E
l Concejo Deliberante de Ushuaia llevó adelante ayer un nuevo encuentro de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, presidida por el edil Oscar Rubinos. En la ocasión se dio tratamiento, entre otros asuntos, al proyecto impulsado por el referente del Partido Justicialista, Mario Llanes, para regular el tiempo de espera en atención al público, para entidades financieras públicas y privadas de la ciudad.
Cabe recordar que la iniciativa prevé un tiempo prudencial de 30 minutos como parámetro máximo de espera para la atención al público, adecuando la dinámica de las instituciones involucradas en función a la demanda existente, promoviendo la agilización de trámites para los vecinos de la ciudad.
La normativa impulsada por el bloque justicialista exigiría a los establecimientos comprendidos en la misma, la exhibición de un cartel a la vista del público en letra y tamaño legible, en que se informe que “toda personas tiene derecho a comenzar a ser atendida en un lapso no mayor a treinta minutos desde que ingresa al establecimiento”, aclarando además que “se encuentra a disposición un Libro de Quejas para el caso de incumplimiento”.
En ese marco, se establece un sistema de infracciones que irían de 40 a 100 U.F.As (Unidad Fija a Aplicar) por no contar con el cartel indicativo; de 70 a 200 U.F.As por no encontrarse a disposición el Libro de Quejas; y de 100 a 400 U.F.As en caso de brindar atención al cliente en un plazo mayor a los treinta minutos fijados por la normativa.
El proyecto de ordenanza se encuentra en análisis en el seno de la Comisión de Hacienda, y en ese marco se han realizado encuentros con representantes de entidades bancarias de la ciudad, como el Banco Hipotecario, Santander, Patagonia, Francés, Banco del Sol, HSBC, Macro, Banco Nación y Banco de Tierra del Fuego, que evacuaron inquietudes respecto del alcance de la iniciativa.
En tal sentido, los referentes de las entidades financieras presentaron propuestas que permitan descomprimir la circulación de personas en los bancos, principalmente en días de cobro y pago de impuestos; entre ellas la ampliación del límite de extracción de dinero, lo que permitiría disminuir la atención al público por ventanilla; aspecto que fue plasmado en una nota de Comisión dirigida a la red Banelco y Link, expresando la inquietud de los ediles respecto de la posibilidad de implementar un nuevo límite de extracción.
Asimismo, durante la reunión que se llevó adelante ayer, se acordó la generación de un nuevo encuentro con autoridades del Banco Nación y el Banco de Tierra del Fuego, que se convocará en los próximos días para avanzar en el análisis del proyecto con los referentes del rubro.
Al respecto, el concejal Mario Llanes destacó “el avance en la generación de esta nueva herramienta para los vecinos, a través de una ordenanza que fije el tiempo límite de atención al público, especialmente en entidades financieras o bancarias”, al advertir que “este asunto está siendo estudiado por todos los concejales en la Comisión, y probablemente pueda tenga tratamiento legislativo antes de fin de año”.
“Estoy convencido de que la regulación sobre el tiempo de espera no sólo significará un beneficio importantísimo para los vecinos, sino además contribuirá a la organización y la labor diaria de las entidades afectadas”, sostuvo Llanes, y subrayó “el interés que han manifestado los referentes de este tipo de entidades en la discusión sobre el proyecto; ya que sin su colaboración y buena predisposición resultaría imposible aplicar una normativa de estas características”.
La propuesta del bloque del Partido Justicialista en el Parlamento capitalino se enmarca en antecedentes recientes como la experiencia en la ciudad de Buenos Aires, teniendo su marco jurídico en la Carta Orgánica Municipal y la Constitución Nacional, en lo referido al derecho a la igualdad de trato y oportunidades, condiciones dignas y equitativas de trato y la protección integral de consumidores y usuarios, con el objetivo de regular los tiempos de espera que como máximo debe asumir la atención al público en establecimientos públicos y privados que presten servicios de cobranza de impuestos o servicios y pagos de haberes de todo tipo.
