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a mujer víctima del delito de trata de personas en Ushuaia, que el Gobierno intenta desalojar de su vivienda, confirmó ayer que ya estaría “en la calle” de no ser por la intervención de la “Fundación María de los Ángeles” conducida por Susana Trimarco, la madre de Marita Verón.
Según contó a EDFM, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, que en teoría debería contenerla a ella y a su familia, llevó a cabo un intento concreto de desalojo de la casa donde habita con su pareja y sus cinco hijos, en noviembre del año pasado.
“Se presentó una directora del Ministerio con una escribana, ambos mandados por el secretario de Desarrollo Social Luis Vacarelli. Querían que me fuera y lo hubieran logrado si no fuera por la intervención de la fundación de Susana Trimarco”, argumentó la mujer.
También precisó que por parte de la organización intervino la abogada Belén Lembo, y que debido a la falta de atención y contención a las víctimas del delito de trata, la entidad denunció al gobierno fueguino ante las autoridades nacionales.
“Como la postura fue enfrentarse con el Ministerio por lo que estaban haciendo, desde el Gobierno provincial dejaron de atender a la fundación”, agregó la mujer.
Tal como publicó este medio ayer, K.S.A es una de las siete víctimas de trata rescatadas durante un operativo ordenado por la Justicia Federal en el local nocturno Sheik, en octubre de 2012.
A diferencia de las demás, ella fue la única que tras negarlo por un período de tiempo, terminó aceptando su condición e inclusive se constituyó como querellante y en pieza clave de la investigación judicial donde ya hay tres personas procesadas: Pedro Eduardo Montoya, Ivana Claudia García y de Lucy Campos Alberca.
“Abandonada por el Estado”
La mujer ratificó en la víspera que viajó a Mar del Plata después del operativo para “recuperar a sus hijos” (que estaban a cargo del padre) y “vender algunas pertenencias”, pero que después regresó para intentar cambiar de vida y para trabajar en la causa que la tiene como protagonista.
Lejos de recibir protección ante eventuales represalias, y contención mínima como un hogar donde vivir y facilidades de trabajo, se encontró con la vivienda social sin servicios básicos que le ofreció provisoriamente el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Marisa Montera. Se trata del lugar donde casi muere intoxicada junto a su familia por inhalar monóxido de carbono y donde después le cortaron el gas y le impidieron pagar a su costo las reparaciones que fueran necesarias, por lo que desde hace meses se calefacciona “con garrafas y con estufas eléctricas”.
“La única psicóloga que me contiene es una que pago yo porque las autoridades no nos han brindado ese servicio ni ningún otro. El primer día dormimos en la casa sin colchones y sobre unas mantas, y los colchones y algunos otros elementos que tenemos ahora son porque nos ayudó Acción Social del Municipio”, relató.
La mujer asegura sentirse “absolutamente abandonada por el Estado en todas sus formas” y denuncia que lo mismo le pasó al resto de las víctimas rescatadas durante los operativos realizados en 2012.
“Pregúntense a dónde están ahora todas esas chicas a las que se sacó de una situación de trata para que supuestamente pudieran abandonar ese mundo y reinsertarse en la sociedad. Muchas se fueron a trabajar a Chile, otras al norte del país. Cuál es la contención que recibieron”, se preguntó.
También contó que en su caso “empapeló la ciudad de currículum laborales. Hablo idiomas, estoy capacitada pero no puedo sacarme de encima el estigma de lo que pasó. Sin ayuda y encima con presiones extremas como el riesgo de un desalojo es muy difícil poder salir”, evaluó la mujer.
“Por supuesto que es víctima”
Por su parte el fiscal federal Juan Soria ratificó ayer en declaraciones efectuadas a FM Centro y Radio Nacional Ushuaia que la mujer que reclama asistencia de parte del Estado “es una víctima de trata de personas”.
“Corresponde y es obligación del Estado darle todos los medios necesarios para que salga de esta situación”, aseveró el funcionario judicial, y mencionó que entre las ayudas “hace falta una vivienda digna”.
“Por supuesto que es víctima. Se han verificado todos los elementos para considerar a esta persona como víctima de trata. Los organismos tienen que sentarse a ver las soluciones que se dan a esta persona. Agotadas todas las vías necesarias, los abogados podrían actuar. Entiendo que no está cerrado el caso, es momento de agotar las vías”, entendió Soria.
