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n el marco de la sesión ordinaria de agosto el legislador Juan Carlos Arcando (Frente para la Victoria), presentó un pedido de informes dirigido el Gobierno provincial, para que informe sobre la situación que atraviesa el servicio de Salud Mental del Hospital Regional de Ushuaia, y si en ese sentido se cumplen los aspectos contemplados por la ley nacional 26.657, que determina que el estándar de la atención de quienes padecen dolencias de esta naturaleza debe estar ceñido al tratamiento personalizado, en un ambiente apto, con modalidades de atención basadas en la comunidad.
Con esta iniciativa, aprobada por unanimidad por la Cámara, se busca “dilucidar con la mayor certeza posible si la planificación, los recursos financieros, la infraestructura y el personal afectado a tal fin permiten garantizar el derecho de los pacientes de nuestra provincia y, con mayor rigor, si el resultado del accionar del Estado alcanza los estándares de atención que se corresponde al cumplimiento de esta obligación indelegable”, argumentó el parlamentario.
Arcando planteó ante sus pares que “la protección de las personas con padecimiento mental deben disponer de la atención del Estado”, a partir de que “el marco normativo que confluye sobre la cuestión le arroga a la Nación y a las Provincias la responsabilidad indelegable de garantizar, mediante políticas eficaces, la atención a quienes padecen este tipo de enfermedades”.
El pedido de informes requiere al Ejecutivo que “a través del área que corresponda remita a esta Cámara la siguiente información, en relación a pacientes con enfermedad mental y quienes los rodean”, planteando en primer lugar “si se ha modificado o reducido el espacio que el servicio de salud mental tenía para el funcionamiento del hospital de día y que funcionaba en el ala de salud mental del Hospital Regional de Ushuaia”, y en caso afirmativo que “explique las razones”.
También “si se ha previsto un espacio alternativo adecuado para el funcionamiento del Hospital de Día de Salud Mental, teniendo en cuenta las actividades que allí se desarrollan y que los profesionales que lo coordinan son los mismos que deben brindar además otras prestaciones, atención de urgencias, atención de sala de internación y consultorio ambulatorio, todo ello en el ámbito del propio hospital”.
En otro punto se pide al Gobierno que informe “si se ha asignado para el funcionamiento una casa de convivencia para pacientes con padecimientos mentales sin contención familiar, y en caso afirmativo especificar las características del lugar y la dirección del inmueble”, y además “qué destino se le ha dado a los muebles que la Cooperadora de Corazón a Corazón ha comprado con donaciones recibidas, para el proyecto de la casa de convivencia de salud mental”.
Además, se solicita que se precise “si el espacio utilizado para entrevistas a pacientes y familiares dentro de la sala de internación ha sido reducido o desafectado, y en caso afirmativo, especifique motivos y qué alternativa se ha previsto para su reemplazo”.
Otro requerimiento es que se adjunte “copia de los cuadros estadísticos correspondientes a estos últimos diez (10) años sobre la evolución de pacientes”, y que se “cuantifique asimismo la evolución de unidad de atenciones según tipo de tratamiento”.
Por último, el Gobierno deberá “remitir planificación y estrategias para eficientizar el servicio, en caso que las hubiere” y también “todo otro dato que considere relevante respecto de la situación del servicio de Salud Mental del Hospital Regional Ushuaia y del Hospital Regional Río Grande”.
