E
l Poder Ejecutivo propuso a la Legislatura modificar la ley de Impuesto de Sellos para eximir del pago de ese tributo a “los certificados de plazo fijo, la letras de cambio, giros, cheques, cheques de pago diferido, órdenes de pago y cualquier otro título valor”, como así también “los depósitos en caja de ahorro, cuentas especiales de ahorro, cuentas corrientes y plazos fijos; y los actos o contratos vinculados a la operatoria con tarjetas de crédito o compra, con excepción de las liquidaciones o resúmenes periódicos que remitan las entidades a los titulares de las mismas”.
El proyecto en cuestión, que resultará aprobado durante la sesión de hoy, estipula que estas exenciones “tiene vigencia en forma concomitante a la ley provincial 906” que fue la que generalizó el impuesto de sellos en la provincia.
Pero además, y con efecto partir del día siguiente de la publicación de la nueva ley en el Boletín Oficial, la iniciativa exime del impuesto de sellos a “las órdenes de compra que emitan organismos públicos y sus dependencias pertenecientes al estado Nacional, Provincial y Municipales; y los contratos de locación de servicios y obras públicas celebrados por la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal”.
A menos de 4 meses de que el Parlamento aprobara el proyecto gubernamental de generalización del impuesto de sellos, el Ejecutivo sostiene que la modificación propuesta tiene como objetivo “equiparar la normativa tributaria provincial a los códigos fiscales vigentes en otras provincias, de modo tal que se eviten eventuales planteos de inconstitucionalidad, interpretaciones falaces y para que las entidades bancarias de la provincia no pierdan competitividad en el mercado”, y sostenga que el haber gravado los “instrumentos y operaciones” –que ahora quedarán eximidas del pago del tributo– “afecta la bancarización de la economía, incrementando la informalidad contrariando las políticas económicas del Gobierno Provincial y Nacional”. A decir verdad, esta argumentación no hace más que poner en evidencia las falencias que presenta el proyecto original y la necesidad de corregirlas.
De acuerdo a la información a la que excedió EDFM, una vez promulgada y publicada esta modificación a ley de sellos, el BTF procederá a restituir los montos que retuvo de las cuentas sueldos abiertas en la entidad, por la incorrecta interpretación que hizo de los alcances de la ley 906.
Según trascendió, durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada durante la tarde de ayer los Legisladores recibieron al secretario de Ingresos Públicos, Cristian Durrieu, al que responsabilizaron directamente por la determinación adoptada por el BTF respecto de las cuentas sueldos.
En esta segunda sesión ordinaria también se ampliará hasta el 30 de abril del próximo año el plazo de funcionamiento de la Comisión Especial de Evaluación y Reforma que fuera en marzo de 2012 mediante la ley 865. Además se insistirá en la sanción del proyecto de ley que regula la captura de centolla y centollón en el Canal Beagle, como así también el que creó el Programa Provincial de Prevención del Acoso Escolar, que fueran vetados por la gobernadora Ríos, en tanto que se aceptará el veto parcial y las modificaciones propuestas por el Ejecutivo al proyecto de Ley Orgánica del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
