E
l Juzgado de Instrucción Nº 1 de Ushuaia ordenó el viernes pasado el desalojo y procesamiento de los adultos que el domingo 23 de marzo ocuparon tierras fiscales, instalando precarias construcciones y colocando, aún antes de finalizar éstas, a niños en su interior; en una orden judicial que se realizó con el objetivo de cesar el delito, el riesgo sanitario, habitacional y ambiental de las personas que allí se encontraban.
Cabe destacar que desde el momento en que se efectuó la ocupación clandestina hasta el último momento del día viernes, existieron conversaciones extrajudiciales con los ocupantes para resolver la cuestión mediante ayuda de carácter social, e intervenciones de diversas autoridades con el objetivo de remediar la situación.
En este contexto, el intendente Federico Sciurano solicitó en un primer momento la suspensión de medidas por un lapso de tiempo que permitiera la salida consensuada de la ocupación clandestina.
Por otra parte empresas locales, empleadoras de los ocupantes, también hicieron lo propio, sin que haya sido aceptada ninguna alternativa por parte de los ocupantes, que permitiría el acceso a la vivienda; de hecho se fueron incrementando las demandas por parte de los ocupantes, excediendo las posibilidades y quebrantando la igualdad ante el resto de los vecinos, circunstancia acreditada por la Escribana Municipal y demás empleados y funcionarios municipales que trabajaron en el lugar.
Es importante mencionar que el predio recuperado es un pulmón que recibe las aguas pluviales de la zona, cuyo tratamiento se encuentra contemplado en el anteproyecto de urbanización para el sector, que ha sido consensuado desde hace varios meses con los vecinos del lugar.
Tras el fracaso del diálogo por parte de los ocupantes se realizó el desalojo ordenado por la Justicia, por lo que los ocupantes fueron trasladados a las instalaciones de la Comisaría 3ª, y en ese lugar el personal de la Secretaría de Desarrollo Social, Derechos Humanos y Promoción Social Municipal nuevamente se encontraba presente para contener a las personas, hasta tanto se verifiquen las necesidades socio–económicas reales de cada grupo familiar.
Ataque con molotov y amenazas al personal municipal
Desde el Municipio se informó que durante el desarme un hombre de apellido Parra arrojó una botella con combustible –de los denominados cóctel Molotov– que impactó sobre un trabajador de la cooperativa Magui–Mar, provocándole daños y quemaduras. Tras arrojar la bomba el hombre se alojó en el interior de una vivienda no siendo visualizado nuevamente, ante la presencia del concejal Silvio Bocchicchio (PSP) y referentes.
Asimismo, se refirió que, una vez en el destacamento policial, una persona de apellido Coronel, empleado de Autobuses Santa Fe, amenazó de muerte al secretario de Desarrollo Social del Municipio, Juan Romano –y a sus hijos–; que se encontraba en el lugar para dar contención a los involucrados, y a partir de este hecho particular de amenaza, se efectuó la denuncia correspondiente.
Momentos más tarde se apersonaron los abogados defensores quienes, a pesar de los rechazos reiterados, solicitaron la ayuda de carácter social; en compañía además de miembros de la familia de los ocupantes.
Cabe destacar que la orden judicial resuelve que el Gobierno provincial y el Municipio, de manera conjunta, deberán brindar contención social a las personas involucradas.
Tras rechazar la ayuda de alojamiento temporal ofrecida por el Municipio en primera instancia y ante la presencia de abogados, aquellos que lo necesitaron usaron la contención temporal que se les ofreció desde la Municipalidad hasta tanto se evalúe su situación social, teniendo en cuenta que al menos una de las personas involucradas tiene ingresos por 20 mil pesos y es empleada del Estado.
Importancia predio recuperado en el proyecto de urbanización
Desde el Municipio se insta a aquellas personas a que se organicen para la búsqueda de soluciones habitacionales mediante alternativas legales, como sucede actualmente con el trabajo de soluciones colectivas, dejando de lado los mecanismos de ocupación clandestina que sólo incrementan los problemas de las familias.
La expansión de los asentamientos restringe la posibilidad del acceso a la vivienda digna y atenta contra el crecimiento planificado y consensuado de la ciudad; por lo que resulta necesario congelar las ocupaciones existentes ya que desde las unidades ejecutoras municipales (UEM) se trabaja con los vecinos en el compromiso de los mismos, para evitar nuevas ocupaciones, en virtud de que se encuentra en plena elaboración el anteproyecto de urbanización para estos sectores.
