A
nte la inocultable crisis económico-financiera que vive la Provincia, la gobernadora Ríos resolvió que los aumentos salariales acordados en los municipios de Ushuaia y Río Grande no sean tenidos en cuenta para la liquidación de los haberes de la planta política del Poder Ejecutivo.
La determinación fue justificada en la “necesidad de contener el gasto público”, según se precisa en el considerando del decreto 971/13, que fuera dictado por la mandataria provincial el lunes 29 de abril.
La mencionada norma, que fue publicada el viernes de la semana pasada en el Boletín Oficial, establece “la no percepción por parte de la suscrita, el Sr. Vicegobernador de la Provincia y de todo el personal de la planta política dependiente de éste Ejecutivo Provincial, de los aumentos salariales retroactivos pendientes de liquidación al día de la fecha”.
Esta decisión política no resulta novedosa ya que a fines del mes de noviembre del año pasado se había dictado una de similares características, aunque en aquella oportunidad la medida alcanzó únicamente a la Gobernadora, Vicegobernador y autoridades superiores del Poder Ejecutivo, y en este caso resulta extensiva a la totalidad de los 537 funcionarios y agentes que integran el gabinete provincial.
La necesidad de disponer esta medida de excepción es producto de la vigencia de la ley de dietas que fuera impulsada por la propia Gobernadora y sancionada de hecho a fines de octubre de 2011, que determinó que “la remuneración mensual, habitual y permanente del Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlánticos Sur, será equivalente al promedio de la remuneración mensual, habitual y permanente que perciban los intendentes de los municipios de la Provincia (exceptuado el de Tolhuin), a la que se le adicionará un 5%”.
Como en los municipios de Ushuaia y Río Grande la remuneración de los Intendentes está enganchada con la de los agentes de planta permanente, cada aumento dispuesto en esas jurisdicciones afecta automáticamente la retribución de la Gobernadora, de su gabinete, Legisladores, miembros del Tribunal de Cuentas y presidentes de organismos autárquicos y descentralizados. Por lo tanto, para evitar el efecto cascada, por lo menos en el ámbito del Poder Ejecutivo, del incremento salarial del 12% para el primer semestre de este año para los municipales capitalinos y del 12,5% que rige hasta septiembre para los de Río Grande, resultó necesaria la aplicación de esta medida.
En función del dictado de los decretos 2645/12 y 917/13, la remuneración bruta de la gobernadora Ríos se incrementó entre noviembre de 2012 y marzo de 2013 en 894 pesos (2,37%), ya que pasó de 37.665 pesos a 38.539 pesos, e igual suerte corrieron las remuneraciones de las autoridades superiores del gabinete fueguino, según se informa en la página oficial del Poder Ejecutivo provincial.
De acuerdo a los datos oficiales suministrados por los municipios, el Intendente de Ushuaia percibió en abril una retribución bruta de 49.220 pesos, y el de Río Grande una retribución neta de 35.372 pesos a marzo. En el caso de este último, la mejora salarial escalonada del 25% para este año no afectará su remuneración, por cuanto Gustavo Melella resolvió no se aplique a la planta política de ese Municipio.
¿Una deuda a futuro?
El dictado de estos decretos que disponen “la no percepción de los aumentos salariales retroactivos pendientes de liquidación al día de la fecha” plantea como duda el alcance de los mismos, ya que al no ser medida de carácter permanente permiten suponer que en algún momento los montos no percibidos en algún momento serán cobrados por los funcionarios alcanzados por esta especie de congelamiento.
Da la impresión entonces que de esta manera se estaría generando una deuda futura, situación que podría ser resuelta reabriendo la discusión parlamentaria respecto del mecanismo de fijación de la remuneración del titular del Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta para ello que la constitución determina con absoluta claridad que el Gobernador, Vicegobernador y los Legisladores percibirán una sueldo “que será fijado por ley” que “no podrá ser alterado durante el período de sus mandatos, salvo cuando la modificación fuere dispuesta con carácter general”.
