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a primera línea del funcionariado provincial volvió a fustigar con dureza el reclamo que llevan adelante trabajadores estatales, que incluye la ocupación de Casa de Gobierno, y advirtieron que en caso de que la medida no se revea se accionará ante el Ministerio de Trabajo de la Nación.
El jefe de Gabinete, Guillermo Aramburu, consideró que el reclamo en Casa de Gobierno es “exacerbado y arbitrario”, ya que “a la situación de no querer que se pague el aumento acordado a los trabajadores que dicen representar se suma la imposibilidad de ingreso, lo cual están infringiendo la propia libertad sindical”.
En esa línea, planteó que “la entidad gremial convoca a medida de fuerza pero esta es impuesta porque no permiten el ingreso de los trabajadores a Casa de Gobierno, ya sea para quienes se adhieren o no al paro”.
En declaraciones a FM Líder de Río Grande Aramburu dijo que “confiamos en que los dirigentes gremiales entiendan que no solo comprometen la figura de la entidad sindical que dicen representar, sino que a su vez perjudican a los propios trabajadores que dicen defender”, y agregó que “esta situación es descabellada porque partimos de la premisa que la decisión de tomar la Casa de Gobierno por parte de ATE,CTA, y AFEP es producto de no estar de acuerdo con un texto del acuerdo que se celebró con la propia entidad gremial de ATE”.
Consultado por la decisión de ATE de no acatar la conciliación obligatoria , explicó que “hay efectos distintos en función a la entidad gremial que estemos hablando. En el caso de ATE, como tiene reconocimiento de personería gremial a nivel nacional, el Ministerio de Trabajo provincial solo se limita a dar cuenta de esta situación y elevarlo a su par nacional, ya que no corresponde y no está dentro de la jurisdicción la actuación respecto del incumplimiento”.
“Distinta es la situación con CTA y AFEP, porque su reconocimiento con personería jurídica están en el ámbito provincial con lo cual el Ministerio de Trabajo es autoridad de aplicación para definir si ha habido un incumplimiento a las obligaciones y eventualmente, actuar en consecuencia de ello, esto es con la suspensión o cancelación de la personería gremial”, precisó.
Por último, el jefe de Gabinete hizo hincapié en que el Ejecutivo “realiza el planteo pertinente para que se continúe el trámite en cuanto a las consecuencias legales que acarrea el no acatamiento; las mismas estaban clarificadas en el texto del llamado a conciliación obligatoria”.
Decisión desacertada
Por su parte, el ministro de Gobierno, Gustavo Zanone, opinó que la ocupación de Casa de Gobierno “no es una medida acertada” y que “uno no puede negociar bajo esas condiciones, sobre todo cuando hay un acuerdo que es legítimo”.
En relación al acuerdo firmado con la entidad sindical en la ciudad de Río Grande explicó que “hubo un consenso, hubo partes legitimadas que arribaron a un acuerdo” por lo que en este marco el Gobierno “sí está en condiciones de exigir” y por ello “lo que está solicitando el Gobierno es diálogo, pero no bajo estas condiciones”.
Luego aseguró que “el origen de este conflicto tiene que ver con una división interna del gremio de ATE, con quien el Gobierno ha firmado un acuerdo” el cual está homologado y ratificado por decreto”. Sin embargo, observó que “hay un sector que no lo acata y ha tomado esta medida que verdaderamente es muy cuestionable” porque “no han seguido ninguno de los canales normativos”. Y agregó: “Quienes han firmado es gente legitimada y que representa al gremio como siempre, pero el reclamo tiene que ver con una decisión interna, donde han hecho rehenes al resto del personal de gobierno”.
Zanone recordó que durante la firma los dirigentes de ATE “estuvieron presentes, pudieron haber dejado constancia si estaban en desacuerdo, pero lo cierto es que no hubo manifestaciones en contrario”.
“No es un acuerdo que el gobierno le haya arrancado al gremio entre gallos y medianoche, sino que es un acuerdo pensado con todas las garantías, como se hace habitualmente; se documentó, se firmó y el reclamo fue posterior”, memoró, y denunció que “hay otra intencionalidad, como es apoyar a algún otro gremio que aún no ha cerrado las negociaciones”.
Asimismo, recalcó que “la Casa de Gobierno no ha podido funcionar, los accesos están vedados” por lo que “funcionarios y otros estamentos hemos tenido que recurrir a otros lugares para poder hacer frente a reuniones que teníamos pautadas”, por lo tanto “el trabajo normal y habitual no se pudo llevar adelante y esto entorpece a toda la Administración Pública en general”.
En otro orden, dijo que “hubo una constatación a través de la Escribana General de Gobierno, con personal policial y personal del Ministerio” sobre la permanencia de gente en Gobierno, y en base a ello “se pudo constatar que personal de planta permanente ha impedido y cerrado todos los accesos y a sus compañeros no les permiten ingresar a trabajar, decretando además un paro general por tiempo indeterminado”. Y concluyó: “La Casa de Gobierno necesita funcionar”.
Denuncia en Trabajo
Mientras tanto, el secretario de Coordinación de Gabinete, Lisandro Fonrradona, adelantó que en caso de que los sindicatos que mantienen tomada la Casa de Gobierno no acaten la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia, se elevarán las actuaciones al Ministerio de Trabajo de la Nación. Recordó que el último antecedente de una situación simular data del 2010, cuando el sindicato docente se negó a cumplir con la conciliación, lo que derivó posteriormente en una multa a la entidad gremial.
En declaraciones a Radio Uno de Ushuaia, el funcionario informó que este lunes ingresaron a la Casa de Gobierno la escribana General, Susana Asato, y el secretario General, Darío Farías, para constatar el estado de las instalaciones, luego de la ocupación del edificio por parte de ATE, CTA y AFEP.
Respecto a la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo a última hora de este lunes, Fonrradona explicó que se trata de una “herramienta legal que obliga a las partes a entrar en una situación de paz por 15 días hábiles, para resolver este tipo de conflictos”.
No obstante, los sindicatos ATE, CTA y AFEP rechazaron la medida, con lo que “estarían indicando que no quieren dialogar”, consideró Fonrradona, lamentando que los dirigentes no tengan intención de acercar posturas para resolver el conflicto.
Para el secretario de Coordinación, el reclamo “va mucho más allá de un conflicto salarial, porque impedir deliberadamente que se paguen los salarios de los trabajadores tiene otra intencionalidad que un pedido de un aumento”.
