E
l Gobierno de la Provincia denunció penalmente a los gremialistas que el último jueves irrumpieron en la Casa de Gobierno y tras enfrentarse con la Policía que custodiaba el lugar produjeron todo tipo de daños en las instalaciones, aunque al no existir una denuncia por usurpación u otro delito relacionado, la Justicia no intervendrá en el eventual desalojo del edificio gubernamental.
Así lo confirmaron ayer a este diario fuentes del Poder Judicial, que hicieron hincapié en diferenciar los dos tipos de situaciones que se presentan a partir de los episodios violentos de la semana pasada.
“Por una parte está el accionar de los manifestantes durante la irrupción en Gobierno. Eso fue denunciado y ya está siendo investigado. Por otro lado está la ocupación del edificio. Eso no está judicializado y no habrá medidas vinculadas como una eventual orden de desalojo”, explicaron las fuentes consultadas.
La denuncia por el ataque a Casa de Gobierno por parte de dirigentes del SUTEF y del sindicato de camioneros fue presentada el viernes por el ministro de Gobierno, Gustavo Zanone.
Según trascendió, el funcionario habría presentado como prueba varios videos del momento en que la movilización llegó al edificio de la calle San Martín, se produjeron los discursos de sindicalistas como el titular del SUTEF, Raúl Arce, quien intimó a ser recibidos “en cinco minutos porque si no vamos a entrar”, y a los hechos posteriores cuando los manifestantes rodearon el lugar y comenzaron a golpear a la custodia policial con objetos contundentes.
Entre las imágenes más demostrativas de la agresión, el Ejecutivo aportó la secuencia (que también se difunde a través de spots por Canal 11 y por Internet) donde se ve a varios gremialistas golpeando en el suelo con palos y patadas a un policía que resultó con lesiones en la mandíbula.
También hay videos del momento en que los sindicalistas vencen la resistencia del cerco policial, arrojan piedras contra los vidrios y producen destrozos ya en el interior de la Casa de Gobierno.
A la denuncia de Zanone, el viernes se sumó otra, presentada por una empleada pública que se desempeña en el edificio, y que dice haber sido agredida por los manifestantes.
Según las fuentes, la calificación de estos hechos podría encuadrarse dentro de las figuras delictivas de daños y lesiones, aunque con características particulares que agravarían la situación de los gremialistas que puedan ser identificados a través de testimonios o filmaciones.
Por ejemplo, al tratarse de bienes públicos, podría configurarse el delito de “daño calificado”, mientras que como las víctimas son efectivos policiales, los imputados podrían tener que responder por “atentado contra la autoridad”.
Debido a las características de lo sucedido, en la Justicia recordaron los hechos ocurridos una semana antes de la trágica Semana Santa de 1995. En aquella oportunidad, una manifestación metalúrgica también irrumpió en la Casa de Gobierno, agredió a policías y produjo destrozos en el interior.
Por esa investigación fueron condenados cinco gremialistas, entre ellos los dirigentes de la UOM Ángel Valle y Oscar Martínez, actual secretario general de ese sindicato.
El episodio es considerado el antecedente de violencia de la represión desatada unos días más tarde durante el desalojo de la empresa Continental Fueguina, en que los propios policías reconocieron haber actuado como represalia por la forma en que los había golpeado en Casa de Gobierno. El accionar policial, en aquel caso, también derivó en varias condenas por vejaciones en actos de servicios y abuso de autoridad.
Facultad de desalojo y paz social
Sin embargo, la Justicia no intervendrá en la ocupación que mantiene el SUTEF sobre la sede del gobierno fueguino.
Según las fuentes, ello se debe, en principio, a la inexistencia de denuncias por parte de funcionarios públicos o particulares, sobre la comisión de delitos más graves asociados a la ocupación. Por ejemplo “privación ilegítima de la libertad”, “coacción” o “usurpación”.
En ese sentido, hay antecedentes como la ocupación del edificio de la Dirección General de Rentas, por parte del mismo sindicato docente, que no fue considerada delito. La diferencia con la toma actual es que en aquella no se habían producido daños a las instalaciones ni se habían producido lesiones a los policías que custodiaban el lugar.
Aún así, en el Poder Judicial consideran que la Gobernadora, como máxima jefa de Estado, tiene las facultades para desalojar el edificio sin una orden de un juez, utilizado una fuerza razonable para hacerlo. Y tienen en cuenta la postura pública de la propia mandataria, acerca de que se evitarán más enfrentamientos en pos de mantener la paz social.
“Por Constitución tiene la Policía a su cargo, por lo que es su decisión hacer uso de la fuerza pública, pero también tiene el deber de mantener la paz social. O sea que puede desalojar o permitir la protesta, está facultada para ambas cosas”, explicaron en tribunales.
Las facultades de la Gobernadora en esta materia, y los derechos y deberes que están en juego, aparecen delimitados en el artículo 135 incisos 16 y 18 de la Constitución.
Allí se especifica que el gobernador “es el jefe de la administración del Estado Provincial”, y entre sus facultades figuran “ejercer el poder de policía de la Provincia y prestar el auxilio de la fuerza pública a los tribunales de Justicia, a la Legislatura, a los municipios y a las comunas, cuando lo soliciten”, aunque también “adoptar las medidas necesarias para conservar la paz y el orden públicos en la Provincia”.
