E
l abogado de Buenos Aires Alberto Bovino presentó ayer un escrito impugnando el informe del presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Sagastume, que recomendó a sus pares desestimar sin más trámite la denuncia por presuntas firmas falsas de jueces en expedientes de la Justicia fueguina.
Bovino acusó al juez Sagastume de haber incumplido el procedimiento legal fijado para este tipo de casos, al no haber investigado el contenido de la denuncia, y consideró que su informe “no puede ser considerado válido”.
Según letrado, la ley obliga al titular del organismo dedicado a la selección y remoción de jueces, a realizar una investigación sumaria sobre los hechos denunciados, y sin embargo “no lo hizo”. “El presidente incumplió su deber legal y ha optado por actuar como defensor de las personas denunciadas”, señaló.
El abogado que asesora al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) consideró que ante la denuncia sobre las presuntas firmas falsificadas del ex juez penal Leandro Álvarez y del juez del Tribunal Oral Roberto Magraner, Sagastume debió propiciar medidas de prueba, y no resolver el caso u obtener conclusiones legalistas.
“¿Qué debía investigar el presidente del Consejo? Muy simple: los hechos denunciados. Esto es, debía verificar si los hechos denunciados eran verdaderos, y tales hechos consistían en la gran posibilidad de que las firmas de Magraner y Álvarez fueran falsas. ¿Qué medidas de investigación realizó Sagastume? Ninguna, ni una sola medida”, concluye la impugnación presentada por Bovino.
Por otra parte, el escrito se focaliza en la pericia caligráfica que según el denunciante debió disponer el titular de la Magistratura para demostrar si las firmas eran falsas o verdaderas, y que en cambio no ordenó.
En ese sentido, el abogado observó que al resolver no hacer el peritaje, Sagastume “no está alegando, está decidiendo, como si su opinión no pudiera ser discutida”, por los demás consejeros. Y en la misma línea cuestionó que el juez no haya considerado el estudio realizado por un perito privado, acercado por el denunciante, donde se concluye que las firmas son falsas.
Además, Bovino advirtió como otra irregularidad que no se haya abierto la investigación a otras hipótesis o consecuencias.
“Se debería haber chequeado, por ejemplo, si se podía determinar si el juez que aparece como firmante (de los expedientes) estaba en la ciudad ese día o estaba de viaje, o de licencia. Se debería haber revisado el expediente para detectar otras firmas de autoría dudosa. Se debería haber analizado si las firmas falsas correspondían a algún tipo de resolución en particular, o tantas otras cosas más. Nada de eso fue realizado”, indica la impugnación, y agrega que “no se puede exigir que el denunciante aporte toda la información y toda la prueba”.
También cuestionó la postura de Sagastume en el sentido de que el Consejo sólo podría abocarse al caso luego de que se expida la Justicia penal.
“Según esa opinión, en supuestos de este tipo el Consejo de la Magistratura carecería de la facultad de destituir a los jueces, pues todas las decisiones serían tomadas por los tribunales de justicia. Si ellos no actúan, el juez no podría ser destituido. O bien aun cuando actúen, el proceso de destitución se podría realizar luego de varios años, cuando la sentencia penal quede firme”, razona el abogado. Y menciona que “el Consejo de la Magistratura fue creado, entre otras razones, para que no sean solo los jueces quienes decidan sobre la destitución de sus pares. Con la interpretación de Sagastume ocurre exactamente lo contrario”, asegura.
¿Cita equivocada?
En otro orden, la impugnación contra el informe del titular de la Magistratura incluye haber citado erróneamente un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es que según el dictamen del juez fueguino, la Corte nacional afirmó que “los actos de los jueces deben revestir cierta gravedad para configurar la causal de mal desempeño, como, asimismo, ser irregulares, perjudiciales, pero también deben ser habituales”.
Y de acuerdo a la corrección de Bovino, ese antecedente no es de la Suprema Corte sino del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, complementado con la opinión “del autor de un libro sobre el Consejo de la Magistratura Nacional de 1985”.
Por último, el abogado niega que se esté cuestionando la labor de los jueces porque su cliente ha sido víctima de un fallo adverso, sino que “se denuncia un hecho institucional particularmente grave”.
“Si a Sagastume no le parece grave el hecho de que le falsifiquen la firma al juez, y que, además, el juez salga a reconocer su firma públicamente, debe ser porque él no ha sido juzgado por ese juez”, sostiene el letrado. Y advierte que “la supuesta firma del juez estampada por cualquier otro empleado o funcionario judicial tiene el mismo valor que la firma del Presidente de la Cámara de Comercio de Katmandú. O sea, ninguno”.
