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pesar de la apelación presentada por el Municipio de Ushuaia a la decisión del juez Alejandro Fernández, apenas transcurridas 12 horas de dictado el fallo, el Ejecutivo dio inicio a los trabajos solicitados, comenzando con la planta elevadora de Kuanip y Lapataia.
“Más allá de apelar, entendemos la importancia de actuar con la rapidez y eficiencia que la situación requiere”, destacaron desde la Municipalidad.
A través de un pedido de aclaratoria, se requiere que se establezcan los compromisos de las partes, entendiendo que no puede ser lo mismo el grado de responsabilidad de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) y el Gobierno Provincial, que el de la Municipalidad de Ushuaia.
Desde el Ejecutivo municipal capitalino, se destacó que en relación a las responsabilidades en el sistema cloacal, en la última semana de agosto se firmó un convenio de colaboración entre la Municipalidad de Ushuaia y la DPOSS.
A pesar de que el Municipio no tuviera obligación legal, dicho convenio tiene por objeto llevar a cabo acciones de colaboración entre ambas instituciones, teniendo en cuenta la situación actual del sistema cloacal.
Dicho convenio reafirmaba que la DPOSS procederá al cobro de agua potable y desagües cloacales en una única boleta; asimismo dejaba constancia de que el Municipio invierte recursos propios en el mantenimiento de las redes domiciliarias, colectoras, algunas plantas de bombeo y tratamiento primario, los que quedarán también incorporados al Fondo Ambiental como aporte municipal al saneamiento de la ciudad.
Gobierno inició gestiones para ejecutar las obras dispuestas por el juez
La ministra de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Gabriela Muñiz Siccardi, se refirió a la notificación de dos medidas cautelares dictadas por el juez Alejandro Fernández, en el proceso judicial iniciado por la ONG Participación Ciudadana.
La funcionaria expresó que en base a lo establecido por el magistrado, el Gobierno, la DPOSS y el Municipio “deberán llevar adelante las obras correspondientes al emplazamiento de una barrera física a 50 metros a cada lado del by pass de la planta de bombeo” aclarando que “la intención es impedir el acceso a la costa de Bahía Golondrina, para lo cual también se colocará señalética indicatoria”.
Por otro lado, “se pondrá en funcionamiento la planta de bombeo existente en la intersección de las calles Kuanip y La Pampa” afirmó la funcionaria.
A raíz de las conversaciones mantenidas con la Municipalidad “se acordó que ellos iniciarían los trabajos, a fin de poder finalizarlos en el plazo dispuesto por el juez, que es de 15 días corridos, a partir de hoy”.
Muñiz Siccardi informó además que “desde el Gobierno hemos hablado el día de ayer con el responsable del Área Naval, ya que el predio donde hay que colocar la barrera es propiedad de la Armada, y ellos han prestado su consentimiento y su apoyo para las obras que se deban realizar”.
Para finalizar, la titular de la cartera de Infraestructura expresó que “a medida que se vayan realizando y finalizando las obras se informará al juez”.
