Causa judicial por la contaminación

Cloacas: denuncian incumplimiento del acuerdo entre Gobierno, Municipio y la DPOSS

20/02/2014
L
a Asociación Participación Ciudadana denunció el incumplimiento parcial del acuerdo suscrito en noviembre de 2013 por el Gobierno provincial, el Municipio de Ushuaia y la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) para llevar a cabo un plan de obras urgentes que mitiguen la contaminación de la costa de la ciudad por el vertido de efluentes cloacales.
El acuerdo había sido homologado por el juez Civil Alejandro Fernández con el fin de evitar el dictado de una medida cautelar que impusiera a las partes la obligación de concretar los trabajos.
Sin embargo, desde la ONG argumentaron en un escrito que la puesta en marcha, tanto de la estación elevadora Costa de los Yámanas, como la de tratamiento de efluentes ubicada en el Hospital Regional Ushuaia, no sólo continúa sin realizarse, sino que no hay ningún preparativo para que así suceda.
De este modo, el juez le corrió vista del expediente a las autoridades estatales y luego de ello podría tomar medidas que van desde la aplicación de multas, por incumplir una disposición judicial a la que se comprometieron, hasta la remisión de las actuaciones a la Justicia penal.
De hecho, el magistrado también le envió el incidente a la oficina de fiscales para que se expida sobre lo ocurrido, y desde ese ámbito podría gestarse el inicio de una causa penal contra los funcionarios involucrados.
“Venimos por el presente a denunciar el incumplimiento parcial de los términos del acuerdo aprobado (…) solicitando que se intime al cumplimiento efectivo de la cláusula primera (…) bajo apercibimiento de aplicar multas por cada día de incumplimiento, individualizando a los funcionarios que deberán ser responsables del cumplimiento de la medida y, en su caso, de remitir copia certificada de las actuaciones a la justicia penal, para el caso de que se mantenga el incumplimiento denunciado”, puede leerse en la presentación realizada por el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Guillermo Worman, con el patrocinio de los abogados Manuel Raimbault y Noelia Carrasco.
De acuerdo a la postura de la ONG, en lo concerniente a la planta del Río Pipo y del Hospital, “ninguna constancia existe en el expediente respecto de los avances concretados”.
Desde la entidad puntualizaron que el acuerdo obligaba a las partes a informar de manera conjunta al tribunal el estado de los trámites inherentes al inicio de las obras, algo que no ocurrió, como así también cualquier inconveniente o retraso.
“Así las cosas, la ausencia absoluta de información sobre los avances, por sí misma, resulta demostrativa del incumplimiento. Pero lo grave no es el mero incumplimiento formal de poner en conocimiento, sino la continuidad y agravamiento –por acumulación contaminante– de los ya gravísimos daños ambientales”, agrega el escrito de la ONG.
Y en cuanto a la intimación referida a la situación del Hospital Regional Ushuaia, “hasta el momento lo único que se ha informado es el completo incumplimiento de lo dispuesto por el tribunal”, afirma también la presentación.
Es que la DPOSS y el Estado provincial remitieron una nota al juez en la que si bien reconocen que la planta hospitalaria “se puede poner en funcionamiento desde el punto de vista electromecánico”, como “el vuelco de líquidos (cloacales) es similar al del resto de la ciudad” se sugiere “considerar la posibilidad de la puesta en funcionamiento de la misma junto con todo el sistema”.
“Demás está decir que el funcionamiento de “todo el sistema” no tiene ningún plazo, ni siquiera provisional. Es decir, a la intimación del tribunal respecto de que la “puesta en marcha y funcionamiento” de la planta del H.R.U. Se realice “con carácter urgente”, la respuesta ha sido –en nuestra opinión– verdaderamente lamentable. Decir que cumplirán la orden, cuando funcione “todo el sistema”, a la luz de los hechos ventilados en la causa, resulta un eufemismo que suaviza una devolución brutal: no han cumplido la orden judicial, aún cuando el incumplimiento implica riesgos gravísimos”, puede leerse en el escrito presentado ante el juez Fernández.
En tanto, en la zona céntrica, donde se concentra la mayor cantidad de población, deberá concretarse la desobstrucción del colector cloacal de la avenida Maipú, y llevarse a cabo un mantenimiento periódico, trabajos que se encuentran en proceso de licitación.

Entre todos o nadie

La causa judicial iniciada por la ONG es la Nº 15.447, caratulada “Participación Ciudadana contra Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego y otros sobre acción de protección de intereses difusos”.
El juez Fernández aún no resolvió la cuestión de fondo (es decir cómo se va a solucionar el problema de la contaminación cloacal de manera estructural) pero sí delimitó las medidas urgentes que se deben adoptar en función de la opinión de expertos escuchados en una audiencia pública.
Al ratificar el acuerdo que ahora se denuncia incumplido, el magistrado ponderó que se hubiera llegado a esa solución por consenso entre las diferentes partes.
“Hacer caso omiso a este acuerdo de partes, disponiendo medidas urgentes, implicaría poner sobre los demandados la Espada de Damócles, apartándome de lo que ya tuve oportunidad de decir en la resolución dictada el 16 de septiembre, en el sentido de que “al tema debatido lo resolvemos entre todos o no lo resuelve nadie”, había sostenido el juez.

Etiquetas