Con un extraño procedimiento

Firmas falsas: la justicia penal desestimó la denuncia sin realizar pericias

19/10/2014
L
a jueza de instrucción de Ushuaia María Cristina Barrionuevo desestimó la causa penal sobre presuntas firmas falsas de jueces sin comparar caligráficamente dos los tres casos más sospechosos denunciados por el abogado de Buenos Aires Alberto Bovino.
Con ello, la resolución judicial que buscaba despejar todas las dudas existentes sobre la presunta adulteración de firmas de magistrados, termina generando una sospecha aún mayor, por el extraño procedimiento utilizado por la jueza para resolver el caso.
Es que si bien Barrionuevo ordenó una pericia caligráfica para comparar las rúbricas del ex juez Leandro Álvarez, y de los actuales miembros del Tribunal Oral de Ushuaia Maximiliano García Arpón y Roberto Magraner, en dos de esos casos (el de García Arpón y el de Magraner) se utilizó un razonamiento de lo más llamativo para evitar el confronte de los trazos sospechados.
Por ejemplo, en el caso de Magraner, la denuncia de Bovino sostenía que era distinta la firma del juez obrante en la foja 1587 de la causa Nº1336/10, caratulada “Donamaría Félix Victorio y otros sobre peculado”, respecto de otras firmas que aparecen en las fojas 1588 y 1589 de la misma causa.
Magraner había explicado públicamente que en las fojas 1588 y 1589 no había hecho su firma completa, sino una abreviatura o media firma, y que por eso lucían distintas.
Para dilucidar cuál de las dos posturas es la verdadera, la jueza ordenó realizar un peritaje caligráfico al perito de la Policía Científica de Ushuaia, subcomisario Oscar Paulo Molina.
Sin embargo, Barrionuevo no le pidió a Molina comparar la firma de la foja 1587 con las de las fojas 1588 y 1589. Lo que hizo fue pedirle al Tribunal de Juicio dos expedientes judiciales de 2010 (el Nº1331 y Nº 1328) donde aparecían firmas de Magraner similares a las de las fojas 1588 y 1589 (supuestas medias firmas, según el juez).
El perito, entonces, comparó caligráficamente, las rúbricas de las fojas 1588 y 1589, con la que aparecían en distintas fojas de los expedientes 1331 y 1328. El resultado fue que las firmas eran compatibles, es decir, realizadas por una misma persona. Pero nunca se comparó la firma de la foja 1587 con el resto.
Una explicación en términos sencillos podría ser: supongamos que tenemos dos firmas, una llamada X y otra Y. La jueza mandó a buscar expedientes donde existieran más firmas Y. Y le ordenó al perito que comparara Y con Y, pero nunca X con Y. De esta manera, por pura lógica, existe la posibilidad cierta de que el perito haya comparado dos firmas falsas, y haya llegado a la conclusión de que fueron realizadas por la misma persona. Ello no despeja la duda de si esa persona fue o no el juez Magraner.
Por otra parte, el abogado Bovino había aportado una pericia privada realizada por el Calígrafo Público Nacional, Especialista en Criminología Gastón Federico Latour. Ese estudio asegura que las firmas de Magraner (la completa y la supuesta media firma) fueron hechas por personas diferentes.
La jueza Barrionuevo desestimó la opinión del experto, con el argumento de que fue realizada sobre fotocopias y no sobre expedientes originales, aun cuando referencias profesionales citadas por el propio Latour avalan la certeza de los exámenes de este tipo realizados sobre fotocopias.
En cualquier caso, la magistrada tampoco ordenó que Latour declarara en la causa (para que explicara las conclusiones de su estudio) y permitió que mientras un perito comparó un tipo de firmas, el otro comparó otras, a pesar de que el hecho a investigar es el mismo.

Ni pericia

Bovino también había denunciado que en una resolución del Tribunal Oral de Ushuaia dictada el 7 de marzo de este año (unificando los juicios contra su cliente, el ex contador provincial Félix Donamaría) la firma del juez Maximiliano García Arpón era falsa.
La jueza Barrionuevo argumentó que en ese escrito, no había una, sino dos firmas de García Arpón, y que entonces citó al abogado para que declarara como testigo y dijera cuál de las dos firmas era la que consideraba falsa.
Como Bovino, que vive en Buenos Aires, no acudió a la citación testimonial prevista para el 7 de octubre, por razones laborales, la magistrada le corrió vista al Fiscal Eduardo Urquiza y éste terminó solicitando la desestimación de la denuncia.
Es decir que en este caso, ni siquiera se ordenó una pericia caligráfica para comparar la firma de García Arpón con alguna otra, sino que, con fundamentos formales, la denuncia pasó al archivo sin mayores explicaciones.

Caso Álvarez

Otra de las firmas sospechadas de falsa era la atribuida al ex juez penal de Ushuaia Leandro Álvarez en la foja 454 de la causa Nº 1219, caratulada “Molina Santander Ramón Nicolás y otros sobre peculado”.
Bovino apuntaba aquí a la responsabilidad funcional de García Arpón, quien en ese entonces (hace más de diez años) se desempeñaba como secretario del juzgado de Álvarez y como tal debía dar fe de la firma del magistrado.
En este caso, el perito subcomisario Molina llegó a la conclusión de que la firma de Álvarez era verdadera, es decir, compatible con las obrantes en otras fojas del mismo expediente.
Al contrario que Latour (quien las consideró hechas por personas diferentes) Molina escribió que las diferencias existentes entre una firma y las demás, puede haber obedecido “al tipo de elemento escritor utilizado”, quizá una lapicera de pluma.
Según la jueza Barrionuevo, esta pericia (la de Molina) “exime de mayores consideraciones” y tal vez por ello no consideró necesario realizar otro tipo de medidas probatorias.

Un tema que empezó en el Consejo de la Magistratura

El caso de las firmas supuestamente falsas había llegado a la Justicia Penal a pesar de que la denuncia de Bovino fue realizada ante el Consejo de la Magistratura.
Sin embargo, el titular del organismo encargado de analizar el desempeño de los jueces, el juez Gonzalo Sagastume, resolvió remitir las actuaciones al Ministerio Público Fiscal al entender que al tratarse de un supuesto delito, debía ser investigado primero en ese ámbito.
También porque Bovino acusó a Sagastume de conocer el tema de las firmas antes de que él presentara la denuncia, y “no haber hecho nada”. El juez del Superior Tribunal entendió que el abogado le estaba atribuyendo la comisión de un delito y le pidió a la Fiscalía que lo investigara.
Al respecto, la jueza Barrionuevo hizo este razonamiento: si las firmas son verdaderas, Sagastume no podía haber conocido antes de la denuncia que eran falsas, y por lo tanto no cometió ninguna omisión.
Lo curioso es que en el expediente nunca se escuchó a Bovino explicar por qué él cree que Sagastume sí sabía, ya que Barrionuevo simplemente menciona que el letrado no acudió a la citación testimonial. De esta forma, la magistrada descarta de hecho otras posibilidades, como haber citado de nuevo a Bovino, haberle tomado declaración por exhorto o haber buscado otros modos de averiguación de la versión que se denunció.
En este sentido, hay que señalar que Bovino estaba citado para el 7 de octubre, y el 10 (tres días más tarde) se desestimó el requerimiento fiscal sin más trámite.
Eso sí, la decisión de Barrionuevo fue comunicada oficialmente el mismo día de su dictado a las 13.40 horas, al secretario del Consejo de la Magistratura, Marcelo Magnano.

En síntesis

Una explicación en términos sencillos podría ser: supongamos que tenemos dos firmas, una llamada X y otra Y. La jueza mandó a buscar expedientes donde existieran más firmas Y. Y le ordenó al perito que comparara Y con Y, pero nunca X con Y. De esta manera, por pura lógica, existe la posibilidad cierta de que el perito haya comparado dos firmas falsas, y haya llegado a la conclusión de que fueron realizadas por la misma persona. Ello no despeja la duda de si esa persona fue o no el juez Magraner.

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