C
uando restan únicamente tres días hábiles para que venza la cuarta prórroga que la administración Ríos le concedió en enero pasado a Tierra del Fuego Energía y Química para que cumpla con el segundo pago por la compra anticipada de gas de regalías, la firma de capitales chinos no habría resuelto aún si cumplirá con esa obligación, requerirá una nueva postergación al Poder Ejecutivo o dejará que comiencen a correr el plazo para que el contrato se tenga por rescindido.
Lo que resulta evidente es que la empresa parece haber resuelto dejar en suspenso la concreción de la millonaria inversión a la que se había comprometido para instalara una planta productora de urea a partir del gas de regalías que le compararía al Estado fueguino.
Esa hipótesis se robustece a partir de las últimas decisiones adoptadas por la empresa, tales como paralizar todo trabajo en el predio ubicado en el parque industrial “las Violetas”, retirar todo su personal de Río Grande y comenzar gestiones en Chile para vender en el vecino país parte de la maquinaria y materiales de construcción que tiene depositada en Punta Arenas, y reenviar el resto a China, luego de que la Aduana le negara a principios de 2011 autorización para que esos insumos y equipos embarcados en el buque Da Zhong pudieran ser descargados en el Puerto de Ushuaia.
A partir de esa determinación, TEQSA dispuso que el barco se dirigiera al puerto de la ciudad chilena de Punta Arenas para desembarcar la carga. Una parte de la misma fue vendida al poco tiempo, no así la maquinaria y algunos materiales específicos que resultaban indispensables para concretar la construcción de la planta de urea, elementos estos de los que ahora está resuelta a desprenderse, lo que marca que para la empresa no existiría posibilidad alguna de concretar -por lo menos en el corto plazo- la inversión comprometida al Gobierno de la Provincia. Sobre todo a partir de la postura pública sustentada en febrero pasado por el ministerio de Industria de Nación en cuanto a las observaciones y objeciones formuladas al proyecto TEQSA, entre las que se cuestionaba “el precio del gas natural que pagarían para operar. En este sentido se manifestó que el precio presentado (de 2,5 dólares por millón de BTU) no resultaría consistente con los objetivos y ejes estratégicos establecidos en el Decreto 1277/2012”, que reglamentó la ley 26.741 de soberanía hidrocarburífera, por cuanto el valor “acordado con la provincia está muy por debajo del precio promedio que paga la industria en general o el costo del gas para empresas industriales productoras de urea”.
A esto se suma ahora un nuevo elemento que no puede pasar desapercibido, la confirmación por parte de Profertil - firma petroquímica que controlan en partes iguales YPF -la petrolera recuperada por el Gobierno nacional- y la compañía canadiense Agrium- de una inversión de 800 millones de pesos para ampliar la capacidad productiva de su planta de fertilizantes en Bahía Blanca e incrementar su producción de anual urea de 1.100.000 toneladas a un total de 1.223.000 toneladas, para abastecer el creciente consumo de urea granulada.
