E
l Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia resolvió el viernes pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 30 de agosto, antes de dar a conocer un veredicto en el primer juicio por el escándalo de las Letras de Tesorería durante la gestión del ex gobernador Hugo Cóccaro.
La decisión de los jueces Roberto Magraner, Alejandro Pagano Zavalía y Maximiliano García Arpón fue adoptada luego de escuchar los últimos cuatro alegatos de las defensas, en lo que parecía iba a marcar el cierre de las actuaciones porque sólo restaban las últimas palabras de los ocho acusados de cometer un fraude contra el Estado por $1,7 millones.
Sin embargo, los magistrados resolvieron en ese momento la interrupción del proceso por una semana, atendiendo a cuestiones de agenda del propio tribunal.
Según trascendió, uno de los motivos del aplazamiento sería que mañana a las 10 se reanuda el juicio por el homicidio de Claudio Prada, que lleva acabo el mismo organismo judicial aunque constituido por jueces subrogantes.
De todas maneras, ese proceso volvería a interrumpirse porque luego de la toma de un testimonio faltante, los magistrados pasarían a otro cuarto intermedio hasta el momento de alegatos.
Otro hecho trascendente que ocurrirá esta semana en el mismo edificio de tribunales de Monte Gallinero, son las primeras indagatorias de docentes y camioneros por el ataque a Casa de Gobierno perpetrado el último 23 de mayo. Pero no hay ninguna información concreta que vincule ese acto procesal con el juicio de la llamada “causa Arrébola” por negociado con Letras de Tesorería.
El plazo del veredicto se produjo después de la jornada del jueves, en que el Fiscal Mayor Guillermo Massimi solicitó condenas de prisión efectiva para cinco de los ocho imputados.
El representante del Ministerio Público requirió la pena más dura, de cuatro años y seis meses de prisión, para el ex Contador General y Tesorero de la Gobernación, Alfredo Iglesias.
También pidió una condena de tres años y diez meses de cárcel para el ex director contable del Ministerio de Economía, Horacio Medone, y de tres años y seis meses para la ex agente contratada Mariela Dana y la ex empleada pública María Lorenzo.
Por su parte, para el ex ministro de Economía Horacio Sosa, la máxima autoridad jerárquica involucrada en el fraude, solicitó una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, atendiendo a que fue una de las personas que confesó el delito.
El otro imputado confeso, Ariel Arrébola –el comerciante de Río Grande que participó de la maniobra- también recibió el mismo pedido de condena, pero con prisión de cumplimiento en suspenso, por lo que de confirmarse el mismo criterio por parte del tribunal, no iría a la cárcel.
A su vez, el Fiscal Mayor llegó a la conclusión de que sobre el ex secretario de Contrataciones y Suministros, José Mallemaci, y sobre su segundo, Juan Eduardo Galego, no existen evidencias para considerarlos penalmente responsables de un ilícito, y en base a ello se pronunció por su absolución de culpa y cargo.
El funcionario judicial consideró a los seis sospechosos sobre los que requirió condena, como coautores del delito de “peculado, falsedad de y supresión de documento público en concurso ideal”, salvo a Arrébola al que le endilgó una participación primaria en el mismo ilícito.
