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a causa judicial donde se investiga si existió lavado de dinero en las operatorias realizadas por la empresa fantasma Glisud SA fue remitida a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para dirimir una cuestión de competencia, según confirmaron a este medio fuentes vinculadas al caso.
El máximo organismo judicial del país deberá resolver ahora si la investigación por presunto lavado debe continuar en el juzgado de instrucción de Primera Nominación de Ushuaia, a cargo del juez Javier De Gamas Soler, o en el Juzgado Federal de Ushuaia, que conduce el juez Federico Calvete.
Es que ambas jurisdicciones, la provincial y la nacional, se declararon incompetentes y consideraron que la responsabilidad de investigar corresponde a la otra órbita.
Glusud es la firma fundada por dos ancianas indigentes y con domicilio en un prostíbulo de Buenos Aires, que operó durante la gestión del ex gobernador Carlos Manfredotti para adquirir créditos del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego a precios subvaluados.
La Justicia provincial ya procesó a directivos de la empresa vinculados con el manfredottismo y a ex directivos del Fondo Residual, en una causa relacionada con una operatoria de 2002. En ese expediente se sospecha (ya que aún no hubo juicio) que Glisud logró quedarse con varios préstamos del BTF a través de una operación fraguada, con una oferta falsa y la supuesta colaboración de Los funcionarios públicos de la época.
Sin embargo, en otra causa paralela, el juez De Gamas inició una investigación para determinar el origen de Los fondos con que se llevó a cabo aquella operatoria.
El magistrado pidió entonces un dictamen del ex fiscal general de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Raúl Omar Pleé, quien se pronunció de manera lapidaria acerca de la necesidad de profundizar la pista del lavado.
El punto más saliente de ese dictamen es que Pleé pidió imputar del delito al ex vicegobernador Daniel Gallo, relacionado de diversas formas con la causa Glisud pero nunca indagado hasta la fecha.
En el documento de veinticinco páginas suscrito por el ex fiscal se solicita también investigar al presidente de Glisud, Enrique Pinto, a la vicepresidenta e hijastra suya, Melina Solari, a la ex representante de la empresa, Graciela D´adamo y al ex titular del Fondo Residual, Gustavo García Casanovas.
A raíz de ese pronunciamiento, y luego de haber adoptado una serie de medidas probatorias, como un allanamiento en una empresa uruguaya, De Gamas declaró la incompetencia para seguir interviniendo y giró Las actuaciones al fuero Federal, el 18 de marzo del año pasado.
No obstante, en ese ámbito primó el criterio de que el supuesto delito fuente del lavado fue la corrupción gubernamental, por lo que la causa debía seguir investigándose en el fuero provincial.
Ante la disidencia, el caso pasó a la Corte Suprema donde se espera, primero, un dictamen de la Procuración General y luego la opinión de Los diferentes miembros del tribunal.
Círculo de corrupción
Como ya publicó EDFM, ex fiscal Plée analizó Las complejas circunstancias que rodearon la actividad de la empresa Glisud en Tierra del Fuego, y llegó a una conclusión reveladora: consideró que existen elementos para sospechar que el dinero usado para comprar Los créditos subvaluados del Fondo Residual no surgió de un préstamo de una empresa uruguaya (como se habría querido simular) sino que se trataría de “plata negra” de la corrupción en Tierra del Fuego.
Es decir que la operatoria cerraría un círculo ilícito mediante el cual se habrían usado recursos apropiados del Estado para concretar un negociado en la provincia con esos mismos fondos.
“Considero que existen variados elementos de prueba, directos e indiciarios, para suponer prima facie un aparente desvío de recursos provinciales bajo una misma dirección, extremo que, indiciariamente, determina el origen espurio del dinero que se aplicó a la compra de los títulos de deuda” con los que después operó Glisud en la provincia, sostiene Pleé en su dictamen.
Y más directamente, el fiscal afirma también que “los activos aplicados a la compra de títulos habrían provenido de un delito asociado a la corrupción del Estado”.
