E
l ex legislador Manuel Raimbault le pidió ayer al Gobierno provincial “dar un paso más” en relación al debate sobre la reforma al sistema de selección de jueces y reglamentar por decreto los concursos públicos a través de los cuales se eligen magistrados en Tierra del Fuego.
El abogado que ya había deslizado esa posibilidad al exponer en la tercera y última audiencia pública convocada por el Consejo Económico y Social (CEyS) (realizada el martes en la Escuela 3) insistió en que mientras se transita por la discusión sobre los aspectos a modificarse en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el Ejecutivo debería tener “otro gesto claro acerca del objetivo que pretende”.
Raimbault no es el único que planteó una reglamentación de los concursos vía decreto. Durante las reuniones de trabajo del CEyS también lo había hecho el abogado Eduardo Olivero, quien incluso presentó un escrito fundamentando esa postura.
“Si tal como está planteado, hay un consenso unánime acerca de que el reglamento (interno del Consejo de la Magistratura) tal como está es absolutamente ilegal, porque se convirtió en un reducto concentrado de arbitrariedad, no hay ninguna objeción legal para que el Gobierno reglamente por decreto la ley 8 y convierta así al nombre de un concurso en algo que tenga apariencia de un concurso”, razonó el ex parlamentario.
También precisó que un nuevo reglamento debería estipular “objetiva y preliminarmente cómo se van a valorar los antecedentes (de los candidatos a jueces), cómo se van a valorar las audiencias públicas con la participación de la ciudadanía y cómo se va a determinar el perfil del nuevo juez”, agregó.
El letrado admitió que una medida de esta naturaleza podría acarrear algún tipo de conflicto institucional con los miembros del Consejo de la Magistratura, pero afirmó que “es el precio que debe pagarse para que todos creamos que existe una voluntad inquebrantable de llevar esta discusión hasta el límite que corresponde”.
En ese sentido, Raimbault recordó que el Consejo demandó al Ejecutivo cuando la actual Gobernadora estableció la realización de una audiencia pública como requisito previo al nombramiento de un juez del Superior Tribunal de Justicia.
“Este Consejo dijo en esa oportunidad que las audiencias públicas son inconstitucionales. Y que yo sepa, luego de haber participado de una, no me pareció que se trate de un acto ilícito”, ironizó el ex legislador.
En esa línea, también les pidió a los dos representantes del Gobierno en el Consejo (el ministro Coordinador Guillermo Aramburu y el legislador oficialista Fabio Marinello) que exijan la transparencia de los concursos y manifiesten que el actual reglamento es ilegal.
Criterio discriminatorio
En otro orden, Raimbault amplió el concepto según el cual el principal inconveniente del actual sistema de selección de jueces “no es el tipo de magistrados que se designan, sino los postulantes que se desechan”.
“El criterio de selección arbitraria decide no sólo quien entra, sino quien no entra. Es un criterio ideológico y discriminatorio. Todos los jueces saben, que si fallan en algunos casos con un sentido determinado, su carrera judicial se termina. Y todos sabemos que algunas personas, por nuestro pensamiento ideológico, jamás podríamos ingresar al Poder Judicial, más allá de nuestros conocimientos jurídicos que importan poco en este caso”, afirmó el abogado.
El ex legislador destacó el mecanismo de audiencias públicas implementado por el CEyS, y calificó de “valioso” que se establezca “este criterio de construcción institucional, ya sea porque se va generando mayor legitimidad, o por porque a partir de esto se ha comenzado a recorrer un camino de discusión colectivo de normas”, observó.
