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ajo el argumento de que la pretensión legislativa de definir sobre la conveniencia de concesionar obras o servicios de infraestructura turística y establecer las condiciones bajo las que podrán concretarse, “vulnera la división de poderes y competencias que son propias del Poder Ejecutivo”, la Gobernadora resolvió vetar totalmente la iniciativa que en tal sentido había aprobado por mayoría el Parlamento el pasado 3 de junio.
En el dictamen elaborado por la Secretaría Legal y Técnica, al que adhiere en todos sus términos la mandataria, se asevera que habida cuenta de que “la Constitución no autoriza a la Legislatura a aprobar o desechar los pliegos de las licitaciones para la concesión de servicios”, a través del proyecto en cuestión los parlamentarios pretenden “arrogarse nuevas funciones, diferentes de las enumeradas” en la carta magna fueguina. Se agrega además que la norma objetada “vulnera la división de poderes y competencias, puesto que el Poder Legislativo estaría arrogándose funciones –la de administrar los bienes de la Provincia– que son propias y definitorias del Poder Ejecutivo a través del Gobernador como “jefe de la administración del Estado Provincial”.
Cuestiona también que al establecer la iniciativa que para plantear una concesión deberán demostrase “las razones y conveniencia de optar por la administración y explotación del servicio en forma privada en comparación con la administración del mismo personal del Instituto”, se avanza sobre el artículo 65 de la Constitución, que es el que determina que “el Estado Provincial se abstendrá de intervenir en la actividad privada, comercial o industrial, hasta donde ello sea compatible con el bienestar general de la población…”, y que otro tanto ocurre respecto del artículo 81, en cuanto este prevé la intervención del estado “en la transformación de los recursos naturales con carácter subsidiario, cuando exista manifiesta y probada incapacidad o desinterés para ello en la actividad privada…”
Por otra parte, el informe técnico indica que el mencionado proyecto vulnera la autonomía y autarquía del InFueTur ya que pretende regular “cuestiones atinentes a la administración” del instituto.
El proyecto de ley –que fue vetado totalmente mediante el dictado del decreto 1447, del 27 de junio– había sido elaborado por el bloque del Frente para la Victoria a partir de la preocupación que había generado en un sector del personal del InFueTur la decisión del Presidente del Instituto de concesionar el centro invernal “Glaciar Martial”.
La iniciativa, que contó con el respaldo de todos los bloques de oposición, pretende que toda decisión de “concesionar servicios deberá ser determinada por decreto del Poder Ejecutivo, dictado ad referéndum de la Legislatura, previo informe técnico positivo del InFueTur”.
