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propuesta de la bancada legislativa del Partido Justicialista, los parlamentarios tendrán la posibilidad de analizar la oportunidad, conveniencia y viabilidad de afectar un porcentaje de los certificados de obra pública para constituir un fondo destinado a brindar asistencia económica al personal de la construcción que quede desempleado por la veda invernal u otras circunstancias.
El proyecto de ley propone crear el “Fondo Social para los trabajadores de la Construcción” que se constituirá con el producido de la “retención del 5% de las certificaciones de obra pública” que sean contratadas por “la administración central, empresas del Estado provincial y organismos descentralizados y autárquicos”. Si bien se contempla la posibilidad de que los Municipios adhieran a la norma y sumen también sus obras a la constitución de este Fondo, llamativamente el proyecto no incluye la obra pública que pudiera ser contratada por los Poderes Legislativo y Judicial.
Los recursos recaudados en función de esta ley estarán afectados a “compensar los desequilibrios laborales como consecuencia de la veda invernal”; “promover la estabilidad laboral, generando más trabajo permanente”; “brindar una prestación a los trabajadores en aquellos momentos en que no se encuentren en actividad o necesiten dinero por causas extraordinarias” y a “realizar capacitación para el desarrollo del recurso humano” del sector de la construcción.
Tal vez el tema que aparezca como controversial en este proyecto, es la pretensión de los autores de la iniciativa de poner en cabeza de la Seccional Tierra del Fuego de la Unión Obrera de la Construcción la administración de estos recursos públicos. Aun cuando se determina que para garantizar la transparencia en el manejo de esos recursos y el efectivo cumplimiento del objeto de la ley, el sindicato deberá realizar rendiciones mensuales del fondo al Ministerio de Trabajo y trimestrales ante el Tribunal de Cuentas, realmente no se explica porqué no se ha dejado en manos del propio Estado el manejo y disposición de estos recursos económicos.
La iniciativa, que fue girada a las comisiones de legislación general y de presupuesto, define como potenciales beneficiarios del Fondo Social a los trabajadores de la construcción que estén domiciliados en la Provincia con una antigüedad no inferior a los 5 años y que cuenten, al menos, con 2 años como empleado en el régimen de la construcción.
