistas, que no recibían mejoras en las tarifas desde abril del año pasado, basaron su reclamo en la constante suba de los insumos que requiere el mantenimiento de las unidades. Para ello, acudieron a varias reuniones munidos de planillas con precios y estadísticas usadas para justificar su postura.
Y los taxistas, finalmente, acudieron al recinto legislativo para presenciar la sesión presidida por el concejal Alfredo Guillén –Miriam Boyadjian se encuentra a cargo del Ejecutivo– que tuvo además la participación de Mauricio Oyarzo, Héctor ‘Moncho’ Garay, Laura Colazo, Alejandro Nogar y Esteban ‘Chiquito’ Martínez.
Al ser un número importante de trabajadores del volante los que se hicieron presentes, se dio tratamiento preferencial al tema que terminó siendo aprobado por unanimidad y que redunda en una importante suba: la baja de bandera que antes costaba $8 pasará ahora a valer $9,80. Además, la ficha (cada 100 metros) tendrá un costo de $0,70.
Suspensión de impuestos
Por otra parte, durante la sesión los concejales decidieron suspender una vez más la aplicación de la Tasa de Seguridad Ciudadana y el Impuesto a la Publicidad y Cartelería Comercial. Ambos gravámenes habían sido resistidos por diversos sectores de la comunidad.
En el caso de la Tasa de Seguridad Ciudadana, la suspensión regirá hasta el viernes 28 de julio. Dicho impuesto buscaba dotar de fondos al Ejecutivo para la compra de cámaras que refuercen el sistema de videovigilancia urbana.
La tasa tenía un costo mensual de 20 pesos y se le cobraba a cada vecino de la ciudad que tuviera medidor de luz eléctrica domiciliaria a su nombre. Tan solo pudo ponerse en práctica un mes, a mediados del año pasado, y fue tal el rechazo de la ciudadanía que debió suspenderse su aplicación.
En cuanto al Impuesto a la Publicidad y Cartelería Comercial, la medida que pospone su cobro a los comerciantes de la ciudad operará hasta el viernes 30 de agosto. Dicho canon fue objetado por la Cámara de Comercio de la ciudad. En efecto, se detectó que si se aplicaba tornaba imposible su pago dado que elevaba exponencialmente el valor de los carteles de publicidad de los comercios.
Otros proyectos
Durante la sesión, que duró unas dos horas, también se aprobaron dos iniciativas referidas a las Islas Malvinas y la ratificación de los derechos soberanos de la Argentina sobre el archipiélago, las cuales fueron promovidas por la concejal Laura Colazo.
A su vez se aprobaron numerosos pedidos de informes al tiempo que se retiraron otros tantos que aún no han sido respondidos por el Municipio de Río Grande sobre lo cual, Colazo pidió que “el Ejecutivo nos remita la información que estamos pidiendo porque la necesitamos para avanzar en distintos proyectos”.
