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a bancada legislativa de la Unión Cívica Radical presentó un proyecto de ley para crear una empresa provincial que tenga por finalidad intervenir de manera directa y activa en la actividad hidrocarburífera y de generación de energía. La propuesta apunta a constituir una sociedad anónima que, inicialmente, contará con una participación accionaria del Estado provincial del 71%, de los municipios de hasta el 10%, en tanto que el 19% restante estará abierto al capital privado, con la limitación de que cada uno de estos últimos accionistas no pueda ser titular de más un 5% de ese paquete accionario. De todas maneras, la conformación accionario inicial podrá modificarse, ya que la iniciativa contempla que la Legislatura pueda autorizar por ley la transferencia de acciones en poder del Estado provincial y de los municipios.
Éste se convierte en el segundo proyecto de ley de estas características que en lo que va del año se presenta ante el Parlamento, ya que hace poco más de un mes el Bloque del PJ hizo lo propio para crear la Empresa Provincial de Petróleo Sociedad del Estado.
La propuesta elaborada por el radicalismo es más abarcativa que la del PJ, ya que prevé que la empresa a crear actué no solamente en la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos sino también en la generación, transporte, distribución y comercialización de energías convencionales y en la investigación y desarrollo de energías alternativas.
Esta amplitud del objeto social parece apuntada a tratar de garantizarle al estado fueguino la posibilidad tanto de intervenir por sí o asociada a terceros en el negocio hidrocarburífero, como de habilitarlo para participar de manera directa en el proyecto de interconexión con el continente, que contempla la instalación de un parque de generación eléctrica en la zona de producción gasífera del norte provincial.
La empresa fueguina de energía que propone el radicalismo presenta algunas similitudes con lo que fuera la frustrada empresa Recursos Naturales Sociedad Anónima (RENASA), creada por ley 730 en diciembre de 2006 y derogada 7 meses después, en julio de 2007.
