E
l anuncio de la Asociación Participación Ciudadana sobre su retiro de la comisión redactora de los proyectos para reformar el Consejo de la Magistratura, deja a la deriva el intento del Gobierno Provincial por cambiar algo en la estructura de funcionamiento del Poder Judicial.
La ONG que había sido pilar fundamental de la iniciativa impulsada en persona por la propia gobernadora, Fabiana Ríos, se fue dando un portazo y denunciando al Gobierno de “montar una escenografía” y de mantener un “doble estándar” entre su discurso y sus acciones concretas en materia de transparencia.
El hecho que colmó la paciencia de la entidad fue la votación realizada la semana en el Consejo de la Magistratura, mediante la cual se resolvió por unanimidad el rechazo de dos pedidos de jury de enjuiciamiento contra la jueza Civil de Ushuaia Adriana Rapossi.
Más allá del sentido de la votación, la ONG cuestionó que los representantes del partido gobernante (el ministro Coordinador de Gabinete, Guillermo Aramburu y el legislador Fabio Marinello) votaron sin fundamentar su postura, algo que la propia Gobernadora se había autoimpuesto a través del decreto 1967/13. Si bien esa norma se refiere a los procesos de preselección y selección de magistrados (y en el caso de Rapossi se evaluaba un pedido jury) desde la ONG interpretaron que el espíritu del decreto fue que dejaran de haber decisiones arbitrarias, sin explicaciones racionales.
“No puede ser que mientras por un lado se intenta abrir un proceso de discusión comunitaria, para lograr un Poder Judicial más democrático, con un mayor nivel de rendición de cuentas, por otro lado el propio Gobierno que impulsa esa reforma siga actuando como si no pasara nada. Es sumamente contradictorio”, explicó Guillermo Worman, director ejecutivo de Participación Ciudadana.
Worman habló también de un “doble juego” o “doble estándar” del Gobierno, que “planta banderas teóricas mientras en la práctica sus consejeros actúan de otra manera”.
El dirigente social cuestionó, además, que el Ejecutivo puso a disposición los canales públicos de televisión para transmitir las audiencias públicas sobre la reforma judicial, pero no hizo lo mismo con la sesión del Consejo de la Magistratura donde se trató el caso Rapossi.
Y también se mostró molesto porque en entrevistas periodísticas, el ministro Aramburu declaró que las reformas judiciales dependían exclusivamente de la Legislatura. “Si es así para qué enviaron el proyecto de reforma al Consejo Económico y Social, para qué convocaron a tres audiencias públicas y para qué llamaron a una comisión redactora de proyectos. Bastaba con enviar la iniciativa original a la Legislatura”, afirmó Worman.
Sin timón
El Gobierno lanzó el proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura como una manera de retomar iniciativa política luego del desgaste que sufrió tras el prolongado conflicto con el sector docente, que terminó con la toma de la Casa de Gobierno en mayo último.
La idea original era modificar la ley provincial Nº8 (de funcionamiento del organismo) tomando varias iniciativas anteriores impulsadas por Participación Ciudadana, que así ingresó en el debate con un rol protagónico.
Los primeros pasos de la discusión fueron enriquecedores: participaron integrantes de consejos de la magistratura de otros lugares del país (Entre Ríos y Chubut) opinaron sindicatos, abogados, jueces, y se incorporó la iniciativa de modificar la conformación de la Magistratura local mediante una enmienda constitucional.
Las tres audiencias realizadas después en Tolhuin, Río Grande y Ushuaia (que coordinó la ONG con ayuda de la Universidad de Tierra del Fuego) sirvieron para fijar los ejes de una eventual reforma.
Un mayor equilibrio entre la representación política y la judicial en el Consejo, la incorporación de ciudadanos comunes, la amplia difusión de cada uno de los pasos de la selección de un juez, la creación de jurados académicos y la exclusión del Fiscal de Estado, fueron algunos los puntos centrales acordados durante el debate.
Sin embargo, la Gobernadora decidió luego llamar a una comisión redactora de los proyectos que serían enviados para su análisis a la Legislatura. Su tarea sería sintetizar ese proceso de discusión comunitaria iniciado en el Consejo Económico y Social y profundizado en las audiencias públicas.
El organismo de trece miembros, cuenta con seis abogados (entre los dos representantes de Ushuaia, dos de Río Grande y dos miembros de la Asociación de Magistrados). Los otros siete se dividen entre centrales trabajadoras (CGT y CTA), el propio Gobierno, la Universidad y Participación Ciudadana.
Lo cierto es que los letrados aprovecharon una ocasional mayoría (faltaba un miembro de la ONG, uno del Gobierno y el de la Universidad) para aprobar la redacción de proyectos que contradijeron el espíritu de la discusión anterior, y que garantizan una representación exagerada de abogados y jueces en el nuevo Consejo de la Magistratura.
Este episodio fue el primero que resquebrajó la relación entre Participación Ciudadana y el Gobierno, ya que las autoridades del Ejecutivo, lejos de reaccionar, avalaron con silencio o con declaraciones neutrales el brusco cambio de rumbo de la discusión.
Después, el “caso Rapossi” encendió la mecha y la situación explotó. Ahora el Gobierno tiene en sus manos proyectos que van en contra de su inquietud original, con funcionarios que actúan al revés que los propios límites fijados por la Gobernadora y con su principal socio en la discusión afuera después de un portazo. Con todo, la reforma judicial pasó de tener un rumbo firme y sostenido, a convertirse en una abandonada embarcación a la deriva.
