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l Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia suspendió para el año próximo el segundo juicio por el denominado “escándalo de las Letras de Tesorería”, acontecido durante la gestión del ex gobernador Hugo Cóccaro, cuyo inicio estaba previsto para ayer en el edificio de tribunales de Monte Gallinero.
La postergación del enjuiciamiento obedeció al problema de salud que sufrió la esposa del juez Jorge Magraner, uno de los integrantes de la terna de magistrados que debía intervenir en el proceso, según confirmaron en la víspera fuentes judiciales.
Debido a ello, la primera audiencia del juicio fue aplazada hasta el 21 de abril de 2014, y por la proximidad de la feria judicial de verano se descuenta que ya no habrá otros juzgamientos en lo que queda de este año.
El caso investiga si existió una maniobra para sustraer fondos públicos simulando prestaciones de servicios o entregas de mercadería que nunca se habrían concretado. El presunto desvío es de 8.202.315 pesos que fueron pagados con Letras de Tesorería durante la gestión de Cóccaro al frente del Poder Ejecutivo provincial.
El mismo Tribunal ya juzgó este año el denominado “caso Arrébola”, que investigaba otro escándalo con Letras por 1, 7 millones de pesos y que terminó con cinco de los ochos acusados en prisión.
Ese fallo mandó a la cárcel al ex ministro de Economía Horacio Sosa, condenado a tres años y diez meses de prisión de cumplimiento efectivo, igual que la ex agente contratada Mariela Dana y la ex empleada María Lorenzo.
Sin embargo, la condena más dura la recibió el ex Contador General y Tesorero de la Gobernación, Alfredo Iglesias, quien fue sentenciado a cuatro años y tres meses de cárcel. Por su parte el ex director contable del Ministerio de Economía, Horacio Medone cumple una condena de tres años y diez meses de cárcel.
El comerciante Ariel Arrébola, quien proporcionó las facturas en blanco de su negocio Compuline (que permitieron confeccionar expedientes falsos por servicios e insumos nunca prestados) recibió una pena de tres años de prisión.
Papeles falsos
La causa de las letras de tesorería se originó a partir de una denuncia formulada por la actual gobernadora Fabiana Ríos en 2008, e involucra a diez personas entre ex funcionarios y comerciantes de una conocida firma proveedora de alimentos.
La lista de procesados incluye al ex ministro de Economía, Raúl Berrone, a la ex secretaria de Desarrollo Social Ana Esparza y al ex Contador General Alfredo Iglesias, además de los empleados Horacio Medone, María Lorenza Moreno y Juan Carlos Pacheco, y a dos comerciantes de la firma proveedora, Gualdesi Hermanos.
También fueron procesados el secretario contable del Tribunal de Cuentas, Emilio May, a quien se le imputa haber levantado las observaciones que luego posibilitaron el pago de los expedientes, y el empleado de planta Isidro Ferreyra, quien habría conformado las facturas de la operatoria.
El juez Javier De Gamas Soler emitió un primer pronunciamiento sobre el caso el 18 de noviembre de 2008. Allí dio por demostrado que los implicados falsificaron 18 facturas tipo B y remitos, además de alterar, suprimir y modificar otros documentos administrativos, con el fin de hacer figurar como legal, una operación que nunca se habría llevado a cabo.
Para ello, y según el magistrado, los responsables de la proveedora reclamaron por carta documento una deuda inexistente, mientras que los funcionarios agregaron documentos falsos para “acreditar” la operatoria.
El juez también dio por comprobado que el expediente administrativo fue iniciado con facturas originales emitidas en el año 2006, con el fin de engañar a los organismos de control. Y que después se habrían cambiado las facturas reales por las falsas.
“Estamos en condiciones de afirmar que entre el 29 de junio y el 1 de noviembre de 2007 se cambiaron las facturas originarias por las copias que actualmente están agregadas al expediente”, afirma el juez en la resolución judicial de 2008. Y agrega que luego fueron sustituidos otros cuatro documentos porque “la descripción de las facturas anteriores no coincidía con las actuales imitaciones”.
Según De Gamas, “las notas neurálgicas para la consumación de la maniobra fueron confeccionadas en la computadora que utilizaba” uno de los acusados.
“Resulta hasta ridículo discutir si se concretó o no la prestación, pues más allá de que se la intenta justificar con documentos totalmente apócrifos y explicaciones absurdas, la deuda nunca fue registrada en los estados contables de la firma Gualdesi, tal como se desprende del peritaje contable realizado en autos”, razona el juez. Y concluye que “a esta altura podemos afirmar entonces que no sólo se han falsificado las facturas y remitos que hoy están glosados al expediente de pago, sino que además los documentos se fueron alterando, suprimiendo, modificando y agregando según resultaba conveniente a los oscuros intereses perseguidos por los imputados”.
“Es tal el desprecio a las instituciones que denota el accionar de los imputados que ya ni siquiera se tomaban la molestia de reimprimir la documentación (insisto: material o ideológicamente falsa) al efectuar alguna sustracción o modificación en el expediente de modo que la foliatura sea correlativa”, señala también el mismo magistrado.
Luego ese fallo fue ratificado por la Cámara de Apelaciones y la causa fue elevada a juicio, aunque en forma paralela se siguió investigando la responsabilidad de otros funcionarios, como la del ex gobernador Cóccaro cuya situación procesal aún no está definida por completo.
