E
l fiscal Federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, sostuvo ayer que es responsabilidad de la Justicia de la Provincia, y no de la que él integra, la investigación de las actividades de explotación sexual que se llevan a cabo en los denominados “privados”, o viviendas particulares dedicadas al ejercicio de la prostitución.
El funcionario judicial se refirió al tema luego del atentado que sufrió el juez de Cámara Ernesto Loffler, cuyo vehículo fue atacado con una bomba molotov en la puerta de su domicilio.
El magistrado vinculó el hecho con una denuncia que había realizado ante la Justicia Federal por los inconvenientes que le genera un privado situado al lado de su casa.
Sin embargo, Rapoport aclaró en la víspera que la Justicia Federal sólo puede intervenir y realizar allanamientos de privados o locales nocturnos, cuando se sospeche el delito de trata de personas, mientras que el proxenetismo es competencia provincial.
Según detalló, el privado que linda con la vivienda del juez venía siendo investigado por supuestos casos de trata pero no se habían colectado pruebas suficientes como para tomar medidas, mientras que, en cambio, se sabía de la existencia de explotación sexual.
“Nosotros veníamos investigando de oficio la actividad de este privado, antes incluso de que se presentara Loffler a hacer la denuncia. Pero para solicitar medidas debemos fundarlas muy bien y hallar elementos que hagan sospechar uno o varios casos de trata”, reveló el fiscal Federal.
También detalló que en ese domicilio funciona una barra con expendio de bebidas alcohólicas, frezeer y heladeras. “Una bebida costaba 200 pesos y un “pase” (como se denomina a los servicios sexuales) unos 400 pesos la media hora. Por eso le digo que explotación sexual había sin ninguna duda”, ratificó.
No obstante, ante la falta de pruebas para demostrar la trata, el fiscal insistió en que es la Justicia de la Provincia la que debería intervenir por los delitos de “infracción a la ley de profilaxis o facilitación de la prostitución. De hecho muchas de las denuncias que se realizan a la línea telefónica de casos de trata (145) son derivadas luego a la Justicia provincial para que se investiguen esos otros delitos”, señaló.
Aun así, Rapoport dijo “desconocer” si el Poder Judicial provincial realiza procedimientos por este tipo de ilícitos. “No tengo conocimiento, no lo sé”, fue su respuesta ante la consulta concreta sobre el tema.
Por otra parte, el funcionario negó que la proliferación de privados se haya producido como consecuencia del cierre de locales nocturnos a raíz de la investigación de casos de trata durante los últimos años.
“Hay más domicilios dedicados a esto porque detrás de la actividad se mueve un gran negocio. Con el cierre de los locales nocturnos puede haber cambiado el flujo de personas y por eso la percepción de los vecinos sobre la cantidad de gente que sale y entra de estas casas. Pero una cosa no está directamente vinculada con la otra”, fundamentó.
“No puedo relacionar el privado con el atentado”
En relación al atentado contra el vehículo del juez Loffler, el fiscal Federal de Río Grande confirmó que el incidente está siendo investigado por la Justicia provincial y que hasta el momento no hay certeza de que se vincule con la actividad del privado contiguo.
“No puedo relacionar el atentado con el privado porque no tengo ningún elemento, salvo los dichos del doctor Loffler. Si de la investigación que lleva adelante la Justicia provincial se desprende eso, entonces, sí lo tomaríamos, aunque habría que estudiar muy bien la cuestión de competencia”, indicó.
Y sobre la actividad de los privados en general, Rapoport señaló que son muchos los vecinos que, como Loffler, deben soportar tumultos, gritos, rotura de vidrios y de vehículos como consecuencia de vivir cerca de uno de estos establecimientos.
“Yo diría que el común denominador de los privados es este tipo de incidentes. Pero si en una filmación aparece una persona encapuchada y con guantes, como afirmó el juez Civil, entonces hay más elementos para pensar en un atentado que en cualquier otra cosa. Eso es así”, admitió el funcionario judicial.
