E
l asesor letrado de la Municipalidad de Río Grande, Daniel Garay, aseveró que “prácticamente ya tenemos preparado todo lo que es la denuncia (contra el Gobierno provincial) por incumplimiento en cuanto a la remisión de los fondos de coparticipación” y en ese marco “la decisión del pedido del juicio político (contra la gobernadora Fabiana Ríos) es un resorte exclusivo del Intendente (Gustavo Melella)”.
Al respecto, el letrado explicó que “lo que es la instancia administrativa se cumpliría con una intimación mediante carta documento a la Gobernadora, a los efectos de poner en mora y, eventualmente, si no cumple, ahí si se estaría configurando un delito que es el de ‘retención indebida de fondos’”.
Luego recordó que “son aproximadamente 95 millones de pesos los fondos retenidos por el Gobierno provincial” que se están reclamando, lo que definió como “una cifra muy importante” que “inclusive pone en jaque el funcionamiento y el cumplimiento de los servicios esenciales por parte del Municipio de Río Grande” al punto que “se está realizando muy poca obra pública, y lo que se viene ejecutando es lo que está pendiente de terminar”.
Garay advirtió que “la situación es muy delicada” y en ese contexto “lo que realmente lamento es que se tome con mucha liviandad por parte de algunos funcionarios del Gobierno provincial”. Y añadió: “Inclusive hasta lo toman con sorna y no se dan cuenta del flaco favor que le están haciendo a la Gobernadora con sus declaraciones”.
Además respecto al futuro de las acciones administrativas o judiciales que se estén llevando adelante sin obtener respuesta a los reclamado, recordó que “aquí hay una responsable política que está establecido en la Constitución que es la jefa de la Administración Pública Provincial; la autoridad máxima es la Gobernadora, que tiene una obligación constitucional de remitir, en tiempo y forma, los fondos de coparticipación a los municipios, y el incumplimiento constituye una falta grave”.
“Por eso es que, creo que los funcionarios tendrían que ser más expeditivos y tratar de llegar a un acuerdo, pero con lo que estoy viendo hasta el momento están lejos de llegar a un acuerdo. Al contrario, han logrado que el Intendente realmente cierre las puertas del diálogo porque ya a esto lo está tomando como una tomada de pelo”, amplió.
El letrado indicó que se está trabajando con los equipos técnicos de la Secretaría de Finanzas para una nueva intimación porque “hay saldos de coparticipación que son definitivos, que ya están vencidos y que ya hay una demora, inclusive hay una resolución donde el Superior Tribunal los intima al cumplimiento de una resolución que había emitido el Ministerio de Economía en el año 2009, por medio de esto se habían comprometido a remitir los fondos de coparticipación en plazo de noventa días”.
“Ya se han vencido los plazos con exceso, inclusive hay dos resoluciones intimando a la Provincia al cumplimiento del acuerdo, se homologó un acuerdo ante la Justicia y no lo han cumplido. Por eso es que yo, realmente, no los termino de entender a los funcionarios”, continuó.
Del mismo modo, enfatizó que “se deben 95 millones y otro tanto se debe al Municipio de Ushuaia, por lo que son cerca de 200 millones de pesos” y ante esto dijo que “lo que yo no sé es cómo van a hacer los legisladores provinciales para no ver esta situación”. El abogado dijo que se está incurriendo en “‘incumplimiento de deberes de funcionario público; acá hay, antes que nada, una irresponsabilidad política e institucional”, y subrayó que “los fondos que se reclaman le pertenecen a la comunidad, no le pertenecen al Intendente”.
También expresó que el intendente Melella “dio muestras sobradas de querer llegar a un acuerdo” ya que “lo que menos quiere es esta vía, y para que él cierre la puerta es porque realmente lo han cansado”.
“Lamento que se haya llegado a esta situación, porque el Intendente de Río Grande es el que más bregó por llegar a un acuerdo. Y hasta fue criticado por esto. Bajo todo punto de vista él quiso llegar a un acuerdo. Esto no tiene vuelta atrás, porque además ya ha ordenado al equipo técnico del Municipio que no haga más reuniones con los funcionarios del Gobierno Provincial”, argumentó.
Garay planteó finalmente “cuál es el sentido de más reuniones” si luego “se empieza con idas y vueltas” cuando “lo que el Intendente quiere saber es el cuándo y el cómo”, y a ello sumó que “nadie pretende que paguen los 95 millones porque uno no puede ser necio, pero sí que haya una voluntad de pago”.
