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gotados los plazos legales para que el Parlamento rechazara el veto parcial al proyecto de creación del Consejo de Planificación, el Poder Ejecutivo procedió a promulgar la ley que da vida a ese órgano consultivo que tiene rango constitucional.
Con el dictado del decreto 154/14 -del pasado martes 21 de enero- la dirigencia política fueguina viene a saldar una deuda de 23 años de demora, ya que ese el tiempo que demandó a los Poderes Legislativo y Ejecutivo coincidir en la necesidad de dar vida al Consejo de Planificación, instituto cuya conformación está contemplada en el artículo 75 de la carta magna fueguina como órgano encargado de dirigir y actualizar permanentemente la planificación del desarrollo provincial.
Para que este órgano consultivo, cuyos “dictámenes, informes y documentos deberán estar fundados científica y técnicamente y no serán vinculantes para las acciones gubernamentales ni deberán estar limitados a un único período de Gobierno”, comience a funcionar en la práctica resta aún que sus miembros sean designados y se le destinen los recursos económicos previstos en la ley.
El Consejo estará integrado “ad-honorem” por 2 representantes de las cámaras de la Industria; 2 representantes de las cámaras de Comercio; 4 representantes de los sectores del trabajo con personería gremial, 2 del sector público y 2 del sector privado; 1 representante de cada Universidad con asiento en la Provincia; 1 representante de cada Municipio de la Provincia; 1 representante del Poder Ejecutivo Provincial y 2 representantes del Poder Legislativo, los que serán propuestos por ternas de cada uno de los sectores para que los designe, con acuerdo de la Legislatura, el Poder Ejecutivo. Los consejeros contarán con la colaboración del personal técnico o administrativo designado al efecto.
Para garantizar su adecuado funcionamiento contará con un presupuesto propio que estará con el monto que anualmente determine el Presupuesto General de la Provincia; los aportes provenientes de la asistencia técnica o financiera provincial, nacional o internacional, y los ingresos provenientes de la prestación de sus servicios a instituciones privadas, órganos o entes nacionales o de terceras provincias o internacionales, o aquellos que resultaran de la venta de sus publicaciones.
El Consejo de Planificación -que tras el veto del Ejecutivo convivirá con el Consejo Económico Social- actuará como un órgano consultivo dependiente del Poder Ejecutivo, que tendrá por finalidad dirigir o actualizar “el planeamiento de la Provincia con respecto a la promoción económica o social y, en particular, la ejecución de las obras públicas o de interés general”.
Entre sus funciones se encuentran la de “asesorar a los poderes del Estado sobre los objetivos, políticas y estrategias para el desarrollo sostenido de la Provincia”; “analizar la evolución económico-social de la Provincia, de acuerdo a los objetivos que establezcan los poderes del Estado”; “proponer al Poder Ejecutivo las medidas tendientes a encausar la inversión pública o privada, de acuerdo a la política de desarrollo de la Provincia”; “analizar las resoluciones o planes de inversión de los organismos nacionales que se relacionen con la provincia”; “formular o evaluar los planes o programas provinciales de desarrollo, compatibilizándolos con los de la Nación y de la región patagónica”; “elaborar programas o proyectos de desarrollo que permitan captar fondos provenientes de organismos oficiales o privados, nacionales o extranjeros”; “analizar los proyectos de asistencia financiera o técnica que se propongan en la provincia asesorando al Poder Ejecutivo sobre las medidas más convenientes”; “proponer planes de coordinación de las relaciones técnicas entre la Provincia con los órganos, entes, empresas nacionales o consejos federales” y “formular las prioridades en materia de política de ciencia y técnica”.
Para ello estará facultado a “generar, recolectar y procesar información relevante, económica, tecnológica, demográfica, social, política y cultural a los efectos de la formulación de escenarios y tendencias y de la realización de análisis comparados de situaciones análogas, tanto a nivel nacional como internacional”; “desarrollar estudios e investigaciones sobre los problemas y la agenda estratégica de la sociedad y elaborar periódicamente informes técnicos y documentos de prospectiva, que contengan diagnósticos de la situación local e internacional, estado del arte en dichas temáticas, formulación de escenarios futuros y elaboración de lineamientos y propuestas estratégicas de largo plazo, que contemplen los requerimientos y consensos necesarios para su aplicación” y “alentar la cooperación pública-privada y la vinculación científica-técnica con los diversos actores políticos, económicos y sociales de la Provincia y promover el intercambio de conocimientos y experiencias a través de seminarios, jornadas, talleres y congresos” entre otras atribuciones conferidas por la ley 960.
La décimo cuarta fue la vencida
Desde 1991, año en que comenzaron a funcionar las instituciones de la por entonces flamante Provincia de Tierra del Fuego, fueron presentados ante la Legislatura 14 proyectos de ley que impulsaban la creación del Consejo de Planificación, pero recién el año pasado prosperó la iniciativa que en 2012 impulsó el bloque de la Unión Cívica Radical.
La primera vez que se propuso dar cumplimiento a lo que determina la constitución provincial fue en 1991, pero el proyecto de la UCR no superó el tratamiento en comisión. En 1993, el radicalismo volvió a fracasar en su intento por dotar al estado fueguino de ese órgano. A pesar de ello, en 1995 insistió una vez más. En esa oportunidad tuvo un poco más de suerte que en las anteriores ya que, por lo menos, el proyecto obtuvo al año siguiente dictamen favorable en comisión aunque posteriormente no fue tratado en sesión. En ese mismo 1996 la bancada del Movimiento Popular Fueguino propuso, también sin éxito, crear el Sistema Provincial de Planificación. Cuatro años después, en mayo de 2000, ese mismo bloque impulsó la creación del Consejo de Planificación y Concertación, iniciativa en la que insistió en 2002.
Ya en el año 2004 fueron los bloques del Partido Justicialista y del Movimiento 26 de Abril los interesados en lograr dar vida a ese Consejo, objetivo que obviamente no consiguieron.
En 2005, por primera y única vez fue el Poder Ejecutivo quien pretendió dar cumplimiento a lo previsto por la Constitución en su artículo 75, pero su iniciativa fracasó al igual que la que durante ese mismo año fuera presentada por el bloque Afirmación para una República Igualitaria. El ARI tampoco logró imponer este tema en la agenda legislativa del 2007.
En 2008 fue el bloque del Frente para la Victoria quien presentó un proyecto de ley de creación del Consejo de Planificación. Otro tanto hizo en 2011 la bancada del Partido Justicialista.
Ya en el año 2012 fue el bloque del radicalismo el autor de una nueva propuesta. El proyecto ingresado en noviembre de ese año obtuvo dictamen de comisión el 14 de noviembre de 2013. Siete días después, en la sexta sesión ordinaria del año pasado, la Legislatura sancionó por unanimidad la creación del Consejo de Planificación, salvo en lo referido al artículo que preveía la desaparición del Consejo Económico y Social. Esa propuesta puntual resultó aprobada con los 9 votos de los legisladores del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, Movimiento Popular Fueguino y Partido Popular Patagónico, y la oposición de los parlamentarios de la Unión Cívica Radical; del Partido Social Patagónico y del Partido Popular. El 13 de diciembre del año pasado, y en consonancia con la postura minoritaria dentro de la Cámara y la opinión surgida desde el propio Consejo Económico y Social, el Poder Ejecutivo vetó ese artículo.
En estos 23 años, Tierra del Fuego tuvo 7 Gobernadores y 90 Legisladores que aprobaron más de 900 leyes.
