L
a polémica sobre el proyecto del Gobierno para desfederalizar la lucha contra el narcotráfico en la provincia alcanzó ayer su punto de máximo voltaje, desde el anuncio realizado por la gobernadora Fabiana Ríos de que enviaría el proyecto de ley a la Legislatura.
El debate subió de temperatura cuando comenzaron a acumularse voces contrarias a la viabilidad de la iniciativa por parte de varios referentes del Poder Judicial.
El primero en plantear objeciones había sido el camarista penal de Río Grande Julián De Martino, quien aclaró que lo hacía a título personal y no como presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tierra del Fuego.
Sin embargo, ayer se conocieron otras opiniones de similar tenor. Una fue la del fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia, Oscar Fappiano, quien apeló a una figura popular al sostener que el proyecto implicaba “comprar un buzón”.
Por su parte, el camarista Civil Ernesto Loffler, declaró en Río Grande que “trabajar” en la lucha contra las drogas “no sólo es desfederalizar sino invertir en políticas de prevención y de tratamiento. No es sólo reformar para buscar un efecto político”, fustigó.
Las reacciones adversas motivaron, luego, la reacción de la propia gobernadora Ríos, a través de una entrevista concedida a FM del Pueblo, también en la ciudad del norte provincial.
La mandataria expresó “preocupación y temor” por la negativa de los magistrados a discutir el proyecto de desfederalización, pero sobre todo por la falta de fundamentos que su criterio encierran ese tipo de posturas.
Por ejemplo Ríos hizo hincapié en que los críticos del proyecto se refieren a la falta de presupuesto que existe para encarar una reforma cuyo contenido implicaría abrir nuevas fiscalías y hasta crear un área de la policía especializada.
Sobre ello, la titular del Ejecutivo recordó que la ley nacional (a la que adheriría la provincia si los legisladores expresan esa voluntad) contempla asignaciones de fondos especiales.
Según la Gobernadora, pareciera que se intenta “negar la realidad” en vez de admitir que las drogas están arruinando la vida de muchos jóvenes y “eso no habla bien de nosotros como comunidad”, señaló.
En ese punto es que Ríos exigió argumentos y pidió que “dejen de gritarme idiota. Empiecen a demostrarme que soy una idiota y que todo lo que propuse no sirvió de nada. Y díganme por qué no sirvió nada, en ocho años”, aseveró.
Comunicado del Superior Tribunal
El cruce de declaraciones por el tema narcotráfico llegó hasta el punto en que el propio Superior Tribunal de Justicia se sintió en la necesidad de expresar que las opiniones de los jueces y magistrados corrían por cuenta de ellos, y que no representaban el sentir de todo el Poder Judicial.
Un comunicado firmado por el secretario de Superintendencia del STJ, Carlos Straticco, enfatizó ayer que “ante las expresiones efectuadas por magistrados y funcionarios en relación con la denominada “desfederalización de la lucha contra el narcotráfico”, el Superior Tribunal de Justicia deja constancia que las mismas lo han sido a título personal de cada uno de aquéllos, y no refleja la visión del tribunal en el sentido de que tal posibilidad merece ser analizada en su alcance y consecuencias”.
El escrito agregó que “es necesario puntualizar dentro y fuera del Poder Judicial, que la política judicial la determina el Superior Tribunal de Justicia, atendiendo inquietudes y necesidades de la ciudadanía y efectuando las correspondientes consideraciones de orden político–institucional”.
De buzones y tranvías
Uno de los funcionarios judiciales más frontales contra la ley de desfederalización fue Fappiano, un hombre que por su trayectoria y antecedentes académicos tiene peso propio dentro del Poder Judicial.
En un reportaje a Radio Universidad de Río Grande, el jefe de fiscales llamó a “no comprar un buzón o un tranvía”, y explicó que la ley a la se pretende adherir en Tierra del Fuego fue sancionada para dirimir una interna entre la Policía Federal y la Bonaerense.
En esa línea, Fappiano le pidió al Gobierno provincial que blanquee si lo que existe es un cuestionamiento al desempeño de la Justicia Federal en el distrito. Y lamentó que no hayan existido consultas antes de realizar el anuncio.
También sostuvo que hay problemáticas muy numerosas como los casos de abuso sexual intrafamiliar y “no veo por parte del Estado alguna política pública destinada a disminuir ese tipo de situaciones”, criticó.
