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l pasado jueves la gobernadora Fabiana Ríos se reunió con miembros del Poder Judicial, donde participó el defensor de Menores, Pobres, Incapaces y Ausentes ante el Superior Tribunal de Justicia, Gustavo Ariznabarreta, quien destacó el encuentro ya que surgió un plan de trabajo en común entre ambos poderes para abordar la situación del servicio penitenciario provincial.
“Coincidimos en que hay que trabajar en lo inmediato y mediato para descomprimir una situación bastante compleja que está ocurriendo en el ámbito penitenciario”, expresó en declaraciones a Radio Nacional Ushuaia.
En este sentido, comentó que se evidenciaron problemas estructurales pero “también propuse trabajar en lo actitudinal y la calidad de servicio”, indicó.
Ariznabarreta comentó que en este encuentro emergió la necesidad de tener una mesa de trabajo, “para lo cual reeditamos la funcionalidad del Consejo de Seguimiento del Sistema Penitenciario, del año 2001, el cual en ese momento se manejaba desde el ámbito del Poder Judicial. Yo propuse que se coordinara desde el Poder Ejecutivo en el ámbito de Derechos Humanos, y fuera un espacio permanente de discusión”.
El Defensor cifró grandes expectativas en la conformación de este ámbito, manifestando que “queda claro que no podemos seguir como estamos”. “Recojo lo que dijo la Gobernadora en el orden de no esperar 3 o 4 meses, cuando las cuestiones tienen un pico agudo de tensión, para juntarnos a discutir y a veces hasta para informar al Poder Ejecutivo, sino que lo hagamos de manera permanente, con una agenda de trabajo”.
“Que podamos coincidir marca que desde dos espacios distintos de trabajo tenemos un misma mirada, y hay que activar este nuevo mecanismo”, resaltó.
Conjuntamente dijo que “desde el 2001 a la fecha, de la totalidad de las reuniones que he participado es la primera vez que percibo que tenemos un diagnóstico en común”.
Cabe destacar que de la reunión participaron también el Ministro Jefe de Gabinete, Sergio Araque; el Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Gustavo Zanone; la Secretaria de Derechos Humanos, Nélida Belous; el Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia, Oscar Fappiano; el Secretario de Juzgado de Ejecución, Manuel Isidoro López; y el Agente Fiscal del Ministerio Publico Fiscal. Pablo Antonio Candela.
Soluciones inmediatas
Sobre las situaciones en las que se debe trabajar en lo inmediato en el sistema penitenciario, el profesional sostuvo que “hemos puesto el acento en cuestiones que tiene que ver con el trato, el acceso al trabajo y la educación, y cuestiones de hacinamiento, que están atadas a soluciones que no son tan inmediatas, porque se deben crear espacios de alojamiento, que no es algo económico ni sencillo de realizar”.
“Entendemos que se pueden ir descomprimiendo algunas situaciones, y siempre todo en torno a pensar en el respeto a los derechos humanos y las obligaciones que el Estado ha asumido en el tratamiento de personas detenidas”, aseguró.
Al respecto, reconoció que “siempre he sido bastante crítico de aquello que como Estado estamos haciendo en materia de tratamiento de personas detenidas”, insistiendo en que “tenemos todos que trabajar de manera conjunta para que la persona que ha transitado por la privación de su libertad salga con una expectativa distinta con la que ha entrado”.
Situación actual del servicio
“Hay una situación deficitaria que se ve en estos tiempos de una manera más aguda, y tiene que ver con el después de la condena que hubo a un grupo de suboficiales penitenciarios en Río Grande, y se suma que en Ushuaia hay un grupo de oficiales y suboficiales que están procesados en una causa de similares carácter”, comentó el Defensor, en relación a las condenas por torturas.
Explicó que “esto generó un malestar que se traduce en situaciones aisladas; pero que cada vez son menos aisladas; de destrato y situaciones complejas en la relación entre internos y el servicio, e incluso entre una parte importante del servicio y funcionarios judiciales”.
En este marco, Ariznabarreta precisó que “la jueza de Ejecución de Río Grande hizo mención de reiteradas situaciones donde se desoyen directamente indicaciones judiciales, ordenes directas, que tienen que ver con el funcionamiento del sistema penitenciario”, aclarando que si bien el mismo es materia del Ejecutivo, la ejecución de la pena es un resorte de control de los Jueces, Fiscales y Defensores.
“En los últimos meses se ha marcado una asintonía entre el control que tiene que realizar el Poder Judicial y la ejecución de la pena que directamente la realizan los agentes penitenciarios”, afirmó.
Revisión psicológica
El Defensor indicó que desde el Poder Judicial se propuso que se realice “una revisión psicológica de todos los cuadros del servicio penitenciario”, considerando que “es un trabajo que desgasta particularmente y es esperable que en ese desgaste haya gente que no esté en condiciones de llevar un trato diario con una persona detenida, que también tiene su problemas”.
“La revisión tiene que ver con un resguardo de la identidad psicofísica de la gente que trabaja en el sistema penitenciario”, agregó.
Infraestructura
En el encuentro se anticipó a los miembros del Poder Judicial, que “el Ministerio de Justicia de la Nación a partir de una oficina concreta que tiene que ver con el diseño carcelario en el país, ha entendido que lo que hay en Ushuaia y Río Grande no sirve, y no se puede modificar, hay que hacerlo todo de nuevo”, por lo que se buscaran soluciones ante la gestión de fondos “para tener un espacio penitenciario distinto”.
Asimismo aseguró que en Río Grande no existe una “cárcel modelo”, señalando que la misma se realizó bajo “un conceptúo dual de lo que es la detención penitenciaria” ironizó.
“Todo lugar penitenciario tiene que resguardar 5 espacios diferentes de alojamiento o internación, en Río Grande se diseño la cárcel con dos espacios: el pabellón A y el B, los buenos y los malos”, observó, expresando que “esto marcó la formación, la calidad humana y profesional vigente”.
Por otro lado, Ariznabarreta consideró que los problemas estructurales atraviesan a la conducción del servicio, indicando que en esta reunión se les informó el alejamiento de Diego Vernaz como director del servicio penitenciario y la designación de Sergio Dieguez.
