P
or
Guillermo Worman, especial para
el diario del Fin del Mundo
Tierra del Fuego se creó a sí misma como la provincia más progresista y moderna del país cuando dictó en 1991 una Constitución que fue destacada en el mundo político, jurídico y académico.
En aquellos inicios de la década del noventa, la ocasión de fundar una nueva oportunidad jurídica permitió incorporar las herramientas y conceptos nacientes de una democracia que se había recuperado hacia finales de 1983.
Por ejemplo, la información pública fue declarada un bien social, se protegieron los intereses colectivos (fruto de esto se pudo iniciar la causa por contaminación ambiental) y, entre otras cosas, se incorporó el Consejo de la Magistratura tres años antes que se incluyera en la Constitución Nacional.
Tierra del Fuego era sinónimo de innovación.
Otro tanto pasó una década después, cuando la ciudad de Ushuaia, desde diciembre de 2001, redactó su emblemática Carta Orgánica, considerada hoy como el texto normativo de mayor avance ciudadano a nivel comunal.
Participación, transparencia, innovación electoral, defensa del interés público y promoción del ambiente, entre tantos otros, fueron algunos de los temas que pusieron a Tierra del Fuego y Ushuaia dentro del registro de las reformas institucionales más atractivas del país. Fue un momento que Provincia y Municipio funcionaron como faros institucionales de nuevos procesos públicos.
Particularmente a nivel provincial, aquel espíritu fundacional se fue degradando con el correr de los años. Básicamente se produjeron dos procesos que generaron un profundo desencanto: los mecanismos de vanguardia no se llevaron a la práctica (todavía no se utilizó la Consulta Popular ni está claramente reglamentada la figura de la Iniciativa Popular) y la aplicación de varios nuevos institutos se desnaturalizó con prácticas que desentonaron con el espíritu que idearon los constituyentes provinciales.
El caso emblemático es el Consejo de la Magistratura; la figura ideada para prestigiar al Poder Judicial, que terminó por llevarlo a un nivel impensado de descrédito.
Los constituyentes fundadores escribieron los principios generales del funcionamiento de un novedoso sistema de selección y remoción de jueces. Luego la Legislatura y, sobre todo, el reglamento interno del mismo Consejo tergiversaron cualquier ideal que se pensó en el momento mismo de la creación de la provincia que terminó por conformar la estructura federal Argentina. Hasta hoy se eligen jueces sin dar mayores explicaciones.
Sobre esta base de falta absoluta de credibilidad, en más de veinte años se han producido todo tipo de episodios nefastos a través del Consejo de la Magistratura que la imaginación más creativa podría pensar como factible. Se promovió la acefalia integral del Superior Tribunal de Justicia y el descabezamiento del Poder Judicial, también la designación de individuos decididamente contrarios a cualquier sistema digno de administración de Justicia. No faltó la cobertura de jueces que debieran haber sido expulsados por la suma de indignidades que llevan en su haber.
Esa fue la triste consecuencia del mecanismo pensado para revolucionar el funcionamiento de uno de los tres poderes de la república.
Los defensores de este proceso son, a su vez, los responsables directos de las designaciones que han escandalizado al mundo jurídico en general. Tal es así que, hasta hoy, nadie ha rebatido las interminables denuncias que registró el libro “Justicia Adicta”, del periodista Gabriel Ramonet, ni los siguientes escándalos que se consumaron, que bien podrían contener una segunda edición del mismo libro.
Los tiempos que corren nos llaman a pensar seriamente en recobrar el espíritu de aquellos que redactaron las bases fundamentales de nuestra estructura normativa. Fue esa generación de dirigentes que se plantó en el polideportivo municipal, de cara a la ciudadanía presente, a jurar el texto que fundaba el ideario de la nueva Tierra del Fuego. Fue un claro llamado al involucramiento ciudadano: el pueblo jurando su propia Constitución.
Hoy no se pretende nada distinto a la modernización del proceso de selección de jueces y magistrados, dotando al dispositivo de los recursos mínimos que garantizan objetividad, transparencia, participación comunitaria y racionabilidad a un asunto clave de la vida institucional. Una vez más se pretende abrir un debate serio y profundo sobre un eje clave del presente y futuro de la Justicia. Por eso, en los próximos días se podrá percibir cuáles son los sectores que pretenden mantener a Tierra del Fuego dentro del estancamiento institucional que nunca tendría que haberse sumergido. También saldrán a la luz los dirigentes que quieren recobrar aquellos idearios que crearon la pujante y “Nueva Provincia”.
