Reforma judicial

Ríos impulsará proyecto para rescatar el “espíritu” de la reforma judicial

30/12/2013
C
on el objeto de preservar el “espíritu” de la reforma judicial que impulsó su gestión, la gobernadora Fabiana Ríos anticipó a EDFM la presentación de un contra-proyecto alternativo a los dos presentados por la Comisión Redactora que convocó el Ejecutivo para plasmar en una iniciativa el debate que se inició en el Consejo Económico y Social, y que se profundizó en las audiencias públicas realizadas en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia.
Es que los objetivos primigenios de abrir el Consejo de la Magistratura a la participación ciudadana, y de tender al equilibrio en la representatividad de los poderes político y judicial en el mismo espacio, quedaron de lado en las iniciativas elaboradas por la Comisión Redactora. Al punto que la presencia de los ciudadanos quedaría reducida a un solo representante, mientras que se privilegiaría en la integración del Consejo a la corporación judicial, del mismo modo que la conformación actual beneficia a la corporación política. Además, Ríos observó que tampoco se tuvieron en cuenta los planteos surgidos en los espacios de debate ciudadano.
Cabe mencionar que ambos proyectos elevados por la Redactora a la gobernadora Fabiana Ríos contemplan llevar los miembros de la Magistratura de 7 a 14. Y ambos eliminan como integrantes del cuerpo al Fiscal de Estado.
La única y mínima diferencia entre estas iniciativas está marcada por el sector de pertenencia de los integrantes. La primera incluye a cuatro abogados de la matrícula, tres jueces, un integrante del Superior Tribunal de Justicia, dos empleados judiciales, dos legisladores, un integrante del Poder Ejecutivo y un ciudadano. La segunda prevé tres legisladores en vez de dos y solo un representante de los empleados de la Justicia, en tanto que las otras cantidades no se modifican.
Durante la entrevista que mantuvo con este medio, Ríos valoró que “el proceso de audiencias públicas fue muy rico” aunque advirtió que “en el medio de la Comisión Redactora se dieron una serie de circunstancias que tienden a desnaturalizarlo”. Y agregó que el proceso “va a tener un cierre, una evaluación política y una presentación en la Legislatura”.
La Mandataria provincial apuntó que “no hay a la vista próximas elecciones en el marco del Consejo de la Magistratura” y en función de ello “hay que fortalecer los fundamentos que dieron origen a la discusión” de la reforma.
En esa línea, resaltó que “hace 12 años que de una u otra manera el tema se viene planteando, pero este año se logró un consenso social sobre qué cosas hay que discutir, y hay que ir avanzando en ese sentido”.
“Se dio un paso adelante, quizás fue más lento que lo que uno hubiese querido y estoy segura de que hubo un intento de desnaturalización de lo que se planteó”, analizó.
Ríos enfatizó que “la idea (de la reforma) es que haya una distribución de poder tal que todas las partes tiendan al beneficio de la comunidad”.
En tanto, como consecuencia del debate la Comisión Redactora “elevó dos proyectos que estoy evaluando, y en base a ellos quiero reenviar un contra– proyecto” que “de alguna manera rescate el espíritu no solo del que presentó el Ejecutivo, si no fundamentalmente el resultado de las audiencias públicas”.
Para Ríos “lo que no puede haber, en la búsqueda de un proyecto común, es una acumulación de datos que no tenga una concatenación fundada”, es decir que “si la audiencia pública dio como resultado algo, la Comisión Redactora deberá explicar por qué eso se deja de lado”. Y advirtió: “No puede haber en la redacción una expresión sin fundamentos, y verdaderamente no los hubo”.
La modificación del Consejo de la Magistratura requiere una enmienda constitucional para cambiar el artículo 160 de la Constitución provincial, decisión que debe tomar la Legislatura por mayoría de dos tercios, y además haría falta convocar a un referéndum popular.

Sin doble juego

Por otra parte, la Gobernadora negó que haya habido un “doble juego” del Ejecutivo en el proceso que derivó en la desestimación del pedido de jury de enjuiciamiento contra la jueza Civil y Comercial de Ushuaia, Adriana Rapossi.
Esa lectura surgió a partir de la falta de fundamentación por escrito de la postura del representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, en este caso el jefe de gabinete Guillermo Aramburu, cuando por decreto la propia mandataria había autolimitado las facultades de su representante en ese ámbito obligándolo a la fundamentación, aunque aclarando que lo haría en caso de la elección de un magistrado y no en un proceso de jury.
“El decreto habla solamente de la fundamentación por escrito en el proceso de selección de jueces y no en el jury. Ese fue un error mío, francamente se nos pasó, no hubo ningún doble juego. Hubo un error de quienes redactamos el decreto y habrá que corregirlo”, fundamentó la jefa del Estado provincial.

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