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utoridades policiales y del Municipio capitalino cumplieron ayer con una resolución judicial que ordenaba el desalojo de dos módulos habitacionales que habían sido ocupados ilegalmente días atrás en el Valle de Andorra.
La medida fue dictada por el Juzgado de Instrucción Nº 2 a cargo de la jueza María Cristina Barrionuevo, quien dispuso los desalojos de los módulos Nº 28 y 30 que habían sido intrusados clandestinamente, inmuebles destinados por la Municipalidad a los procesos de saneamiento y relocalización de las últimas familias que quedan en uno de los turbales urbanos de la zona conocida como “10 de Febrero”.
El procedimiento contó con la presencia de la Dirección de Políticas de Infancia debido a la presencia de menores, sin embargo éstos fueron retirados por familiares de los ocupantes que se acercaron al lugar.
Resultó notorio el grado de agresividad de los jóvenes de apellido Atayra y Heredia que ocupaban el Módulo Nº 28, ya que en todo momento profirieron insultos, agresiones y amenazas contra el personal municipal y policial, cuestionando la orden judicial y exigiendo la presencia de funcionarios del juzgado en el lugar. Pese a ello optaron por retirarse del interior de la vivienda.
Por otro lado, la totalidad de los efectos personales de ambos desalojos quedó sobre la calle, ya que los ocupantes no aceptaron la posibilidad de que el Municipio los trasladara a lugar que ellos indicaran o que se procediera al resguardo de los mismos en el depósito destinado a tal fin.
A la fecha resta recuperar un módulo habitacional, cuya causa tramita en el Juzgado de Instrucción Nº 1 a cargo del juez Javier De Gamas Soler.
