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menos de 24 horas de haber promulgado la ley de presupuesto 2014, el Poder Ejecutivo remitió al parlamento, con trámite de urgencias, un proyecto de modificación a la iniciativa que fuera sancionada a fines del año pasado por la Legislatura que la administración Ríos considera “una propuesta superado a la anterior, que allana el camino al normal funcionamiento de la Administración Pública Provincial en su conjunto, dando sustento a lo actuado hasta la fecha”, por cuanto se sostiene que cumple con “los principios de universalidad, unidad, acuciosidad y equilibrio, entre otros”.
El proyecto en cuestión propone incrementar, respecto del presupuesto vigente, el cálculo de gastos en 578 millones de pesos, llevándolo de los 8.236 millones de pesos previstos por la Legislatura a 8.814 millones de pesos.
En cuanto a la estimación de ingresos, el Ejecutivo la calculó en 8.657 millones de pesos, unos 265,5 millones de pesos más que los 8.391 millones de pesos que habían autorizado inicialmente los parlamentarios por unanimidad.
Esto implica pasar de un presupuesto superávitario en 156 millones de pesos a otro que contempla un déficit de 157 millones de pesos, por lo que se previó un endeudamiento por 279 millones de pesos, contra los 111 millones que contempla la ley actualmente en vigencia.
Según trascendió, los legisladores estaban al tanto desde el momento mismo en que resolvieron votar un proyecto que modificaba sustancialmente las previsiones presupuestarias originalmente elaboradas por el Ejecutivo, que lo aprobado el 5 de diciembre de 2013 iba a ser reformulado por la cartera económica provincial para encuadrar los números a la realidad. De allí que todo haga suponer que el Parlamento vaya a optar por dejar correr los plazos legales para que el proyecto que sustituye los 6 primeros artículos de la ley 959 quede convalidado de hecho.
Esta decisión podría leerse como una especie de acuerdo político tácito entre ambos poderes para encontrar una salida no traumática a las claras divergencias de opinión que se plantearon a partir de los recortes que los legisladores resolvieron incorporar al presupuesto 2014. Es decir, desde el Ejecutivo se evitó el camino del veto que lo hubiera obligado a desnudar lo que, a su entender, son una serie de severas falencias técnicas en la que incurrió el Parlamento al momento de elaborar un proyecto alternativo de presupuesto y que podría haber generado una confrontación política con la oposición legislativa. En tanto que a la Legislatura le evitaría quedar mal parada por haber aprobado un presupuesto de imposible cumplimiento.
Por ello, podría decirse que se está casi ante un veto encubierto consentido por ambas partes.
