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a Federación Popular de Transporte de Tierra del Fuego giró el pasado 30 de agosto a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, la primera etapa de la iniciativa que busca reglamentar la ley 26.776, sancionada el 31 de octubre del 2012. En este primer documento, se presentaron los lineamientos generales del proyecto.
La FePoTra asegura que la isla tendrá un quiebre fundamental en lo económico y social a partir de la efectivización del cruce por aguas argentinas y la extensión de la ruta nacional 40 hasta Ushuaia. Afirman que, en un futuro podría conducirse por la ruta nacional 3 ó la ruta nacional 40 –la cual, según la traza elaborada por ellos mismos formaría un perímetro alrededor de la isla, generando así una política de fronteras calientes en nuestro territorio–, cruzar en un puerto ubicado en el Cabo Espíritu Santo por el estrecho de Magallanes al Cabo Vírgenes, en Santa Cruz, donde se instalaría un segundo puerto multimodal, y desde donde podría retomarse la ruta nacional 3 ó la ruta nacional 40.
Los militantes de la Federación Popular del Transporte insisten en la construcción de dos puertos, a cada boca el estrecho de Magallanes, y descartan enfáticamente la construcción de un puente, un túnel, o la posibilidad de cruzar desde la ciudad de Río Grande a Río Gallegos; ya que no sólo aumentaría los riesgos en la travesía sino que además, no cumpliría con el ejercicio de soberanía que generará el cruce corto. Es así que se entiende la insistencia en decir que el cruce por aguas argentinas es más que un simple cruce nacional. Trasciende las demoras y la dependencia con Chile, y confronta con los intereses británicos en el Atlántico Sur. Creen así, que la construcción de dos puertos –uno a cada boca del Estrecho de Magallanes– es fundamental y que, siendo Tierra del Fuego, la isla más grande del país y el centro geográfico argentino, sería de suma importancia pensar en la construcción del mayor apostadero naval de la región en nuestra provincia. Desde aquí deberían controlarse los 6 millones 500 mil km2 de espacio marítimo y resguardar los recursos naturales que hoy depredan las multinacionales desde el visto bueno de la gestión Menem–Cavallo.
La construcción de los buques podría realizarse en el Astillero Río Santiago, conocido por ser el más grande de Latinoamérica y resistente a la ola privatizadora de la última década neoliberal. La ley 26.776 establece que los buques deberían ser portarrodantes y según las demandas y necesidades de nuestra provincia –que no parará de crecer– con dos de ellos, de 120 metros de eslora, 22 metros de manga, 16 metros de puntal y 2 motores de 6.550 HP por hélice bastaría para satisfacer las demandas fueguinas.
Quienes llevan adelante el proyecto aseguran que “la multimodalización del transporte es necesaria para comprender que, ningún modo de transporte podría ser reestatizado tras la diversificación de la economía. Se ha multiplicado tanto el poderío de los grupos empresarios que hace décadas operan en nuestro país, que la dependencia suele ser más compleja de lo que parece. Abaratar los costos, primar la soberanía nacional y los intereses genuinos del pueblo por sobre el afán lucrativo de las corporaciones económicas no significa simplemente pensar en un cruce por aguas argentinas o en la recuperación de los ferrocarriles nacionales, sino ya, la necesidad de multimodalizar el transporte bajo una misma corporación estatal. Los puertos en el estrecho de Magallanes serían el paso inicial para cambiar la historia fueguina”.
