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a Asociación Participación Ciudadana presentó ayer una acción de amparo por protección de intereses colectivos para que la Justicia obligue a realizar obras y detenga la contaminación ambiental de la Bahía Encerrada y otros espacios costeros, derivada de la falta de un sistema de cloacas en la ciudad.
La demanda judicial fue planteada contra el Gobierno provincial y la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) aunque también se requirió la citación a autoridades del Municipio, por entender que “podría verse afectada por la sentencia”.
El planteo fue realizado ante el Juzgado Civil y Comercial de Ushuaia, a cargo del juez Alejandro Fernández, y también se requirió la intervención del Ministerio Público Fiscal, que podría constituirse como parte o actuar en forma conjunta con la entidad demandante.
El escrito de 48 páginas está suscrito por el director ejecutivo de la ONG, Guillermo Worman, con el patrocinio de los abogados Manuel Raimbault y Noelia Carrasco, y resume con fuentes documentales las consecuencias que está teniendo en los últimos años el vertido de efluentes sobre la costa del Canal Beagle.
En concreto, la presentación solicita que se condene a las demandadas “a las acciones y prestaciones tendientes a hacer cesar la actividad contaminante, así como recomponer y prevenir el daño ambiental que se produce como consecuencia de la deficiencia o inexistencia de la red cloacal en la ciudad de Ushuaia”.
Para ello, el amparo impulsa medidas específicas, como “la inmediata reparación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de las actuales estaciones elevadoras de líquidos cloacales y el dispersor cloacal, con especificación del plazo de cumplimiento y los presupuestos involucrados”, además de “la inmediata ejecución de aquellas estaciones elevadoras proyectadas, cuya ejecución se encuentra paralizadas, con especificación del plazo de cumplimiento y los presupuestos involucrados” y “la proyección de la construcción de nuevas estaciones elevadoras y plantas de tratamiento cloacal que resulten necesarias de acuerdo al crecimiento de las urbanizaciones proyectas para la ciudad”.
La acción judicial menciona como los sitios en que debe cesar la contaminación, recomponerse el ambiente y prevenirse nuevos daños, a Bahía Encerrada, Bahía Golondrina y Bahía de Ushuaia, así como las cuencas hídricas que desembocan en esos espacios costeros. También se precisa como lugares críticos a “la desembocadura del Arroyo Grande y lo que se conoce como zona mixta industrial”.
Por otra parte, se pide la “implementación de un mecanismo o sistema permanente de vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental de los cursos de aguas en el sector urbano de la ciudad y las bahías en las que desembocan”.
Olor a cloaca
De acuerdo a las fundamentaciones de la demanda, a las que accedió este medio, la ONG resolvió acudir a la Justicia luego de constatar “contaminaciones graves y riesgos ambientales reconocidos como la consecuencia de un sistema cloacal deficiente e ineficaz, que ha entrado en estado de colapso”.
Entre las derivaciones de ese proceso se citan “los olores nauseabundos en pleno centro de esta turística ciudad, que han llevado a calificar a lo que representa casi una postal de Ushuaia como destino turístico internacional, como una cloaca a cielo abierto”.
También se señalan las “estadísticas oficiales que revelan un crecimiento exponencial en enfermedades presumiblemente vinculadas con el actual estado del sistema cloacal”. En este aspecto se refieren, por ejemplo, al número de casos de diarrea que en Ushuaia triplican los de Río Grande según información de la Dirección de Epidemiología cuyo detalle publicó ayer EDFM.
En definitiva, “la pretensión ejercida se funda en el derecho a vivir en un ambiente sano, equilibrado, y apto para el desarrollo humano”, sintetiza más adelante el escrito judicial.
Causa penal y ley de emergencia
Por otra parte la acción de amparo recuerda otros dos antecedentes vinculados con el mismo tema, como una causa penal que tramita ante el Juzgado Federal de Ushuaia y la ley mediante la cual se declaró la emergencia urbano–ambiental de la ciudad.
La causa está caratulada “Verdile s/ su denuncia”. Es el expediente 19.230 y allí se investigan los presuntos delitos cometidos “con motivo o en ocasión de los graves daños ambientales constatados en la ciudad de Ushuaia”.
En cuanto a la ley 892, se menciona que la misma autorizó “al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, a la contratación directa de “Plan Director de Agua Potable y Desagües Cloacales de la ciudad de Ushuaia, con un monto presupuestado de $ 1.117.940,26”. Ese paso ya fue dado y la consultora contratada emitió los primeros informes, aunque las autoridades alertaron que las obras iniciales no podrían estar finalizadas antes de 2017 (en su etapa inaugural) y entre 2018 y 2024 (la segunda etapa) con una inversión estimada de 144 millones de pesos.
