E
n reclamo del cumplimiento de un derecho adquirido, personas con discapacidad y familiares concurrirán hoy al edificio de los bloques de la Legislatura, con el objeto de entregar un petitorio y manifestar su preocupación por la decisión del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de congelar hasta 2015 –por falta de fondos– el otorgamiento de pensiones por discapacidad contempladas en el Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE).
Unas cien personas aún no pueden cobrar el beneficio que les corresponde por ley y para el que debieron cumplimentar una serie de requisitos para poder acceder.
La iniciativa cuenta con el respaldo del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad Ushuaia, de la Mesa de Salud de las Organizaciones Sociales y de la Secretaría de Discapacidad de la Central de Trabajadores de la Argentina.
Desde el Observatorio informaron que a las 10.30 “concentraremos en los bloques de la Legislatura con el fin de entregar un petitorio y con la expectativa de ser recibidos por los legisladores, para manifestarles nuestra preocupación y exigir una pronta respuesta con respecto a la falta de partida presupuestaria destinada a las pensiones RUPE”.
Asimismo, recordaron que la ministro de Desarrollo Social, Marisa Montero, “confirmó que no se otorgarán nuevas pensiones durante este ejercicio a pesar de contar con la libre disponibilidad de las partidas presupuestarias, y a pesar de ser un tema sensible porque conculca los derechos de uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”.
En ese sentido, enfatizaron que “en el caso de las personas con discapacidad los problemas requieren de soluciones inmediatas” pero aún así “la Ministro informó por los medios que hay gente que espera hace más de dos años poder cobrar su pensión”.
También apuntaron que las pensiones “en muchos casos sólo sirven como un paliativo o ayuda económica” ya que “hay problemas de salud que por ejemplo representan gastos en medicación o insumos de más de 30 mil pesos mensuales”.
“Hay familias que hipotecan sus casas para pagar un tratamiento médico o que venden sus muebles para poder pagar el alquiler; la gente con discapacidad debe recurrir a la Justicia para resolver situaciones puntuales siendo el amparo la principal herramienta en defensa de sus derechos”, graficaron.
Además, remarcaron que el Estado “debe garantizar políticas públicas y partidas presupuestarias en favor de este colectivo, y por respeto a las leyes mundiales, nacionales y provinciales que así lo establecen”.
Cabe recordar que días atrás la titular de Desarrollo Social había admitido que por falta de recursos unas cien personas no pueden acceder a las pensiones por discapacidad, argumentando que las recomposiciones de haberes otorgadas al escalafón seco, que impactan en el monto de las pensiones, agotaron las partidas presupuestadas para todo el año.
Además, Montero apuntaba que los nuevos fondos autorizados por Economía se destinaron a garantizar el pago de las pensiones vigentes, que son alrededor de 1200, por lo que el otorgamiento de nuevos beneficios dependerá de la sanción del Presupuesto 2015, que debe tratar el Parlamento.
