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yer a las 14.30, la ministra de Desarrollo Social, Marisa Montero, y el ministro de Economía, Osvaldo Monti, recibieron en la planta alta de Casa de Gobierno a un nutrido grupo de vecinos y referentes de 12 barrios no urbanizados de la capital fueguina.
El motivo de la reunión estuvo enteramente enfocado al acuerdo de precios que firmó la gestión de Fabiana Ríos con las empresas distribuidoras de gas envasado y a granel (Sartini Gas SRL y Gas Austral SA) que se tradujo en una suba en el valor del gas, puesto en el domicilio en el orden de un 50 por ciento.
El argumento del jefe de la cartera económica, es que la petrolera Apache (empresa concesionaria que explota recursos hidrocarburíferos en Tierra del Fuego), subió el valor del gas a las distribuidoras, y que estas a su vez, le incorporaron al valor de las garrafas de 10 y 15 kilos, y a los tubos de 45; un costo extra “por el delivery”, en referencia al transportes desde las plantas, hasta cada uno 4500 hogares que se abastecen en la provincia, bajo esta modalidad.
“Pero eso no es competencia del gobierno de la Provincia. Esa es responsabilidad absoluta de la Secretaría de Energía de la Nación”, dijo Monti, con el argumento de que este organismo nacional, “es el que fija y acuerda el valor del gas, para todo el País”.
De acuerdo a lo que expresó el Ministro, Apache pasó de 800 a 1300 pesos la tonelada de gas, como valor final a partir de julio, con un nuevo incremento previsto para octubre que llevará el valor del gas a 1700 de la moneda nacional.
“Por eso le hemos pedido la intervención a los representantes de la Provincia en el Congreso de la Nación, a nuestros diputados y senadores y especialmente a la diputada (Rosana) Bertone que es jefa de la Comisión de Energía de la Cámara Baja”, amplió Monti a los vecinos presentes. Aunque minutos después, en diálogo con los medios de prensa, el ministro no pudo precisar y si ya habían hablado con Bertone o tenían la intención de hacerlo. Solicitud que hasta anoche no había ocurrido, según confirmó la propia Diputada.
Siempre de acuerdo con el funcionario, otro de los problemas es que Nación no amplió el cupo de subsidio al gas envasado que planteó la provincia. “Nosotros le informamos que tenemos un 16 por ciento más de empadronados que en 2012 y Nación solo nos autorizó el 6”, se quejó Monti.
Como síntesis el Ministro explicó que el incremento firmado “fue el mejor acuerdo logrado con las distribuidoras” y que “el gasto previsto para este año es el mayor esfuerzo que puede hacer la provincia” para atender las necesidades de esas 4500 familias. “El mayor esfuerzo” al que hacía referencia Monti, se traduce en unos 11.8 millones de pesos anuales, respondió a la prensa, aunque previamente a los vecinos les había indicado unos 13.
Un subsidio al 100 por 100 hasta la normalización del servicio
La voz que aglutinó tanto la propuesta como el malestar de los vecinos la puso Carlos “Cali” Villamonte, referente del barrio Las Raíces, quien le respondió a Monti que esa cifra no llega al 0,2 por ciento del actual presupuesto general de la Provincia. Planteando como exigencia que el Gobierno de la Provincia se haga cargo del 100 por 100 del subsidio del gas, hasta que se logre la normalización del servicio.
“La falta de obras de infraestructura, de gestión, de extensión de los gasoductos y de las redes, páguenla ustedes y no nosotros que viviendo sin agua, sin cloacas y muchos sin luz, terminamos pagando el gas entre el 1000 y el 3000 por ciento más de lo que paga cualquier familia que tiene gas por red”, sostuvo el referente.
La mayoría de los vecinos reunidos en Casa de Gobierno coincidieron que una familia que vive en los barrios no urbanizados consume como mínimo unas 20 garrafas de 10 kilos. Cifra que solo es un 30 por ciento de lo que utiliza como base otra familia con servicio de red donde sí impera un alto subsidio al gas.
“La provincia no está en condiciones de realizar ese gasto. Como dije antes este es el mayor esfuerzo que podemos hacer”, reiteró el Ministro de Economía.
Frente a las escaleras que constituyen el ingreso principal de Casa de Gobierno, un grupo de 100 vecinos coincidieron con los referentes en plantear ante la legislatura el dictado de una ley de emergencia social que permita resolver la disparidad del precio del gas, entre el envasado y que llega por red, y un subsidio al 100 por 100, hasta la instalación del servicio.
El precio final de las garrafas de 10 y 15 kilos
En la edición de ayer, EDFM reprodujo información difundida por el gobierno, respecto a los precios acordados con las distribuidoras a partir del 1 de julio. De acuerdo a la gacetilla oficial se indicó que para la “garrafa 10 kilos”, el valor será “de $16 puesto en planta fraccionadora; para la de 15 kilos, $24 puesto en planta fraccionadora; garrafa 30 kilos, $72 puesto en domicilio del usuario; garrafa 45 kilos, $108 puesto en domicilio del usuario y granel $2,10 por kilo puesto en el domicilio del usuario”. Lo que no dijo la gacetilla es que puestos en el domicilio los dos primeros (garrafas de 10 y 15 kilos) sufren un incremento de 8 y 12 pesos en concepto de “delivery”, corriendo a 24 y 36 pesos el valor final de ambos productos.
La modalidad de transporte hasta el hogar –según dio a entender el propio gobierno–, llegará hasta octubre, ya que a partir de ese mes, quienes deseen adquirir garrafas de 10 y de 15 deberán ir a retirarlas en las plantas fraccionadoras. De acuerdo a los vecinos, la medida se contradice con la imposibilidad que tienen los particulares de trasladar este tipo de combustible en vehículos que no estén debidamente habilitados. Hecho que parece llevar a esta situación a un callejón sin salida, más aún si a ello le sumamos que en octubre el gobierno también dejará de emitir este tipo de bonos.
Bertone: “A mí nadie me llamó”
Cuando se consultó a la diputada nacional respecto a si alguien del Gobierno de la Provincia la había llamado para ayudar con su gestión a resolver esta situación ante Nación, de acuerdo a la descripción del ministro Monti, la parlamentaria negó que alguien le haya consultado o planteado acompañamiento para este tema. “A mí nadie me llamó”, respondió sorprendida; “con el único que hablé fue con Nerio Sartini y quien me expresó su preocupación sobre el tema. Pero desde el gobierno nadie ha llamado”, reiteró.
La diputada negó que la responsabilidad sea del gobierno Nacional y dando su versión sobre el problema indicó que “la gestión Ríos es muy poco seria, si dice eso. Porque van a Nación sin información contundente, sin datos claros, no ejecutan las obras, no presentan proyectos y no envían información que se comprometen a enviar”, describió. |
