E
l segundo juicio oral y público para ventilar el denominado “escándalo de las Letras de Tesorería” durante la gestión del ex gobernador Hugo Cóccaro comenzará hoy a las 9 en la sala de audiencias del edificio de Tribunales de Monte Gallinero, confirmaron ayer fuentes judiciales.
Se trata de la llamada “causa Gualdesi” que investiga si existió una maniobra para sustraer fondos públicos simulando prestaciones de servicios o entregas de mercadería que nunca se habrían concretado.
El presunto desvío es de 8.202.315 millones de pesos que fueron pagados con Letras de Tesorería durante la gestión de Cóccaro al frente del Poder Ejecutivo provincial.
Un total de nueve imputados, incluyendo ex funcionarios, empleados públicos y proveedores del Estado se sentarán en el banquillo de los acusados.
La nómina abarca a dos ex ministros de Economía de la provincia: Raúl Berrone y Horacio Sosa, quien ya está preso por la condena que recibió en el “caso Arrébola”, el juicio anterior por el escándalo de las Letras.
Entre los acusados también están el ex contador general Alfredo Iglesias, y los empleados Horacio Medone y María Lorenza Moreno (los tres condenados en la causa Arrébola) además de dos integrantes de la firma proveedora Gualdesi Hermanos.
La lista se completa con el secretario contable del Tribunal de Cuentas, Emilio May, a quien se le imputa haber levantado las observaciones que luego posibilitaron el pago de los expedientes, y con el empleado de planta Isidro Ferreyra, quien habría conformado las facturas de la operatoria.
Por su parte otros dos procesados, la ex secretaria de Desarrollo Social Ana Esparza y el empleado Juan Carlos Pacheco fallecieron antes del inicio de las audiencias.
El ex gobernador Hugo Cóccaro también está siendo investigado en el marco de este proceso penal, pero aún no será juzgado.
El juez Javier De Gamas Soler lo procesó en noviembre de 2010 como partícipe de peculado, aunque la Cámara de Apelaciones anuló ese pronunciamiento y devolvió las actuaciones al tribunal de primera instancia para que volviera a expedirse. Finalmente el caso llegó al Superior Tribunal de Justicia, que le ordenó a la Cámara definir la situación procesal del ex mandatario y este organismo lo hizo dictando una falta de mérito, una medida intermedia que no implica sobreseimiento ni procesamiento. En la actualidad el juez De Gamas Soler realiza una serie de medidas probatorias antes de adoptar una nueva resolución.
El Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia estará integrado en esta ocasión por dos de sus miembros titulares: Alejandro Pagano Zavalía y Maximiliano García Arpón, pero ante la ausencia por razones de salud del juez Roberto Magraner, lo reemplazará el juez Correccional de Ushuaia, Guillermo González.
El juicio que había sido suspendido en noviembre del año pasado, debido a la enfermedad que afectaba a la esposa de uno de los magistrados, comenzará con la acusación a cargo del Fiscal Mayor de Ushuaia, Guillermo Massimi, y se espera una duración de varios días.
Cambio de facturas
La causa Gualdesi se originó a partir de una denuncia formulada por la actual gobernadora Fabiana Ríos en 2008, a propósito de supuestas irregularidades en el pago de 8,2 millones de pesos a la conocida firma proveedora de alimentos.
El juez De Gamas Soler emitió un primer pronunciamiento sobre el caso el 18 de noviembre de 2008. Allí dio por demostrado que los implicados habrían falsificado 18 facturas tipo B y remitos, además de alterar, suprimir y modificar otros documentos administrativos, con el fin de hacer figurar como legal, una operación que nunca se habría llevado a cabo.
Para ello, y según el magistrado, los responsables de Gualdesi reclamaron por carta documento una deuda inexistente, mientras que los funcionarios agregaron documentos falsos para “acreditar” la operatoria.
El juez también dio por comprobado que el expediente administrativo fue iniciado con facturas originales emitidas en el año 2006, con el fin de engañar a los organismos de control. Y que después se habrían cambiado las facturas reales por las falsas.
“Estamos en condiciones de afirmar que entre el 29 de junio y el 1 de noviembre de 2007 se cambiaron las facturas originarias por las copias que actualmente están agregadas al expediente”, afirma el juez en la resolución judicial de 2008. Y agrega que luego fueron sustituidos otros cuatro documentos porque “la descripción de las facturas anteriores no coincidía con las actuales imitaciones”.
Según De Gamas, “las notas neurálgicas para la consumación de la maniobra fueron confeccionadas en la computadora que utilizaba” uno de los acusados.
“Resulta hasta ridículo discutir si se concretó o no la prestación, pues más allá de que se la intenta justificar con documentos totalmente apócrifos y explicaciones absurdas, la deuda nunca fue registrada en los estados contables de la firma Gualdesi, tal como se desprende del peritaje contable realizado en autos”, razona el juez. Y concluye que “a esta altura podemos afirmar entonces que no sólo se han falsificado las facturas y remitos que hoy están glosados al expediente de pago, sino que además los documentos se fueron alterando, suprimiendo, modificando y agregando según resultaba conveniente a los oscuros intereses perseguidos por los imputados”.
“Es tal el desprecio a las instituciones que denota el accionar de los imputados que ya ni siquiera se tomaban la molestia de reimprimir la documentación (insisto: material o ideológicamente falsa) al efectuar alguna sustracción o modificación en el expediente de modo que la foliatura sea correlativa”, señala también el mismo magistrado.
El “caso Arrébola”
A su vez el Tribunal Oral juzgó en 2013 el denominado “caso Arrébola”, que investigaba otro escándalo con Letras por 1,7 millones de pesos y que terminó con cinco de los ocho acusados en prisión.
Ese fallo mandó a la cárcel al ex ministro de Economía Horacio Sosa, condenado a tres años y diez meses de prisión de cumplimiento efectivo, igual que la ex agente contratada Mariela Dana y la ex empleada María Lorenzo.
Sin embargo, la condena más dura la recibió el ex Contador General y Tesorero de la Gobernación, Alfredo Iglesias, quien fue sentenciado a cuatro años y tres meses de cárcel. Por su parte el ex director contable del Ministerio de Economía, Horacio Medone cumple una condena de tres años y diez meses de cárcel.
El comerciante Ariel Arrébola, quien proporcionó las facturas en blanco de su negocio Compuline (que permitieron confeccionar expedientes falsos por servicios e insumos nunca prestados) recibió una pena de tres años de prisión pero en suspenso, mientras que el ex secretario de Contrataciones y Suministros, José Mallemaci, y su segundo, Juan Eduardo Galego, fueron absueltos.
