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l 5 mayo de 2010 Ushuaia se conmocionaba por el brutal asesinato del taxista Antonio Toledo, perpetrado camino al Parque Nacional. Su muerte generó manifestaciones callejeras y un fuerte reclamo de la Asociación de Taxis, que cortó la ciudad en dos durante un día.
La investigación “fue compleja desde un principio”, declaró el por entonces jefe de la Policía provincial, comisario José Ojeda. Nunca se encontró el arma homicida, parte de la ropa del taxista desapareció después de su ingreso al hospital, y toda la sangre encontrada pertenecía a la víctima.
En junio de ese año el gobierno ofreció una recompensa de 50 mil pesos para quienes aportaran datos fehacientes que permitan encontrar al culpable, cifra que fue aumentando hasta llegar al millón, al cumplirse un año de su asesinato. Nunca se encontró al autor, ni se supo el motivo por el cual lo habían ultimado.
Cuando el frío del invierno parecía haber aplacado el debate que se produjo después de ese crimen, 45 días después (el jueves 1º de julio de 2010) encuentran muerto con un disparo en la cabeza al artista plástico Miguel Pereyra, en inmediaciones del Autódromo Municipal próximo a donde acuchillaron a Toledo. A diferencia del anterior se pudo dar con el paradero del autor y en agosto de 2011 condenaron a 14 años de prisión a Cristian Maldonado en calidad de autor material de hecho, y absolvieron a la ex esposa del artista, Brissalia Cossio.
Dos semanas más tarde, más precisamente el 18 de julio, matan a punta de cuchillo a Daniel Santa Cruz, mientras atendía una despensa en el barrio Kaupén.
La existencia de cámaras de la Cooperativa Magui-Mar, permitió dar con los autores, Norberto Gómez y Marcos Díaz; quienes en junio del año siguiente fueron sentenciados a reclusión perpetua, al ser encontrados responsables de este brutal asesinato.
Producto del reclamo de los trabajadores del volante y de la comunidad, tras la muerte de Antonio Toledo el gobierno de la provincia firmó un acta acuerdo con los taxistas, comprometiéndose a adoptar medidas inmediatas: restringir al máximo el personal policial afectado a tareas administrativas y judiciales y volcarlos a tareas netamente operativas de prevención, coordinar entre la policía y la Municipalidad de Ushuaia el uso de las cámaras de seguridad colocadas por la administración local y asignar personal policial al monitoreo de las imágenes que reciben, acelerar la remisión de fondos nacionales para invertir en equipamiento policial, incorporar 10 patrulleros, remitir un proyecto de ley a Legislatura para ampliar las partidas específicas para la policía, para crear un fondo permanente provincial de ayuda a los servicios de emergencias y requerir –entre otros–, la reafectación de los fondos CRECE para la compra de alarmas de seguridad en los vehículos afectados al transporte público que se brinda a través de taxis y remises.
Sumado a ello, el por entonces ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, Fernando Manuel Benegas, se comprometió a construir para la policía, 6 garitas de control en lugares estratégicos de Ushuaia a las cuales se le sumaría las cámaras de video vigilancia. Los de mayor relevancia eran; la salida de la ciudad camino al Parque Nacional Tierra del Fuego, el ingreso al Valle de Andorra y a los barrios que conforman el Escondido, y por último, el camino de acceso a Playa Larga.
La serie de hechos de sangre que le sucedieron a entre mayo y julio de ese año, y la fuerte demanda de mayor seguridad de los taxistas fue acompaña por la oferta del Municipio hacia el gobierno de la Provincia, de construir por su cuenta, las garitas. Pero el gobierno rechazó el ofrecimiento del Ejecutivo Municipal, aduciendo que era su responsabilidad, y las obras nunca se realizaron.
Ayer con el aparente accidente y posterior incendio de un automóvil en el sector de playa larga, donde en su interior se halló carbonizada a una persona (ver nota aparte); la necesidad de poseer un sistema de control más amplio y eficiente que brinde mayores elementos a la investigación policial, se constituye en un hecho imprescindible, en una necesidad social y en una obligación incomprensiblemente demorada del Gobierno.
