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as autoridades de la Clínica San Jorge siguen exigiendo a los pacientes de cualquier obra social provincial o nacional la firma de un “pagaré en blanco” para realizar cualquier tipo de estudio o prestación médica en ese establecimiento privado.
La polémica modalidad generó una serie de repercusiones durante el mes de septiembre, y motivó la intervención de directores del IPAUSS que salieron a criticar la decisión y a sostener que en un breve lapso de tiempo iba a ser dejada de lado.
Sin embargo, el sanatorio continúa obligando a los pacientes a rubricar un documento que los constituye en “fiadores principales y pagadores solidarios” de la obra social, y que tiene el valor de un título ejecutivo para ser cobrado por vía judicial en un plazo de 30 días.
En términos sencillos, las personas que abonan mensualmente a una obra social o una empresa de medicina prepaga, se comprometen a hacerse cargo de la prestación que reciban si su cobertura social no cumple en tiempo y forma con sus obligaciones con la clínica.
De esta manera, el establecimiento médico privado le transfiere a los pacientes los problemas contractuales que posee con las obras sociales, y lo hace sin distinguir entre las empresas o instituciones que están al día con sus deudas, de las que tiene obligaciones pendientes.
El principal problema es el carácter obligatorio que la clínica le adjudica unilateralmente a la firma del documento, para poder acceder a cualquier servicio médico.
Esa metodología genera conflictos en forma permanente. Por ejemplo esta semana, una mujer afiliada a una obra social nacional se presentó en la clínica para realizarse un estudio que había sido debidamente autorizado por la empresa que le brinda cobertura. Cuando le informaron que debía firmar el “pagaré en blanco”, la mujer se negó, aduciendo que no le correspondía asumir una deuda que en todo caso tendría su obra social, aunque eso no le constaba de ningún modo. La respuesta fue categórica: “si no firma, no la atendemos”. La paciente, directiva de una importante empresa de la ciudad, se retiró ofuscada pero sin ningún lugar adonde a acudir a quejarse.
Es que los funcionarios del Ministerio de Salud, cuando el tema se hizo público en septiembre, adujeron que no podían intervenir porque se trataba de un establecimiento privado, y que la única obligación del Estado era garantizar las prestaciones en los hospitales públicos, si es que la clínica las negaba con este tipo de argumentos.
“Fiador principal, pagador solidario”
Este medio accedió ayer a uno de los “pagaré en blanco” que siguen entregando en mesa de entradas de la clínica. El papel tiene un encabezado donde sostiene que “los sucesivos atrasos de las principales obras sociales provinciales y nacionales, sean consecuencia directa del no pago por parte del empleador, o dificultades propias de su administración, han provocado en la actualidad importantes atrasos que esta empresa no está en condiciones de afrontar”.
“Es importante que comprenda que todo paciente, independientemente de su obra social o empresa de medicina prepaga, deberá firmarlo para acceder a la prestación”, afirma el documento sin dejar lugar para las dudas.
Después sigue un formulario que hay que llenar con el nombre del paciente y donde éste consiente constituirse en “fiador principal pagador solidario, liso y llano, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división”.
“En consecuencia asumo las obligaciones emergentes del tratamiento, práctica o atención que he recibido”, afirma el documento, aunque no se aclara en ningún lado el monto al que la persona se está obligando a pagar.
También se autoriza al “Sanatorio San Jorge SRL a exigir el cumplimiento de la deuda judicialmente a los 30 días posteriores al vencimiento de la obligación asumida por mi cobertura médica por parte de la obra social”.
El director del IPAUSS Maximiliano Heredia había dicho en septiembre que “la situación de la fianza va a quitarse a fines de este mes o comienzos del otro mes”, y que la obra social le iba a dar garantía a la clínica del cobro de las prestaciones.
A su vez, la directora Fresia Aguilar había sostenido que “firmar un pagaré en blanco es totalmente improcedente y no tiene ningún tipo de sustento legal”, y le había recomendado a los afiliados del IPAUSS “no firmar nada”, porque “un cheque en blanco no se le da a nadie”.
