L
a Justicia investigará por la presunta comisión de delitos a los integrantes del Sindicato de Camioneros que realizaron piquetes e impidieron el normal funcionamiento de la estación de servicios del Automóvil Club Argentino (ACA), confirmaron ayer fuentes judiciales.
Las alternativas de ese conflicto sindical fueron las que derivaron en un verdadero caos en la ciudad durante dos semanas, ya que el resto de las estaciones no pudo abastecer la demanda de combustible y los automovilistas tuvieron que formar extensas filas y esperar hasta tres horas para reabastecer sus vehículos.
El fiscal Fernando Ballester Bidau confirmó ayer a EDFM que la causa penal comenzó a raíz de la denuncia presentada el pasado viernes 11 de julio (cuando ya el conflicto llevaba más de 15 días) por el socio gerente de la empresa Tierra del Fuego Servicios SRL, concesionaria del ACA en la ciudad.
La presentación fue realizada en sede policial y dio lugar a la nota preventiva Nº 555, que horas después fue girada a la Fiscalía en turno dando lugar a la intervención del fiscal.
La denuncia daba cuenta sobre la existencia de un grupo de manifestantes que impedían el ingreso a los talleres del establecimiento y obstaculizaban la descarga de combustible.
El conflicto estaba focalizado inicialmente en el área de boxes porque Camioneros exige el encuadre legal, bajo su convenio colectivo de empleo, de los dos trabajadores que se desempeñan en la grúa del ACA, mientras que la empresa sostiene la pertenencia de ambos empleados al régimen del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA).
Sin embargo, al impedirse –según la denuncia– la descarga de combustible, el inconveniente se trasladó a la actividad principal de la estación de servicio.
Incluso desde la empresa habrían señalado que desde la propia Planta Orión, que distribuye en camiones los combustibles de YPF, les avisaron que dejaban de enviar los vehículos hasta tanto se garantizaran las condiciones de seguridad para realizar la operatoria de descarga.
A raíz de todo ello, el fiscal Ballestes Bidau confeccionó un requerimiento de instrucción, solicitándole a la jueza de feria María Cristina Barrionuevo, el inicio de una causa penal ante la presunción de, al menos, dos delitos diferentes.
El funcionario judicial calificó en forma provisoria los hechos como la turbación de la posesión o tenencia de un inmueble bajo el uso de violencia, o el entorpecimiento de un servicio público esencial, ambos previstos como figuras delictivas en el Código Penal.
Como informó ayer este medio, la jueza Barrionuevo dispuso el sábado 12, mediante un oficio, la constatación de los hechos denunciados y la realización de un informe por parte de personal policial de la Comisaría Primera.
Ese informe reveló la existencia de al menos “un centenar de personas”, identificadas como integrantes del gremio de Camioneros, que se encontraban en playa de la estación de servicio al momento de la constatación policial.
El mismo oficio ordenó entonces garantizar por la fuerza pública tanto la descarga de combustible como su expendio al público, lo que llevó a que la situación comenzara a normalizarse a partir del lunes.
No obstante, la causa penal continúa y ahora la Policía deberá entregar informes a la Justicia que permitan identificar a las personas que hay participado de los piquetes en el ACA, o a los que lo hagan de aquí en más si el conflicto vuelve a recrudecer. Para ello deberán valerse de filmaciones o de tomas fotográficas.
“Podemos decir que la causa recién comienza. Existe una presunción de determinados delitos pero falta imputar esas conductas a las personas que puedan ser identificadas, para que además tengan su posibilidad de defenderse en sede judicial”, aclaró ayer el fiscal Ballester Baidau.
La participación de camioneros en supuestos delitos durante manifestaciones gremiales es una constante durante los últimos años. De ahí que una causa investigue a varios integrantes del sindicato que participaron de la toma de la Casa de Gobierno el año pasado, y de otra donde se les imputa haber tirado basura, roto vidrios de edificios públicos y prendido fuego sobre el pavimento durante una manifestación en contra de un recorte a fondos municipales en 2012.
En relación a los delitos por lo que serán investigados en este caso, el Código Penal establece penas de prisión de seis meses a tres años para el que “con violencia o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un inmueble”.
