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a legisladora Myriam Martínez, presidenta del bloque parlamentario del Frente para la Victoria, planteó la “necesidad urgente” de derogar la ley provincial Nº 932 por intermedio de la cual se arancelaron las prestaciones de la salud pública en Tierra del Fuego, ya que por su vigencia “peligran programas nacionales de salud”.
Al respecto, argumentó que “al sancionarse esta norma y con ello eliminar el acceso gratuito a la salud, se produjo el incumplimiento por parte de la Provincia de convenios suscritos con el Gobierno nacional” en los cuales Tierra del Fuego “se había obligado a garantizar la gratuidad en el acceso a los medicamentos esenciales, servicios, prestaciones asistenciales y acciones de prevención de la salud, brindados por los servicios públicos de sanidad”.
Asimismo, Martínez explicó que, “la sanción de la Ley 932 provocó la reacción del doctor Jaime Lazovski, secretario de Promoción y Programas Sanitarios del Ministerio de Salud de la Nación, quien se ha pronunciado con preocupación, a través de una nota dirigida al ministro de la cartera sanitaria fueguina, Adrián Arias, en la cual expresa que se estaría incumpliendo con obligaciones asumidas por la provincia”.
Concretamente, Martínez hizo referencia al Programa de Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud: BID (FEAPS–REMEDIAR + REDES) y al Programa Multifase de Atención Primaria de la Salud para el manejo de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (CRONICAS)”.
Por otra parte, la parlamentaria kirchnerista hizo mención a un informe presentado por el Ministerio de Salud de la Provincia, en la que se resalta tanto el perjuicio económico como el sanitario que ocasiona esta ley al sistema de salud de la provincia, fundada en la opinión de la responsable de Gestión de Insumos de Programas Provincial, doctora Viviana Muller, quien consideró que con la aplicación de esta ley, al no poder cumplirse con el requisito de gratuidad que requiere el programa Remediar, se generan múltiples inconvenientes para la población respecto a la accesibilidad al medicamento en el momento de la consulta.
Martínez mencionó la nota presentada por la coordinadora provincial de Tierra del Fuego del Programa SUMAR y jefa del Departamento de Salud Integral, doctora Mariana D`albo, quien recordó que para que el Programa continúe en la provincia es requisito indispensable el desarancelamiento del sistema de salud, caso contrario Nación dará de baja este programa.
En ese sentido, la legisladora destacó las palabras de la doctora D`albo que mencionó que de los más de 600 mil pesos transferidos durante el año 2013 los distintos efectores solo han facturado 252 mil. “Esto no es porque no se haya realizado la prestación, sino por la falta de facturación de las distintas prestaciones”, expresó.
Asimismo, Martínez señaló que “de la auditoría realizada al Hospital Regional Ushuaia por el Tribunal de Cuentas de la Provincia surge la existencia de créditos de antigua data y una deuda de las distintas obras sociales de más de 50 millones de pesos”, monto que “no se encuentra cobrado, regularizado ni depurado”, en tanto que además “existiría un posible perjuicio fiscal por la no facturación de órdenes de consultas efectuadas en el sistema informático cuyo servicio fue presentado, por la falta de cumplimiento de los requisitos necesarios para ello”.
“Una vez más el tiempo nos da la razón, votamos en contra de esta ley desde un principio, luego el Poder Ejecutivo la vetó totalmente y sobre tablas, aprovechando la ausencia de dos legisladores, se insistió con esta ley a la cual este espacio político siempre se opuso”, sentenció.
Martínez advirtió que desde la sanción de la ley “nada ha cambiado en los hospitales y centros de salud de la Provincia” e incluso entendió que “estamos peor que antes”, por lo que “si sumamos ahora que por la sanción de esta ley vamos a perder la ayuda que brindan estos programas, la situación es sumamente preocupante”.
Por otra parte, la parlamentaria destacó que tanto el Tribunal de Cuentas como el Fiscal de Estado “observaron a través de sus dictamines que con el dictado del decreto provincial 2803/13 el Poder Ejecutivo provincial se ha excedido en sus facultades, ello principalmente por cuanto dicha reglamentación entra en colisión con la ley 495 de Administración Financiera que en su artículo 23 prescribe que no se podrá destinar el producto de ningún rubro de ingresos con el fin de atender específicamente el pago de determinados gastos, con excepción de, por ejemplo, los que por leyes especiales tengan afectación especifica”.
“Los dictámenes sostienen que en este sentido la Ley 932 no crea ningún fondo de afectación específica si no que el mismo se está instruyendo a través del decreto 2803 lo cual no resulta ajustado a derecho”, valoró, a lo que sumó que “si bien se considera que lo recaudado en el caso de los hospitales podría quedar subsumido en el fondo creado por la Ley provincial Nº 554, se concluye que el mismo colisionaría con el propio artículo 4º de dicha ley por crear una sub–especie de afectación que además resulta de muy difícil control”.
Martínez señaló que otra observación al decreto reglamentario que surge de los dictámenes, es que “excede lo dispuesto en la ley Nº 932, al limitar el pago de arancel únicamente a los sujetos que tengan residencia en la provincia, así como excluir de dicho pago a las consultas realizadas por el servicio de guardia de urgencias, aclarando que esta ley provincial nada dice sobre estas exclusiones”.
Finalmente, la parlamentaria precisó que por todos estos motivos presentó un proyecto de ley para derogar el arancelamiento de la salud y evitar una catástrofe sanitaria en la población.
