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pesar de que el artículo 83 de la Constitución provincial determina taxativamente que “el Estado, mediante una ley orgánica, reglamenta el uso racional de las aguas superficiales y subterráneas y adopta las medidas conducentes a evitar su contaminación y el agotamiento de las fuentes”, la Legislatura no ha podido o no ha querido en los pasados 23 años sancionar una ley para fijar los principios rectores del uso y manejo del agua, que garanticen su correcta administración, aprovechamiento, preservación y mejoramiento del recurso.
La decisión del bloque del MPF de volver a presentar el proyecto que inicialmente impulsara en 2012, le da al Parlamento una nueva oportunidad para saldar esa deuda.
Es de tener en cuenta que además de la propuesta del MPF hay pendiente de tratamiento en la Legislatura un proyecto de ley de aguas de la bancada radical y otro del Poder Ejecutivo. Si bien este último ha perdido estado parlamentario podría ser reimpulsado por el bloque oficialista o el Gobernadora.
Por la importancia social y económica que tiene la regulación del uso de un recurso natural cada vez más escaso a nivel mundial, resulta evidente la importancia de poder contar con la mayor cantidad posible de propuestas normativas, para que del análisis de todas ellas surja aquella que resulta más conveniente al interés general.
Resulta por demás evidente que cuando la provincia, en sintonía con la política nacional, pretende incrementar la exploración y explotación de sus recursos hidrocarburíferos; la regulación del uso del agua no puede seguir siendo demorada por la Legislatura.
